Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. INSTAGRAM
El novio de Ayuso prepara una querella contra María Jesús Montero y la Fiscalía por revelación de secretos
El colegio de abogados de Madrid tacha de "extrema gravedad" la filtración de la Fiscalía y avisa que llegará "hasta las últimas consecuencias".
15 marzo, 2024 08:19Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está preparando una querella contra la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, por "revelación de secretos".
Tal y como han confirmado fuentes del entorno de González a Madrid Total, además, su equipo jurídico está estudiando una querella contra la Fiscalía por la nota de prensa remitida a los medios y, una tercera, contra la inspectora de la Agencia Tributaria por revelación de secretos.
Todas estas querellas conllevarían, en el caso de probarse lo que denuncia el empresario, pena de cárcel.
La posición de la pareja de la presidenta coincide con la del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que ha considerado "de extrema gravedad" la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Afirman que el organismo público ha sacado a la luz datos concretos de unas diligencias de investigación, "detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
Filtraciones
Tal y como ha ratificado este diario, estas querellas no las pondrá el actual abogado de González, sino otro especializado en estos temas. E
l novio de la presidenta está en estos momentos estudiando varias opciones de despachos de abogados especializados en querellas para ir por la vía penal contra la vicepresidenta primera, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Provincial de Madrid.
Todo ocurre después de que durante esta semana, y tras conocerse la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por, supuestamente, defraudar más de 350.000 euros a Hacienda entre los años 2020 y 2021, y por un delito de falsedad documental.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno de Pedro Sánchez se lanzó en tromba contra Isabel Díaz Ayuso. Una de ellas fue la vicepresidenta y ministra de Hacienda que adelantaba, antes de que lo publicaran los medios de comunicación, información respecto a la investigación contra la pareja de la presidenta de los populares.
Concretamente, Montero aludió a las comisiones por la venta de mascarillas que habría cobrado la pareja de Ayuso antes de que esta información fuera publicada por dos periódicos digitales.
Al respecto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, negaba que hubiera filtrado informaciones sobre las investigaciones al novio de la presidenta madrileña. Todo ello, sin explicar, cómo había conseguido esa información antes de que fuera pública.
La Fiscalía
La propia Ayuso, en su rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el pasado miércoles, ya dejó caer que la ministra estaba hablando de datos personales de su pareja "que ni siquiera el propio afectado conocía".
Montero negaba la mayor y defendía "de forma contundente" a la Agencia Tributaria que, según recalcaba, hace "un trabajo riguroso, independiente", "permanentemente combatiendo el fraude fiscal y comportamientos que se alejan de la norma".
Pero la cosa no quedó ahí. Esa misma tarde, su equipo lanza la noticia de que la Fiscalía del Estado había intentado llegar a un pacto con su pareja por el delito fiscal que, supuestamente, ha cometido. Él pagó los 350.000 euros, aunque eso no lo exima de ir a juicio, y, tal y como afirmaban esas fuentes, ahora todo parecía más claro.
El problema surgió el jueves cuando es la propia Fiscalía la que se comunica con los medios para negar la mayor. Aseguran que el pacto no lo ofrecen ellos, sino el acusado.
Todo esto ocurre, de nuevo, con cruce de fechas incluido. Se empieza a filtrar el supuesto correo que envió el abogado de González Amador. Un mail que, incluso, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, enseña durante la sesión de control al Gobierno de Madrid.
La aclaración remitida por la Fiscalía a los medios, además, deja entrever un cruce de fechas que no deja en buen lugar al Gobierno. Según se publica, los medios que se hacen eco de la investigación publican la noticia antes de que se le notifique al propio acusado.
Así, el día 12 de marzo, tres horas después de que el caso estallara a las 6.01 horas en la prensa por una filtración de la parte denunciante —o bien Fiscalía o bien Hacienda—, el fiscal encargado del asunto remitió el citado e-mail, a las 8.50 horas al letrado del Sr. González Amador "para facilitarle el derecho de defensa". En ese correo le reiteró, como ya había hecho el 12 de febrero, que no había "obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal".
Los abogados
Volviendo a la denuncia del ICAM, los abogados madrileños han señalado que el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece "sin paliativos" el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, "garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos".
A juicio del ICAM, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, "sin un acuerdo de conformidad formalizado", constituye una vulneración de estos principios básicos de "sigilo, confianza y buena fe", y "pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".
Como garante del derecho de defensa y de todos sus colegiados, el ICAM ha adelantado que defenderá a ultranza estos principios y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno "cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional".
Por ello, a instancias de la Comisión Ejecutiva, la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias.
