Centro de datos.
Lo he contado una infinidad de veces, España tiene una curiosa habilidad para seducir al capital y asustarse cuando aparece. Los centros de datos necesitan algunas de las cosas que nos sobran: suelo, sol y viento, extensiones territoriales que llevan décadas preguntándose cómo atraer inversión en su intento de luchar contra la desertificación poblacional.
Como suele ser costumbre en los últimos años, toda buena noticia lleva aparejada el consiguiente Real Decreto que la controle, se apropie de ella y, en el peor de los casos, estrangule su desarrollo.
Amazon quiere invertir 15.700 millones de euros en Aragón. Blackstone ha proyectado allí uno de los mayores campus de centros de datos de Europa. Azora habla de otros 2.000 millones en Zaragoza.
Microsoft está desplegando nueva capacidad y Merlin Properties ha convertido los centros de datos en uno de sus principales vectores de crecimiento. El capital privado busca rentabilidad y parece encontrarla en este desarrollo.
Merlin espera obtener en la siguiente fase de su expansión una rentabilidad bruta sobre coste superior al 14%, con márgenes operativos próximos al 70%. Para quienes llevamos mucho tiempo observando mercados, esta cifra explica mejor el fenómeno que cualquier conferencia sobre inteligencia artificial.
Un centro de datos necesita terreno, fibra, subestaciones, transformadores, refrigeración y una cantidad formidable de electricidad
Durante años hemos discutido qué hacer con una generación renovable que crecía más deprisa que algunas de las redes y sistemas de almacenamiento necesarios para aprovecharla.
Ahora aparece una industria cuya principal materia prima es precisamente la electricidad. No la quiere de vez en cuando. La quiere siempre, en grandes cantidades y cada vez más libre de emisiones.
Porque la inteligencia artificial tiene una sorprendente afición por el hormigón. Un centro de datos necesita terreno, fibra, subestaciones, transformadores, refrigeración y una cantidad formidable de electricidad.
Los servidores no duermen y tampoco pueden esperar a que sople el viento. Ahí termina la parte romántica de la revolución digital y empieza la economía.
Estados Unidos ya conoce la factura. Northern Virginia es hoy el mayor mercado de centros de datos del mundo y concentra alrededor del 13% de la capacidad operativa global que nos da pistas de su polémica en cuanto al impacto de su implantación.
El progresismo económico mantiene además una relación peculiar con la inversión privada
Allí los centros de datos han traído inversión y una recaudación fiscal extraordinaria, pero también líneas eléctricas, subestaciones, ruido, consumo de agua y vecinos que preferirían contemplar árboles desde sus ventanas.
En Estados Unidos representaban alrededor del 4,4% del consumo eléctrico en 2023 y podrían alcanzar entre el 6,7% y el 12% en 2028. No estamos hablando de enchufar unos cuantos ordenadores.
Ese riesgo existe también aquí. Un centro crea mucho empleo durante su construcción, pero relativamente poco una vez terminado. Consume suelo y, dependiendo de su refrigeración, algo que precisamente no nos sobra como es agua en abundancia. Y sobre todo introduce una demanda eléctrica gigantesca donde la capacidad de la red no es infinita.
La cuestión no es decidir si los centros de datos son buenos o malos. Es entender si los beneficios compensan los recursos que consumen y quién debe pagar estos últimos.
Los inversores parecen haber hecho ya sus números. Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, ha señalado uno de los problemas fundamentales del modelo español es la asignación de capacidad eléctrica. Si es escasa y muchos inversores la quieren, que tenga un precio. Y que ese precio ayude a financiar más red.
El Gobierno ha hecho sus propios números y no le gustan tanto. Lo que prepara no es una regulación energética que afecte incidentalmente a estas instalaciones, sino un Real Decreto concebido específicamente para ordenar, pero a su manera, el desarrollo de los centros de datos.
Lo impulsan Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital y parte de una preocupación razonable. Ya se han concedido más de 12 GW de capacidad de acceso entre las redes de transporte y distribución y atender toda la demanda obligaría a dedicar una parte considerable de las futuras inversiones eléctricas a alimentar estas instalaciones.
La intención declarada es evitar que la fiesta la terminen pagando otros con unos precios de energía disparados. Sara Aagesen preside uno de esos inventos del progresismo escenificado en un ministerio, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde donde se defiende que su llegada masiva no puede encarecer la electricidad de las familias ni reducir la competitividad de la industria.
El Gobierno quiere además limitar el impacto sobre el agua y exigir eficiencia energética. Hay, por tanto, una ambición que va más allá de evitar una factura eléctrica mayor como es decidir qué centros interesa desarrollar en España y bajo qué condiciones.
El proyecto aplicará sus principales exigencias a instalaciones de al menos 1 MW. La más controvertida obliga a respaldar con nueva generación renovable el 80% de su consumo eléctrico y demostrar esa correspondencia hora a hora. No basta con comprar durante el año tanta electricidad verde como se consume.
El servidor que funciona a las tres de la madrugada también necesita demostrar de dónde procede su energía.
Aragón ha pedido una revisión integral de la norma y las grandes tecnológicas han presentado alegaciones. El propio Gobierno se ha mostrado dispuesto a revisar algunos requisitos. La discusión no enfrenta a quienes quieren salvar el planeta con quienes desean llenarlo de servidores. Es bastante más interesante pues confronta quién paga la infraestructura de una nueva industria y hasta dónde debe llegar el Estado al decidir cómo debe funcionar.
El problema existe. Si Amazon, Blackstone o cualquier otro inversor obliga a construir nueva infraestructura eléctrica, no veo por qué debe pagarla una familia de Teruel. Si consume un recurso escaso, debe asumir su precio. Si genera una externalidad, debe internalizarla. El capitalismo funciona bastante mejor cuando cada uno paga sus facturas.
Lo que me cuesta entender es por qué de ahí debemos concluir que la Administración conoce también cómo debe diseñarse el negocio.
Esta es una vieja debilidad española y, en general, europea. Empezamos corrigiendo una externalidad y terminamos redactando el modelo productivo. Confundimos establecer límites con señalar caminos.
El progresismo económico mantiene además una relación peculiar con la inversión privada. La desea, pero desconfía de ella. Celebra al empresario cuando anuncia miles de millones y comienza a explicarle cómo debe gastarlos en cuanto los tiene comprometidos.
España tiene energía renovable, territorio, conectividad y, por una vez, inversores haciendo cola sin que nadie tenga que subvencionarles para venir. Debemos proteger el agua, hacer que las compañías paguen las infraestructuras que necesiten y evitar que sus costes terminen silenciosamente en la factura de los demás. Todo eso es economía.
Lo que sería mucho menos sensato es utilizar la regulación para decidir cómo debe desarrollarse una industria que apenas estamos empezando a conocer. Virginia está descubriendo que convertirse en la capital mundial de los centros de datos tiene un precio. Aprendamos de sus errores sin renunciar a sus aciertos.
