Según dicho escrito, redactado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el real decreto del Gobierno invade competencias autonómicas "estatutariamente reconocidas", entre las que se encuentran algunas en materia de régimen energético, sanidad e higiene, comercio interior, promoción y ordenación del turismo y vigilancia y protección de edificios.

Además, recuerda que las medidas de este plan energético —principalmente, el apagón de los escaparates a las 10 de la noche— perjudicarán irremediablemente a los "no pocos establecimientos" que suelen estar abiertos a esta hora y ofreciendo aún un servicio. Entre ellos: tiendas de ropa, alimentación, hostelería, farmacias de guardia, así como locales de ocio nocturno, supermercados 24 horas, gasolineras o multitiendas.

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Especialmente —recuerda la Comunidad de Madrid—, cuando el Ejecutivo autonómico ejerce sus competencias "en materia de comercio interior mediante la implantación de políticas liberalizadoras tendentes a la mayor flexibilización posible del desarrollo de la actividad", favoreciendo así que los comerciantes determinen libremente sus horarios.

"En todos estos casos, la medida adoptada, o bien ha abocado directamente al cierre de dichos establecimientos o ha conllevado importantes pérdidas de clientela, que deja de acceder a los locales al percibirlos como cerrados ante el apagado exterior", expone el documento.

También arremete contra la supuesta invasión de competencias de otra de las medidas del Gobierno: la que obliga a mantener la calefacción o el aire acondicionado de gran parte de los locales comerciales entre 19 y 27 grados.

El Gobierno de Ayuso recuerda que "son numerosas las declaraciones" de miembros del Ejecutivo central "garantizado [que no existe] riesgo de desabastecimiento [energético] en España", lo que contrasta con las imposiciones energéticas del real decreto. Y, finalmente, reitera que aún siguen vigentes protocolos autonómicos para combatir el contagio de Covid-19 —apertura de puertas y ventanas, ventilación de comercios...—, que entrarían en colisión con el plan de ahorro de Moncloa.

"Abuso" del real decreto

En el recurso, de 39 páginas, el equipo de Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de hacer un uso "abusivo e indebido de utilización del real decreto-ley", planteado para asuntos de cierta urgencia y que faculta al Ejecutivo para aprobar definitivamente una norma en tan sólo 30 días.

El equipo jurídico de la Comunidad de Madrid asegura que no cuestiona la emergencia energética que sufre la Unión Europea, de la que derivan estas medidas y agravada tras la invasión rusa de Ucrania. Pero considera que no era necesario que las obligaciones energéticas, entre las que se incluye la de apagar los escaparates comerciales a las 22.00 horas, fueran adoptadas por esta vía.

Puesto que estas medidas se deben de adoptar "con vistas al próximo invierno", señala el recurso, el Gobierno debería haber redactado un proyecto de ley en lugar de optar por el real decreto, que permite aprobar normas "por el procedimiento de urgencia" en un plazo menor a un mes.

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"Urge restringir la posibilidad de utilización del decreto-ley a todos aquellos casos en que se acredite que no resulta posible aprobar las medidas deseadas ni tan siquiera por el procedimiento legislativo de urgencia", argumentan los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, "de otro modo, se ha llegado a una situación en la que basta con incorporar una justificación formal, más o menos fundada, de la 'extraordinaria y urgente necesidad' de una determinada regulación, para poder emplear el cauce del decreto-ley, convirtiendo lo extraordinario en lo usual".

Ahorro "voluntario"

Asimismo, los letrados de la Comunidad de Madrid comparan las "obligaciones" impuestas por el real decreto del Gobierno de España con las "medidas coordinadas" que planea la Comisión Europea, en forma de recomendaciones, para reducir la demanda comunitaria de gas.

Actualmente, el reglamento europeo aún no se ha aprobado, pero su borrador ya está publicado. Y su artículo 3 contempla únicamente una "reducción voluntaria" del consumo y, por tanto, una menor obligatoriedad que lo planeado por el Ejecutivo español, que deberá trasponer la futura directiva europea una vez sea aprobada.