El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido defenderse de las acusaciones por el cobro de comisiones en contratos durante la pandemia de Koldo García, un asesor de José Luis Ábalos, atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y recordando que también hubo denuncias por corrupción contra su hermano por actuar como intermediario en la compra de mascarillas durante la pandemia y que el PP actual no ha dicho nada.

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Concretamente, Sánchez ha asegurado que le "llama la atención que sean tan celosos" con este caso "cuando señor Feijóo se aupó a la Presidencia del PP después de una denuncia del anterior dirigente Pablo Casado sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido ni investigado ni recriminado por parte de la actual dirección del PP. Si queremos ser creíbles en la ejemplaridad y la lucha contra la corrupción, tenemos que ser igual de celosos en cualquier de los ámbitos y en cualquier de los casos".

La respuesta de la presidenta madrileña no se ha hecho esperar y en su cuenta de X, antes Tiwtter, ha asegurado que todo el caso de las mascarillas fue investigado por "varias instancias" tras las denuncias por un supuesto caso de corrupción y "que se demostró que había nada".

Además, ha querido acabar el tuit con su polémico "me gusta la fruta" que fue la frase que aseguró ella misma que había dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados cuando el presidente volvió a nombrar al hermano de Ayuso para acusarle del cobro de comisiones.

Entonces, mucha gente pudo leer en los labios de la presidenta "hijo de puta" pero la líder del PP de Madrid insistió en que había dicho "me gusta la fruta", que se convirtió en un movimiento de apoyo a Ayuso para encubrir la supuesta salida de tono de la presidenta en un ámbito político como es el Congreso de los Diputados.

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El 'caso mascarillas'

Los hechos a los que hace alusión Pedro Sánchez se refieren a un contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un importe total de 1.512.500 euros adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) a la empresa Priviet Sportive, un contrato en el que estaba implicado Tomás Díaz Ayuso al comienzo de la pandemia de Covid-19. La Fiscalía Europea abrió diligencias por si se habían cometido delitos de fraude a los presupuestos de la Unión Europea, malversación de fondos públicos y cohecho.

En marzo de 2023, se anunció que tras una "exhaustiva investigación", los fiscales comunitarios concluían que no quedaba acreditado que el precio pagado fuera desproporcionado ni que se abonaran comisiones indebidas, por lo que se archivó la causa por "no haber indicios de delito".

"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", se subrayaba en un comunicado.

Por su parte, tras conocer que la causa quedaba archivada, Ayuso afirmó que, tras los diversos ataques hacia su hermano de varias formaciones políticas, se había producido un" linchamiento civil de una persona alejada de la política. Le han robado su anonimato, su vida laboral y le han quitado su presunción de inocencia".

"Es una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos contra él, contra mi familia y contra mí", declaró la presidenta en marzo de 2023. De esta forma, la líder madrileña pedía perdón a los suyos por dedicarse a la política porque "se pueden imaginar lo que ha supuesto para él esta campaña a la que se ha sumado el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros".