El país vecino da un paso más en la prohibición de prendas o signos religiosos después de que, en 2010, se prohibiera el uso de velos integrales como el burka o el niqab en lugares públicos.

España no ha regulado nunca nada a este respecto, aunque se han movilizado algunas iniciativas en el Congreso de los Diputados. Pero, aun así, existe un pequeño punto en el mapa español donde sí están prohibidos estos símbolos religiosos: el municipio madrileño de Galapagar.

En el año 2010, coincidiendo con la decisión del expresidente francés Nicolas Sarkozy, la localidad se convertía en el primer municipio de la Comunidad de Madrid en prohibir el burka en edificios públicos.

La iniciativa, a propuesta del Partido Popular, se aprobó en julio y el alcalde de aquel entonces, Daniel Pérez Muñoz, aprobó el decreto de cumplimiento en octubre. Pero, al contrario de la polémica suscitada en Francia, aquí nadie se acuerda ya de esta prohibición.

Varios vecinos del municipio, incluso, se extrañan de que aquella polémica siga vigente pues, tras el alcalde popular, el pueblo ha estado gobernado cuatro años por el PSOE. "Pensamos que lo habían quitado", comentan algunos vecinos.

Entre las 33.000 personas que viven en Galapagar hay "mucha" población islámica, pero la gran mayoría no llevan burka o niqab, sino velo. Y, quienes lo llevan, hacen una vida rutinaria y normal, sin 'sufrir' la aplicación de la ordenanza.

Fuentes del Ayuntamiento de la localidad, confirman a Madrid Total que desde que entró en vigor la ordenanza en octubre de 2010 no tiene constancia de "ninguna denuncia al respecto". "Nadie la ha modificado", confirman.

Ahora mismo, es el Partido Popular quien vuelve a estar al frente del Consistorio con una nueva alcaldesa, Carla Greciano. Lo hace en coalición con Vox (4 ediles) que se suman a los del Partido Popular. Greciano, aunque trae sabia renovada a Galapagar, fue parte del equipo de gobierno de Daniel Pérez cuando puso en marcha la ordenanza.

Dando un vistazo a los periódicos de aquel entonces, Pérez argumentaba la necesidad de prohibir el uso de velos integrales en lugares públicos por una cuestión de "seguridad".

De hecho, el Ayuntamiento de Galapagar tiene prohibido llevar velos integrales (burka o niqab) en edificios e instalaciones municipales de Galapagar, así como cualesquiera otros atuendos que oculten el rostro y dificulten la identificación de la persona y la comunicación visual, "por tratarse de una discriminación que no está amparada por la libertad religiosa, al ser contraria a la dignidad de las personas y a la dignidad real y efectiva de los hombres y mujeres".

El alcalde de aquel entonces reconocía ya en ese momento que no había un uso "cotidiano" de estas prendas en el municipio, pero que consideraba que era mejor poner medidas "con antelación".

También decía que la prohibición no era por motivos religiosos, sino por "la dignidad de las mujeres y su seguridad". Lo que es cierto es que, 13 años después, parece que sigue sin hacer falta y que la "antelación" del alcalde sigue siendo anticipada.

Pero, mientras que la vida en Galapagar continua como si nada y con esta ordenanza vigente, otras zonas que hicieron lo mismo sí tuvieron que dar un paso atrás.

Este es el ejemplo del Ayuntamiento de Lérida que en el año 2010 aprobó la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, mediante la cual abrió la puerta al veto de estas prendas en espacios públicos.

Como en el caso de Galapagar, la prohibición se extendía también a los cascos integrales, pasamontañas y cualquier otro complemento que impidiera la identificación del ciudadano.

Pero, en este caso, la Asociación Watani por la Libertad y la Justicia interpuso un recurso contra aquella ordenanza por entender que vulneraba el derecho a la libertad ideológica y religiosa, a la igualdad y el derecho de participación en los espacios públicos.

El Tribunal Supremo, Madrid. Imagen de archivo. Europa Press

Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó las pretensiones de la asociación, que decidió entonces recurrir la decisión del TSJC frente al Tribunal Supremo. El procedimiento culminó en 2013 con la anulación por parte del alto tribunal de la ordenanza municipal.

Según el Supremo, la norma constituía una limitación al derecho fundamental a la libertad religiosa que queda fuera del ámbito competencial de los ayuntamientos.

En el caso de Galapagar, por el contrario, la norma nunca se ha retirado porque nadie la ha recurrido. O, tal vez, porque muchos de sus vecinos ni saben que conviven con ella.