Las dos 'Damas de Hierro' que se enfrentan al Gobierno de Sánchez por el reparto de migrantes en sus ciudades

Paloma Tejero y Judith Piquet han sido, hasta hace unos días, alcaldesas de grandes municipios de Madrid que han pasado desapercibidas para la gran opinión pública. Normalmente, la gestión de una localidad no acarrea grandes titulares y solo lo hace cuando entra en choque frontal con un 'hermano mayor'. En este caso, el Gobierno de España.

Y es que, estos dos consistorios (pequeños si los comparamos con el Ejecutivo central) están librando la batalla al más puro estilo David contra Goliat, en medio de acusaciones de "racismo" y con el temor a que incidentes similares a los de Torre Pacheco se repitan en sus localidades.

Piquet y Tejero deben enfrentarse al Gobierno de España por un reparto de migrantes que consideran "injusto" e "ilegal", sin llegar a caer en un discurso "racista", del que les acusa en todo momento el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Las situaciones de ambos municipios son completamente diferentes, pero tienen algo en común: reclaman a Pedro Sánchez más ayuda para afrontar la crisis migratoria y las consecuencias que ha tenido para sus localidades.

En el caso de Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, todo tiene su origen en un centro de recepción temporal de migrantes instalado en el cuartel Primo de Rivera de su ciudad.

El espacio lleva más de un año abierto y ha acogido a centenares de migrantes que han ocasionado problemas de seguridad en su municipio. ¿El último de ellos? La violación de una joven que terminó con una movilización vecinal y la petición, por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de cerrar el servicio.

Pero la petición del municipio no solo ha sido obviada por las autoridades nacionales, sino que les han asegurado que van a ampliar el espacio.

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Ampliar el centro de Alcalá

Durante la Junta Local de Seguridad celebrada en Alcalá este jueves, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado a la alcaldesa su intención de ampliar el centro CAED, algo que Piquet ha calificado como una "hipocresía" si se compara con sus críticas a otros centros como el de La Cantueña, en Fuenlabrada, que es de gestión autonómica y el socialista no para de criticar. Según la regidora, el centro alcalaíno acoge ya a unos 1.700 migrantes, y carece de un plan de seguridad específico por parte del Ejecutivo central.

Martín, por su parte, ha hecho un llamamiento a "no errar el tiro" y desligar inmigración de inseguridad.

Ha recordado que desde noviembre, cuando se abrió el CAED, se han cometido 16 delitos atribuidos a residentes del centro, y ha instado a las autoridades locales y autonómicas a abandonar discursos que, en sus palabras, "alimentan el odio". "Madrid no se merece estar gobernada por los ultras", ha afirmado este jueves durante una intervención especialmente dura con la Comunidad.

La situación de Pozuelo de Alarcón es diferente. En el municipio de Paloma Tejero se quieren derivar a 400 menores no acompañados solicitantes de asilo.

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En este caso, los menores están siendo tutelados en la actualidad por el Gobierno de Canarias, y el Gobierno de España quiere ingresarlos en el centro de recepción temporal de migrantes que tiene la localidad, al igual que a otros muchos que ya están allí.

El "problema" —destacan desde el Ayuntamiento de Pozuelo— es que en este caso estamos hablando de menores, y no de adultos como el resto de perfiles migrantes, y que el espacio, un antiguo centro de formación para funcionarios reconvertido en residencia temporal, no está adecuado para acoger menores.

Este jueves, Tejero ha insistido en que el centro CREADE "no reúne ni las más mínimas condiciones" para alojar a menores, y ha acusado al Ejecutivo de actuar con "temeridad". Según ha explicado, el recinto ya alberga a familias ucranianas con hijos escolarizados, así como a personas procedentes de Afganistán o África subsahariana, por lo que el centro "está al borde de su capacidad".

Durante la jornada de este jueves, las dos damas de hierro se han enfrentado directamente al Gobierno de España.

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Por un lado, Judith Piquet lo ha hecho durante la Junta Local de Seguridad que había convocado en el Ayuntamiento, con la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Por otro lado, la alcaldesa de Pozuelo ha instado al Gobierno de España a desistir en su empeño de trasladar a los 400 menores a su localidad, a través de una moción aprobada en el pleno del municipio. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha acercado hasta el lugar para apoyar a la alcaldesa en este acto simbólico, pues no tiene ninguna repercusión legal.

Serrano ha criticado que el Gobierno trate a los menores migrantes "peor que al ganado", y ha lamentado que "no existe una política migratoria real" ni financiación para los ayuntamientos que deben hacerse cargo de servicios como sanidad, escolarización o atención social. Además, ha asegurado que el consistorio se enteró por la prensa de la llegada inminente de los menores.

Plantón al Ministerio

Toda esta situación se engloba, además, en un gran conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, después de que este mismo jueves todas las comunidades del Partido Popular hayan dejado plantada a la ministra Carcedo, que se ha visto obligada a suspender la reunión en la que se iba a acordar el reparto de menores entre las diferentes comunidades autónomas.

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Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid recuerdan que no es lo mismo los 400 menores solicitantes de asilo que Sánchez quiere instalar en Pozuelo que los más de 600 menores que el Ejecutivo central quiere derivar a la Comunidad de Madrid para que esta se haga cargo.

Por un lado, esos 600 menores entran dentro de una tónica habitual entre administraciones, por la cual el Gobierno en el que actualmente están los menores —en este caso, Canarias— traspasa la tutela de los mismos a la comunidad autónoma receptora —en este caso, Madrid— para que se haga cargo de ellos mediante un convenio entre ambas administraciones.

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Los menores de Pozuelo no van a llegar a Madrid con un traspaso de tutela, puesto que ni siquiera van a estar en un centro de régimen autonómico, sino estatal. Ellos son solicitantes de asilo. Por tanto, es el Gobierno de España quien decide dónde localizarlos, aunque la tutela siga estando en manos del Gobierno de Canarias.

Fuentes cercanas al proceso han confirmado a Madrid Total que todavía se desconoce de quién pasará a ser la tutela de estos menores no acompañados y solicitantes de asilo que van a llegar a Pozuelo en las próximas semanas.

Desde el Partido Popular insisten en que sus mensajes contra estos centros temporales de acogida de inmigrantes ilegales no alientan un discurso de odio ni racista, sino que son un reproche a un sistema que no está funcionando y que, a su juicio, el Gobierno de España está utilizando para crear disparidades entre las diferentes regiones.