El debate público español vuelve a sucumbir a uno de sus males atávicos: la sustitución del análisis riguroso por el sentimentalismo moralizante.
El denominado “affaire” Maricarmen no es más que el enésimo episodio de una estrategia que, bajo una envolvente retórica de presunta justicia social y protección del vulnerable, erosiona el pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier sociedad libre y próspera: el derecho de propiedad privada.
Lo que en su origen constituye un problema contractual ordinario ha sido transformado en un drama colectivo destinado a criminalizar la figura del arrendador y a convertir en dogma inexpugnable la pretensión del inquilino de perpetuarse en el uso de un bien que no le pertenece.
Resulta insostenible que el supuesto “derecho” de un inquilino a ocupar una vivienda pueda anteponerse de forma absoluta y sistemática al título dominical del legítimo propietario.
La propiedad privada no es una merced concedida por el Estado, sujeta al capricho de la coyuntura política o al grado de emotividad de la última tertulia televisiva. Constituye un derecho fundamental y, al mismo tiempo, la base indispensable de la libertad individual y del crecimiento económico.
El riesgo de impago o de imposibilidad práctica de recuperar la posesión induce a pedir garantías más exigentes
Cuando las instituciones públicas validan que el uso temporal de un bien prime de manera automática sobre la titularidad de su creador o adquirente, se quiebra el principio de certidumbre jurídica.
Cegadas por una mal entendida empatía solidaria, convierten el contrato de arrendamiento en una cesión forzosa e indeterminada. Esto no es protección social: es un ejercicio manifiesto de expropiación de facto sin indemnización, ejecutado por la puerta de atrás.
Las interferencias políticas en el libre juego de la oferta y la demanda producen de manera previsible el efecto contrario al anunciado por sus promotores. La hipertrofia normativa que blinda la ocupación irregular o la morosidad arrendataria bajo pretextos sociales —situación perfectamente ilustrada por el caso que nos ocupa— destruyen los incentivos para la inversión en el mercado inmobiliario residencial.
Frente a la inseguridad jurídica instaurada por el populismo regulatorio, los propietarios responden de forma plenamente racional: retiran sus inmuebles de la oferta de alquiler de largo plazo para destinarlos al uso propio, a la venta o a modalidades situadas fuera del alcance de la regulación más restrictiva.
Los datos disponibles confirman esta contracción: en los últimos años se ha producido una reducción significativa de la oferta de vivienda en alquiler residencial de larga duración en las principales ciudades españolas, acompañada de un desplazamiento hacia el alquiler turístico, la venta o el simple mantenimiento vacío del activo como forma de evitar riesgos jurídicos.
El “affaire” Maricarmen debería marcar un punto de inflexión y servir como llamada de atención para la regeneración institucional
Al mismo tiempo, el riesgo de impago o de imposibilidad práctica de recuperar la posesión induce a pedir garantías más exigentes, expulsando del mercado precisamente a las capas de población más jóvenes o con rentas más modestas que se pretendía proteger.
De igual modo, la erosión de las rentas reales y el riesgo inminente de pérdida del activo eliminan cualquier incentivo para la conservación y mejora del parque inmobiliario existente.
El caso concreto de Maricarmen ilustra con claridad esta dinámica estructural. Un contrato de renta antigua firmado en 1956, sucesivas subrogaciones familiares y la aplicación de los límites establecidos por la legislación posterior —en particular la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994— condujeron, tras un largo proceso judicial, a que los tribunales reconocieran en última instancia el derecho del propietario. La disparidad entre la renta “histórica” y el valor de mercado en una zona céntrica de Madrid era evidente y significativa.
La dimensión humana del episodio —una mujer de edad avanzada, con discapacidad reconocida y décadas de residencia continuada en el mismo piso— genera empatía. Sin embargo, ese no es un argumento suficiente para anular o suspender de manera indefinida el derecho de propiedad.
La asistencia a las situaciones de vulnerabilidad corresponde al erario público, nutrido por el ya considerable esfuerzo fiscal de los contribuyentes, y no a la imposición unilateral de cargas sobre los propietarios.
La demagogia que sustenta casos como éste oculta una verdad elemental: el problema del acceso a la vivienda en España no se deriva principalmente de la “codicia” de los propietarios, sino de la hiperregulación del suelo, de la lentitud exasperante de la administración de justicia y de una legislación de vivienda antipropiedad privada. Es inadmisible convertir la figura del arrendador en un enemigo público.
El Estado no existe para subvertir las reglas del intercambio voluntario ni para dinamitar el orden contractual en función de presiones emocionales o de réditos electorales a corto plazo.
Si se considera necesario articular mecanismos de tutela para situaciones de especial vulnerabilidad, corresponde a los poderes públicos adoptar las medidas adecuadas y no transferir esa carga de manera opaca y coactiva sobre el patrimonio de terceros.
El “affaire” Maricarmen debería marcar un punto de inflexión y servir como llamada de atención para la regeneración institucional que el país necesita de forma perentoria.
Continuar por la senda de la arbitrariedad, santificando el incumplimiento contractual en nombre de una presunta superioridad moral, conduce de manera casi inevitable al estancamiento económico, a la distorsión del mercado inmobiliario y a la degradación progresiva de la convivencia basada en reglas predecibles y generales.
Es hora de arrancar la máscara a la demagogia estatista y de restaurar, con todas las consecuencias y sin complejos, el imperio de la ley, la libertad contractual y el respeto incondicional a la propiedad privada.
Solo sobre esa base será posible construir un mercado de vivienda más amplio, más accesible y, en definitiva, más justo para el conjunto de la ciudadanía.
