Maricarmen antes de ser desahuciada.
Fernando Alonso, copropietario de Urbagestión: "¿Qué ha hecho el Gobierno por Maricarmen? Almeida ofreció alternativas"
La empresa defiende que intentó alcanzar un acuerdo con Maricarmen antes del desahucio y reprocha el foco que ha puesto el Gobierno sobre la 'pyme'.
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Fernando Alonso, copropietario de Urbagestión, asegura que la empresa está viviendo con preocupación las consecuencias del desahucio de Maricarmen Abascal, pero defiende que el procedimiento se llevó a cabo después de años de litigio y con una sentencia firme del Tribunal Supremo.
"Nosotros hemos cumplido la ley, me gustaría que nos expliquen qué ha hecho el Gobierno por Maricarmen", afirma Fernando Alonso a EL ESPAÑOL, después de que el caso de la mujer de 87 años haya provocado una fuerte movilización social y haya situado a la compañía en el centro del debate sobre vivienda.
Alonso sitúa el origen del conflicto en 2018, cuando Urbagestión inició el procedimiento judicial al considerar que la subrogación en el contrato de alquiler de Maricarmen no era legal.
La sentencia adquirió firmeza en diciembre de 2023 y, según explica, en enero de 2024 la empresa comunicó a Maricarmen la resolución y le pidió que indicara "cómo quería proceder".
"No queríamos ir a una demanda de ejecución porque terminaría en lo que ha terminado", sostiene. Según su versión, estuvieron meses intentando encontrar una alternativa: "Fueron más de seis meses viendo qué podíamos hacer, cuándo quería salir, si quería un nuevo contrato, y nos encontramos ya en esos meses una oposición del Sindicato", señala.
El copropietario de Urbagestión asegura que, en ese momento, comenzaron también las críticas públicas contra la empresa y que se difundió un precio que supuestamente habían fijado para el nuevo contrato de alquiler.
"Se decía que la empresa quería multiplicar la renta, era mentira. Dijimos que la media de la renta en el barrio era de 2.400€ pero que le hacíamos una rebaja en la renta que dejaría el precio en 1.600€", afirma.
![Acampada en Sol para pedir el decreto Maricarmen.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11366914.jpg?p=w:320\/h:240&h=HsR5ZBzx"])
La empresa, asegura, no esperaba que el conflicto terminara con la intervención policial y el lanzamiento de Maricarmen. "Personalmente no me gustó haber visto salir así a Maricarmen, pero siempre se buscó una salida pacífica", sostiene.
Alonso considera, sin embargo, que una vez iniciado el procedimiento de ejecución no podían simplemente decidir no continuar con él. "En un Estado de derecho las sentencias se tienen que ejecutar. Nos hemos encontrado sabotaje, amenazas a los trabajadores, colapso en las líneas telefónicas y la web hackeada", denuncia.
El copropietario de Urbagestión insiste en que el problema, desde su punto de vista, va más allá del caso concreto de Maricarmen. "Nos preguntamos si hay un vacío de contenido en la ley cuando iniciando una demanda conforme a derecho no se puede cumplir la orden judicial dictaminada".
Preguntado por si la compañía se planteó no ejecutar el desahucio debido a la edad y situación de vulnerabilidad de Maricarmen, Alonso responde que habría aceptado una paralización "si hubiese una norma nueva que amparase la no ejecución del levantamiento".
![La portavoz del Sindicato de Inquilinas](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11365354.jpg?p=w:320\/h:240&h=Jky5t9oj"])
Lo que rechaza es que la presión social pueda sustituir a una decisión judicial. "Todo el mundo puede estar conforme o disconforme con una solución judicial, pero hay que respetarla", señala.
Según Alonso, algunas actuaciones para impedir el desahucio fueron más allá de la discrepancia con la solución. "Estos movimientos han sido de desobediencia y resistencia, forzaron a una empresa y consiguieron lo que querían haciendo un incumplimiento", sostiene.
Alonso también rechaza que Urbagestión sea un gran propietario o un fondo buitre: "Somos ocho en total y tenemos a una persona de baja y a otra persona que actualmente está en una situación complicada de salud mental porque le atacaron por redes sociales". Explicó que el resto del equipo está intentando "capear el temporal".
Asegura que esta vivienda en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda es la única que tiene la empresa, "no somos un fondo buitre, somos una pyme", añade.
![María del Carmen en la manifestación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11364752.jpg?p=w:320\/h:240&h=gzwIUVXs"])
El empresario asegura que la compañía también sufrió ataques que, a su juicio, sobrepasaron el conflicto por el inmueble. "Publicar imágenes de mis hijas es extralimitarse", afirma.
Sobre la decisión de comprar la vivienda, explica que se tomó porque la empresa había participado en el asesoramiento de la compra del edificio. "El comprador al que asesoramos vendió todas las viviendas, algunas en bloque, y hubo inversores que compraron paquetes de cinco o seis viviendas, pero en nuestro caso, decidimos comprar sólo una".
Alonso sostiene que Urbagestión financió la adquisición mediante una hipoteca y que todavía la siguen pagando. Añade que cuando compraron la vivienda, "Maricarmen tenía derecho de adquisición preferente y no la compró".
Sobre los intentos de encontrar una solución antes del lanzamiento, Alonso menciona varios contactos. Asegura que Casa 47 se acercó a la empresa cuando el lanzamiento ya era inminente, aunque sostiene que no llegó a recibir una propuesta formal por escrito.
![Maricarmen, la noche de su desahucio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11364676.jpg?p=w:320\/h:240&h=jKXbjLvi"])
"Se habló de una renta de 900 euros, que la mitad la pagaría Maricarmen y la otra mitad ellos, pero no se decía por escrito", afirma. Posteriormente hubo otro acercamiento en el que se habló de una escritora que había ofrecido una alternativa, pero, según Alonso, tampoco recibió documentación que acreditara la propuesta.
La posición de la empresa cambió después del lanzamiento. Alonso explica que la presión social y sobre los trabajadores llevó a Urbagestión a buscar una solución con el Ayuntamiento para facilitar el regreso de Maricarmen.
"Después del lanzamiento y todos los ataques que hemos tenido, vista la presión, la movilización y una sensibilidad social para que regresase, vimos que la mejor manera era acudir a la Administración local", afirma.
El resultado es el acuerdo que permitirá a Maricarmen volver a la vivienda con una renta equivalente al 30% de sus ingresos. Alonso insiste en que la empresa dejó abierta la posibilidad de que la solución llegase de cualquier administración. "La decisión de hacer el acuerdo con el Ayuntamiento no es por afinidad, Almeida dio alternativas".
![Maricarmen antes de ser desahuciada en la casa en la que vivió casi toda su vida.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11364440.jpg?p=w:320\/h:240&h=wq8OMco3"])
Precisamente, el papel de las administraciones es uno de los principales reproches que Alonso hace después de todo lo ocurrido. Preguntado por si considera que el Gobierno ha gestionado bien el caso, responde: "Me hubiese gustado que dieran una solución antes de llegar a este punto".
El empresario cuestiona que el foco de la respuesta al caso haya recaído principalmente sobre Urbagestión: "Creo que las administraciones tienen que aportar la solución habitacional".
También se muestra crítico con la utilización política del caso. "Me sorprenden declaraciones que he escuchado desde el Gobierno con descalificaciones hacia nosotros. Nunca pensé que nuestra pyme podría estar en el foco y en ruedas de prensa", afirma.
Alonso considera que la situación requiere una respuesta más amplia: "Quizás, siendo la vivienda un problema que existe, se tiene que afrontar de otra manera y no viendo un caso concreto de una pyme de Madrid que solo tiene una vivienda".
![Manifestantes en la Puerta del Sol, María Olmedilla, Elena Mercero y Oliver Peñataro, de izquierda a derecha.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11363843.jpg?p=w:320\/h:240&h=jWj2I-U_"])
El copropietario de Urbagestión también cuestiona que el caso haya terminado teniendo repercusión en las nuevas medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno. "Me sorprende y me llama la atención que el caso se haya usado hasta el punto de que el decreto tenga su nombre cuando hay muchos lanzamientos", sostiene.
Sobre las nuevas medidas y su posible impacto sobre propietarios y empresas, Alonso señala que "si se va a limitar el derecho de propiedad, va a limitar la inversión y va a limitar la disponibilidad de viviendas".
Añade que otra "consecuencia grave" es que asociado a la inversión inmobiliaria, hay mucha recaudación de impuestos. "Si reducimos los ingresos, se va a complicar la prestación de servicios".
Su principal mensaje a la ministra de Vivienda es, precisamente, una petición de explicación sobre la actuación del Ejecutivo durante el caso de Maricarmen. Alonso recuerda su sorpresa durante las declaraciones llamándoles 'pyme buitre, muy carroñera': "Había gente esperando ver qué se había negociado y nos encontramos con que tenía más claro cómo definirnos a nosotros que propiamente exponer el decreto".
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Ahora que se ha alcanzado el acuerdo para que la mujer pueda regresar a su vivienda, Alonso asegura que la compañía no tiene interés en prolongar el conflicto.
"Queremos que Maricarmen esté bien. En la reunión que tuvimos con su primo lo primero que preguntamos fue qué tal estaba ella antes de sentarnos a negociar", explica.
El copropietario de la empresa concluye: "Espero y confío que tenga una pronta recuperación, lo que hemos buscado es que tenga un amparo tranquilo y cómodo. Y esperamos que pueda regresar pronto a la vivienda", concluye.
