Ceuta.
Ceuta, punto ciego de la Unión Europea en la frontera sur
La crisis migratoria, humanitaria y de seguridad sin precedentes en Ceuta exige una respuesta mucho más contundente y estratégica por parte de la UE, tanto para reforzar la identidad europea del pueblo ceutí como para disuadir cualquier tentación, presente o futura, de Marruecos o de terceros actores de violar la frontera comunitaria.
Ceuta, enclave estratégico de la UE por ser, junto con Melilla, la única frontera terrestre con el continente africano, está viviendo uno los períodos más turbulentos de su historia reciente.
La llegada repentina, a finales del mes de julio, de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos, casi tantas como el número de residentes de la ciudad autónoma, desbordó a las autoridades locales y ha escalado hasta condicionar por completo el arranque del curso político.
Invasión, ataque híbrido o crisis migratoria y humanitaria. Son algunos de los términos que se han empleado para describir lo ocurrido.
Lo cierto es que la situación, por su excepcionalidad y envergadura, ha desatado un polvorín político, social, económico e institucional que plantea múltiples retos e interrogantes: desde el origen y la motivación (mafias, desinformación, instrumentalización de sentencias judiciales, golpe a la soberanía nacional e integridad territorial por parte de Marruecos), hasta la gestión, pasando por cuestiones de índole social, con el auge de la violencia y la desesperación de los ceutíes, y geopolítica; por la posible implicación de terceras potencias tales como Israel, Rusia o Estados Unidos, históricos aliados del régimen alauí.
Sea como fuere, como en cualquier otra crisis, la respuesta ante una situación excepcional mide la verdadera capacidad de un país, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y el respeto por sus instituciones. A estas alturas nadie pone ya en cuestión la deficiente y tardía reacción por parte del Gobierno. Nadie salvo Pedro Sánchez, los ministros socialistas y buena parte del PSOE, claro.
La batalla del relato se dirime en los matices y el Gobierno ha ido barnizando el lienzo hasta un límite grotesco
Una gestión nefasta que se explicita desde la aquiescencia en la defensa y custodia de nuestras fronteras hasta la intervención tardía frente a los diferentes retos logísticos, sanitarios, administrativos y de seguridad que han ido surgiendo hasta la puesta en marcha del famoso mando único, con todas las consecuencias derivadas.
Todo ello por no hablar de la tibieza en la rendición de cuentas del Ejecutivo y en la nula petición de responsabilidades al país vecino, así como de la vergonzosa cascada de declaraciones y versiones contradictorias sobre lo prevenido o no que estaba el Gobierno antes de la crisis por los servicios de inteligencia, un espectáculo que se ha visto agravado tras la desclasificación de los informes de los días previos.
Hemos transitado del “no huno ningún informe ni aviso” a “no hubo aviso sobre la magnitud de lo que se venía”. La batalla del relato se dirime en los matices y el Gobierno ha ido barnizando el lienzo hasta un límite grotesco. Todo ello con la figura de fondo de un presidente que se autoreivindicaba de vacaciones “por derecho”.
Hecho el repaso en clave nacional, cabe preguntarse: ¿ha obrado bien la UE en toda esta crisis? la reacción tampoco ha sido la mejor. Al margen de la pésima gestión por parte del Gobierno, la carta firmada por 22 países europeos en las horas inmediatas a la llegada masiva de los migrantes fue un punto de partida sencillamente lamentable.
Lamentable por varios motivos; primero porque antepuso el ataque y el reproche frente a la solidaridad con un Estado miembro, que es uno de los principios rectores que gobiernan las relaciones en el marco de la UE.
No olvidemos que la mayor parte de los países comunitarios están gobernados en estos momentos por partidos de derecha o de extrema derecha
Segundo porque sirvió como acicate para la desinformación, la crispación y la confusión entre la ciudadanía, obviando criterios de prudencia y responsabilidad política.
La tercera razón, quizá la más relevante, porque la iniciativa de la misiva, bajo el liderazgo de Italia y Dinamarca, respondió más a lógicas nacionales de carácter electoral e ideológico que netamente europeas.
No olvidemos que la mayor parte de los países comunitarios están gobernados en estos momentos por partidos de derecha o de extrema derecha, lo que condujo a asociar el asalto a Ceuta con la política de regularización del Gobierno de España, acusándolo de promover un “efecto llamada” que derivó en la crisis fronteriza.
Aunque aquel episodió se diluyó en la cumbre extraordinaria de ministros del Interior de la UE del 4 de agosto, en la que la mayoría de los países retomaron una posición mucho más institucional y de apoyo a España en la búsqueda de una respuesta común, lo cierto es que los acontecimientos posteriores tampoco ayudaron.
La suspensión de Schengen y la imposición de controles fronterizos (todavía vigentes) por parte de Italia a España alegando “razones de seguridad” desencadenó una crisis diplomática de alto nivel entre Madrid y Roma.
Una medida ridícula y arbitraria. En primer lugar, porque Ceuta y Melilla no están puramente en Schengen, sino que se encuentran circunscritas a un régimen jurídico específico por el que cualquier cruce a la Península exige un control e identificación individualizada – por tanto, la metáfora del “coladero” no aplica aquí.
Por otra parte, porque el actual ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, es, paradójicamente, expresidente del Parlamento Europeo y un europeísta convencido. En consecuencia, conoce a la perfección la normativa comunitaria y las vicisitudes que comporta una crisis migratoria de esta magnitud.
Así las cosas, la única explicación plausible son las elecciones generales que Italia, al igual que España, enfrentan el próximo año y la necesidad de mantener vivos a sus votantes. Una pataleta de manual por intereses políticos nacionales con una eterna víctima: la maltrecha unidad europea.
Asimismo, no han sido pocos los eurodiputados que se han prodigado estas semanas por diversos canales de televisión exigiendo la devolución inmediata y sin cortapisas de todos los migrantes arribados a Ceuta, mayores y menores. Unas declaraciones irresponsables que contravienen deliberadamente el derecho internacional y los procedimientos establecidos en el Pacto europeo sobre Migración y Asilo, en vigor desde junio de 2026.
Cabe recordar que el retorno exprés o devoluciones en caliente, sin identificación y filiación previa de los migrantes, ya fue duramente reprimido por el Tribunal Supremo en 2021.
Además, el nuevo reglamento europeo de retorno contempla a Marruecos como “país seguro”, sí, lo que habilita el marco para una gestión administrativa mucho más ágil y simplificada de las solicitudes de asilo, pero no implica devolución inmediata ni retorno sin garantías básicas.
La Comisión Europea, por su parte, a través de Von der Leyen y del comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha tratado de templar las aguas, reconociendo el reto mayúsculo que afronta España.
No obstante, se ha echado en falta mayor contundencia con Marruecos, cuyos ministros han llegado a declarar en medio de esta crisis que Ceuta y Melilla son territorios ocupados. La geopolítica del silencio aquí no vale.
Asimismo, una visita institucional de alto nivel como muestra de apoyo a Ceuta, como sí se ha hecho con Groenlandia o Ucrania, tampoco habría estado de más. La frontera sur no es menos estratégica que la norte o la del este.
Más allá de la cronología de los hechos, la realidad es que la Unión Europea debe extraer conclusiones y adoptar medidas respecto a Ceuta y Melilla que trasciendan la financiación de emergencia. Si ambas ciudades son frontera exterior de la Unión, su singularidad debe tener también un reflejo institucional: desde su incorporación al Comité Europeo de las Regiones hasta una mayor participación en las políticas comunitarias que afectan directamente a su seguridad, economía y realidad migratoria.
El refuerzo debe ser también operativo. El Pacto europeo de Migración y Asilo contempla el apoyo de las agencias europeas a los Estados miembros sometidos a presión en sus fronteras exteriores.
España debería poder contar, previa petición del Gobierno, con un refuerzo permanente de Frontex y Europol en Ceuta y Melilla. No se trata de europeizar una frontera española, sino de asumir que estamos ante una frontera europea cuya custodia es una responsabilidad compartida.
Del mismo modo, convendría revisar el encaje específico de las dos ciudades en la arquitectura comunitaria. El régimen particular de Schengen exige una revisión que permita conjugar mejor seguridad y movilidad, y debería abrirse igualmente el debate sobre su posible reconocimiento como regiones ultraperiféricas. Un estatus que permitiría atender, con instrumentos y políticas específicas, las particulares condiciones geográficas, económicas y sociales de ambas ciudades y reforzar su integración efectiva en la Unión.
Pero quizá la principal lección sea otra. Europa no puede seguir basando buena parte de su política migratoria en la externalización del control de sus fronteras, pues eso significa acabar trasladando parte de su soberanía. El acuerdo con Turquía de 2015 es el ejemplo más paradigmático: pagar o negociar con terceros países para que contengan los flujos puede ser una herramienta útil en el corto plazo, pero convertirla en el principal pilar de la política migratoria genera dependencias estratégicas.
La autonomía estratégica europea consiste, precisamente, en la capacidad propia de gestionar los flujos migratorios sin quedar expuestos al chantaje. La cooperación con Marruecos, Turquía o cualquier otro socio del vecindario sur es necesaria. La dependencia, no.
No podemos permitir que los ceutíes sigan sufriendo las consecuencias de una crisis que también es europea. Y Europa no puede mirar hacia otro lado, pues para poder circular libremente por una Unión sin fronteras interiores es imprescindible proteger y defender las fronteras exteriores. La respuesta tampoco puede consistir en alimentar el enfrentamiento entre ciudadanos.
Debe ser justamente la contraria: más Europa, más coordinación, más capacidad propia. Una frontera segura no es una frontera contra alguien; es una frontera que garantiza que dentro de ella prevalecen el Estado de derecho, la seguridad y la libertad.
Robert Schuman lo resumió hace más de siete décadas: “Europa no se hará de una vez, ni mediante una construcción de conjunto”. Se construirá paso a paso, también cuando las circunstancias obliguen a decidir qué significa realmente defender el proyecto europeo. Y hoy, en el extremo sur de la Unión, una de esas decisiones tiene nombre propio: Ceuta.
**Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.