Almeida ante la petición de los barrios para prohibir las protestas en los centros de 'menas': "No se deberían hacer"

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado no estar de acuerdo con las concentraciones realizadas a las puertas de los centros de menores inmigrantes.

Una declaración que se enmarca en el revuelo generado en relación con el Centro de Primera Acogida de Hortaleza en la capital, ante la reciente detención de un adolescente de origen marroquí por una presunta agresión sexual a una joven de 14 años este lunes.

"Para mí no es incompatible decir que no me gusta que haya una concentración a las puertas de un centro de 'menas', con decir que me parece intolerable que el Gobierno no haya ejecutado la repatriación de los 37 'menas' que ha sido solicitada por la Comunidad de Madrid como consecuencia de las infracciones que han cometido esos menores", ha expresado el primer edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno este jueves.

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Ha añadido que, aunque es "legítima" una protesta, esta "no se debería de hacer a las puertas del centro".

"Una agresión sexual genera una alarma social que se tiene que atacar y paliar, no simplemente contemporizar como está haciendo la Delegación en estos momentos. Pero tampoco conviene estigmatizar a un determinado colectivo", ha dicho.

Y ha agregado que "es cierto que hay determinados menores que deben ser repatriados, pero hay otros que no han incurrido en ese tipo de comportamiento y una concentración a las puertas de un centro hace que se puedan ver señalados".

Ante esto, además, ha apuntado al Gobierno de la nación por seguir haciendo "dejación de sus funciones".

Petición de la FRAVM

Se trata de unas declaraciones enmarcadas ante la petición de este miércoles por parte de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que se prohíban por ley las protestas ante los centros residenciales de menores.

En un comunicado de la organización, sugieren una "modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana o una reforma del Código Penal que castigue protestas ante las residencias de menores siguiendo un modelo similar al empleado para frenar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar con el objetivo de defender y proteger los derechos de los niños y niñas, su dignidad humana y su integridad física y psicológica".

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Así se lo han trasladado a la ministra en una reunión que ha tenido lugar en la sede del Ministerio. El presidente de la organización vecinal, Jorge Nacarino, ha sugerido la introducción de estos cambios que incluyan castigos a aquellas personas o grupos que promuevan ante este tipo de concentraciones, manifestaciones y otros actos públicos dirigidos contra los menores.

"Esto serviría para reforzar la actual Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que busca asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia", añaden desde la federación.

Y es que este mismo martes tuvo lugar la concentración por parte de decenas de personas frente al mencionado centro en un acto convocado por Vox, que había sido prohibido por la Delegación del Gobierno por riesgo de alteración del orden público y de incurrir en un posible delito de odio.

Pese a la prohibición, el partido mantuvo la cita alegando que se trataba de una comparecencia ante los medios y no de una manifestación. El acto estuvo encabezado por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y por la diputada nacional Rocío de Meer.

"Ya está bien que determinados grupos que defienden ideas racistas, xenófobas y fascistas y son abiertamente antidemocráticos continúen acosando, intimidando, criminalizando y denigrando a niños y niñas de estos centros, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestro deber es protegerles y defender su dignidad y su futuro, por eso hemos pedido a la ministra que el Gobierno central promueva cambios legislativos en este sentido", ha indicado Nacarino al término de la reunión.

Rego, por su parte, ha denunciado "la criminalización" de las personas migrantes y ha garantizado que "el Gobierno protegerá a las personas más vulnerables del racismo y la xenofobia".

El encuentro, que había sido acordado el pasado 25 de agosto, se ha producido un día después de la de las protestas por parte de Vox en Hortaleza.

Ante esta situación, desde la FRAVM dicen "solidarizarse con la víctima de la agresión sexual" y pide "que caiga todo el peso de la ley sobre su responsable". Al mismo tiempo, condena el ataque cometido por un grupo de encapuchados contra varios menores del centro de acogida de Hortaleza sucedido el pasado domingo, y espera que "pronto sean detenidos y juzgados por ello".

"No podemos permitir que grupos abiertamente antidemocráticos extiendan su odio contra niños y niñas, sean o no de origen extranjero, tengan o no tengan familia en nuestro país. El Estado democrático tiene el deber de protegerlos y de protegerse a sí mismo ante la actual oleada reaccionaria que quiere ponerlo en peligro, atentando contra pilares fundamentales de nuestra sociedad, como son los derechos y la integridad de nuestros menores", concluyen.

"Irresponsable"

En la misma línea ha expresado su opinión la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. Ha calificado como "absolutamente irresponsable" las protestas impulsadas por Vox frente a centros de acogida de menores migrantes.

Y, "además, cargadas de mensajes erróneos sobre lo que sucede" en ellos, que funcionan "de forma adecuada", ha recalcado.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press desde la Residencia y Centro de Día Villaverde Alzheimer, Dávila ha insistido en que la mayoría de los menores están "inmersos" en sus planes de formación, "trabajando muchos de ellos, estudiando" y practicando actividades deportivas "permanentemente".

La consejera ha asegurado que Vox "quiere hacer lo mismo" que hace el PSOE, es decir, "hacer política de una situación muy grave, que se está llevando muchas vidas por delante".

Al hilo, ha subrayado que "hay más de 11.000 muertes en el mar de personas que están tratando de llegar" a España y cree que Vox está metiendo "a todo el mundo en el mismo saco de decir tantas barbaridades", a la vez de pedir a la formación "aportar soluciones".

Dávila ha admitido que "la conflictividad se ha aumentado por esta llegada" y lo ha vinculado a "la inacción del gobierno de España en materia migratoria", recordando que el Gobierno regional lleva "dos años denunciando esta situación de los centros que ha llevado al colapso de los centros".