Oficina de empleo
Ramón Villaamil, el cesante de Miau, llevaba la cuenta con precisión de contable y supo que le faltaban dos meses de servicio para jubilarse con pensión. Galdós lo escribió en 1888 y la escena no ha envejecido. Un hombre de más de cincuenta años que ya no busca un trabajo, sino la manera de llegar a la orilla.
El SEPE acaba de aclarar, en una de esas notas administrativas que nadie lee y muchos acaban sufriendo, que los trabajadores fijos discontinuos pueden cobrar el subsidio para mayores de 52 años hasta la edad ordinaria de jubilación, siempre que el hecho causante sea posterior al 2 de marzo de 2022. Villaamil habría firmado con las dos manos.
Conviene entender qué se ha abierto. El subsidio son 480 euros al mes, el 80% del IPREM, cobrables sin interrupción hasta los 65 o los 67 años, y con cotización por jubilación durante todo el trayecto. Hasta la reforma laboral de 2022, el artículo 277 de la Ley General de la Seguridad Social excluía a los fijos discontinuos.
El Real Decreto-ley 3/2022 borró esa exclusión, y la misma reforma que convirtió a cientos de miles de temporales en fijos discontinuos les regaló, de paso, la llave del subsidio. Quien encadena campañas de hostelería o agricultura con meses de inactividad tiene ahora una renta de fondo garantizada entre temporada y temporada, y una salida definitiva si decide que la última campaña fue la última.
Un subsidio que dura hasta la jubilación no es un seguro contra el paro. Es un puente. Y los puentes cambian el tráfico.
El concepto que explica lo que va a ocurrir se llama trampa de la inactividad, y se mide con el tipo impositivo efectivo sobre la participación, es decir, cuánto de lo que ganaría un beneficiario al volver a trabajar se lo lleva el Estado, entre prestaciones que pierde e impuestos que paga.
El subsidio no es la única causa, pero es la única que el legislador amplía con alegría
Para el perceptor del subsidio, el cálculo es feroz. Aceptar un empleo estable a jornada completa supone renunciar a 480 euros mensuales y a la cotización pública que engorda su futura pensión.
A cambio, cobra un salario del que se descuentan cotizaciones e IRPF. Si el empleo alternativo paga cerca del salario mínimo, el tipo efectivo supera con facilidad el 60%. Ningún ejecutivo aceptaría un ascenso con esa fiscalidad. Se lo pedimos, en cambio, al trabajador de 54 años con la espalda cansada.
El resultado agregado no es una hipótesis. La tasa de empleo española entre 55 y 64 años rondaba el 59% en 2024, frente a más del 65% de media en la Unión Europea (Eurostat). Seis puntos de diferencia en la franja de edad donde la experiencia acumulada vale más y donde cada año fuera del mercado erosiona la empleabilidad de forma casi irreversible.
El subsidio no es la única causa, pero es la única que el legislador amplía con alegría. Hay además un beneficiario silencioso: el empleador estacional.
Si el Estado sostiene al trabajador durante los meses de cierre y le asegura la jubilación, el modelo de negocio de temporada recibe un subsidio implícito y ninguna presión para alargar la actividad o ganar productividad. La factura la paga el contribuyente, y la paga dos veces, en la prestación de hoy y en la pensión de mañana.
Y aquí llega la ironía institucional. Mientras el SEPE paga a un fijo discontinuo de 52 años para que espere la jubilación, el INSS niega la incapacidad a un trabajador enfermo de 54 porque prefiere que coja la baja cuando empeore y vuelva al tajo cuando mejore.
Un brazo del Estado empuja a trabajar hasta el límite; el otro paga por no hacerlo. No es malicia. Es lo que ocurre cuando cada organismo optimiza su propia ventanilla y nadie mira el conjunto.
Galdós no escribió Miau contra los cesantes. La escribió contra un Estado que fabricaba dependientes y luego los abandonaba en la puerta del ministerio.
Villaamil no era un vago, sino que era un hombre honrado al que el sistema había enseñado que el único proyecto vital sensato consistía en alcanzar la pensión. Ese aprendizaje es el verdadero coste de un subsidio mal diseñado.
No los 480 euros, sino la lección que transmite: que a partir de cierta edad el trabajo es una anomalía y la espera, la norma. Un país que enseña eso a sus cincuentones no tiene un problema de gasto. Tiene un problema de expectativas, que es más caro y se corrige más despacio.
Nada de esto exige suprimir el subsidio. Exige diseñarlo como lo que debería ser, un apoyo temporal y compatible con el trabajo, no una rampa de salida con cotización incluida. Villaamil murió sin encontrar su puente.
Nosotros lo hemos construido, lo hemos asfaltado y ahora nos sorprende que nadie quiera bajar a la orilla.
*** Fernando Pinto es profesor titular de Economía Aplicada de la URJC.