Un 'cole' para funcionarios, un cuartel y un plató de cine: los centros de acogida de migrantes de Sánchez en Madrid

Los espacios —abiertos desde que comenzara la crisis migratoria en Canarias sin la colaboración del Gobierno autonómico— llevan siendo motivo de disputas entre administraciones desde su puesta en marcha, aunque ahora las autoridades competentes (locales y regionales) han llegado al punto de pedir su cierre.

Los hechos han sido diferentes, aunque no aislados. Por un lado, está la agresión sexual a una joven de Alcalá de Henares por parte de uno de los jóvenes, de nacionalidad maliense, que reside en el Centro de Acogida y Emergencia de la localidad madrileña.

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Por el otro, el traslado "sin notificación previa" de 400 menores al centro instalado en Pozuelo de Alarcón y que, aunque abierto desde 2023 para la acogida de refugiados de guerra procedentes de Ucrania, se ha convertido en un nuevo espacio para alojar a las personas derivadas de la crisis migratoria de las islas.

En la primera de las situaciones, la alcaldesa de Alcalá va a pedir el cierre del centro en el próximo pleno alegando "inseguridad y desorden" en los alrededores de este espacio.

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"Este centro no solo ha superado su capacidad, sino que ha afectado a la convivencia y seguridad de nuestros vecinos. Alcalá necesita recuperar su normalidad, y eso incluye asegurar que nuestras familias puedan volver a disfrutar de la ciudad sin temor. Las familias de Alcalá tienen derecho a vivir en un entorno seguro", ha declarado la alcaldesa al presentar la moción, apoyada por sus socios de Vox.

La situación en Pozuelo es diferente. Allí, el espacio de acogida ha ido cambiando el perfil de sus integrantes conforme pasaban los años, pero siempre con una edad determinada: mayores de edad.

Ahora, el Gobierno de España, sin intermediación con la Comunidad de Madrid o con el Ayuntamiento de Pozuelo, reubica allí a 400 menores no acompañados. La alcaldesa de Pozuelo reclama no solo información al Ejecutivo central, sino que pare su intención de realizar este traslado, pues el espacio no está preparado para niños, sino para adultos. 

Los macrocentros

Ambos espacios se consideran "macrocentros", pues su capacidad supera las mil personas. De hecho, según fuentes cercanas a los espacios, más de 10.000 han llegado a pasar por cada uno de ellos en los meses que llevan en funcionamiento.

El Gobierno los puso en marcha rápidamente y, para ello, usó localizaciones cuyo uso original nada tiene que ver con el que están recibiendo ahora. Algo que, según los consistorios en los que se encuentran, hace poco "favorable" y "oportuno" su uso.

En otras partes de España, el Ejecutivo central ha llegado a usar hoteles (mucho más preparados para la ocasión). Ahora bien, en Madrid elige dos cuarteles abandonados (uno de ellos reconvertido en plató de cine) y un centro de formación para funcionarios caído en desgracia durante la crisis.

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El primero en reabrir sus puertas en modo de centro de acogida temporal fue el de Pozuelo de Alarcón. Fue en 2022 cuando el Ejecutivo decidió que este espacio fuera uno de los tres Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) que iba a poner en marcha en toda España.

Se trata de un edificio ubicado en el Paseo de la Casa de Campo y levantado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2001.

Allí se levantó un centro permanente de formación de funcionarios. Pero no se levantó a la primera. Doce años hicieron falta para construir el espacio, con un coste para las arcas públicas de 86 millones de euros.

En 2013 el espacio empezó a funcionar, pero en menos de seis años ya estaba cerrado. Según un informe del Tribunal de Cuentas, del que se ha hecho eco El Debate, la ocupación y el aprovechamiento de este espacio eran "bajos". Se realizaban unos 65 cursos al año, con un total de 1.700 alumnos.

Según la información del espacio (que salió a licitación y nadie quiso adquirir), en sus 24.773,52 metros cuadrados hay tres edificios: uno de oficinas, otro con aulas y espacios de estudio y un tercero que es la zona residencial.

Ahí es donde se empezaron a alojar los ucranianos y sus familias cuando estalló la guerra. Pero el espacio es reducido para su nuevo uso: tiene 124 habitaciones y 27 suites. Desde Canarias van a llegar 400 menores.

Dos cuarteles

En noviembre de 2023, el Gobierno de España anunciaba el uso de dos cuarteles en desuso de la Comunidad de Madrid para la acogida de migrantes procedentes de Canarias. Uno de ellos, el General Arteaga, ubicado en Madrid, en el barrio de Carabanchel, estaba completamente cerrado.

El otro, el acuartelamiento Primo de Rivera, situado en Alcalá de Henares, se había convertido en unos almacenes del Ejército que, en sus días de mayor gloria, también eran un plató de cine y televisión. 

Desde el Ayuntamiento de Alcalá aseguran que las capacidades iniciales del centro (de unas 1.500 personas cada uno) están "más que rebasadas" y que los jóvenes duermen en carpas.

Alrededor del espacio se han producido no solo la violación de esta semana, también reyertas. Desde el Gobierno insisten en que, si uno de los internos tiene antecedentes, es expulsado inmediatamente; pero, desde el equipo de Alcalá de Henares, se preguntan dónde van cuando eso ocurre.

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Puesto que ambas alcaldesas, la de Alcalá de Henares y la de Pozuelo de Alarcón, son del Partido Popular, su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, se ha unido a sus críticas a este tipo de espacios.

"Reclamamos el cierre de los macrocentros que ha montado el Gobierno de Sánchez en Alcalá de Henares, el que quieren montar aquí en Pozuelo de Alarcón y el de Carabanchel. No puede ser que la caótica política migratoria de Pedro Sánchez afecte a los municipios de la Comunidad de Madrid", ha insistido este mismo jueves. 

Por todo ello, reclaman "un cierre" y un plan "ordenado, transparente y coordinado con las administraciones responsables" para saber quién vive en cada centro, "cómo son o si tienen necesidades especiales, para poder atenderlos de manera adecuada".

"Esto es una improvisación y una chapuza más del Gobierno de Sánchez, que está haciendo macrocentros y macrocampamentos en la Comunidad de Madrid para albergar a personas sin ningún tipo de control", ha finalizado el portavoz en la Asamblea.