Cuando Jason Arday dimitió el pasado 5 de agosto como catedrático de la Universidad de Cambridge, la noticia se leyó rápido como una historia moral con final claro: el académico negro más joven en alcanzar una cátedra en Cambridge, señalado por plagio, cae.
Pero cuanto más se escarba en el caso, menos se parece a una historia con un solo villano y más a un experimento de manual sobre cómo la reputación, tanto la de las personas como la de las instituciones, deja de ser un indicador fiable de mérito.
Repasemos los hechos que se dan por ciertos. Arday fue nombrado profesor de Sociología de la Educación en Cambridge en 2023, con 37 años, presentado como ejemplo de superación. Resulta que Jason no habló hasta los once años ni supo leer hasta los dieciocho.
En julio, el filósofo Nathan Cofnas, un crítico declarado de las políticas de diversidad denunció que más de cien pasajes de su tesis doctoral coincidían con un trabajo anterior de otra investigadora, Paula Zwozdiak-Myers.
A esto se sumaron otras imprecisiones biográficas. Cambridge abrió una investigación por "nueva información". Arday dimitió horas después, alegando que quería recuperar "algo de paz y privacidad", sin admitir las acusaciones.
Los acusadores llevan años señalando las políticas de diversidad como una amenaza al mérito académico
Hasta aquí, parece un caso cerrado. Pero no lo es. Liverpool John Moores, la universidad donde hizo el doctorado, revisó el trabajo tras recibir las quejas remitidas por Cambridge y no encontró plagio. El propio Arday sostiene que varias investigaciones en distintas instituciones lo han exonerado, y ha calificado el proceso como injustamente prolongado.
En una charla previa ante la British Sociological Association, se presentó como víctima de lo que llamó "el manual" (the playbook): una estrategia organizada de activistas conservadores para rastrear el trabajo de académicos negros en busca de cualquier error citable, comparándose con el caso de Claudine Gay, expresidenta de Harvard forzada a dimitir en 2024 por acusaciones similares.
Pues, desde mi punto de vista, aquí es donde el caso deja de tratarse de Arday y empieza a tratarse de incentivos. Porque ninguno de los actores implicados tiene como objetivo prioritario esclarecer los hechos o la calidad del conocimiento de las ciencias sociales. Cada uno protege algo distinto, y esa es la clave que explica por qué la institución sale mal parada haga lo que haga.
Los acusadores llevan años señalando las políticas de diversidad como una amenaza al mérito académico, así que su hallazgo, sea o no correcto, encaja a la perfección en una narrativa que ya defendían de antemano, lo cual no invalida las pruebas presentadas, pero sí explica por qué invirtieron tanto esfuerzo en buscarlas.
Las universidades implicadas, por su parte, tienen un incentivo evidente de autoprotección: admitir plagio equivale a reconocer un fallo propio de verificación grave en el momento de la contratación, en quiénes ha delegado esa contratación, la limpieza del funcionamiento de los comités, etc.
¿Dónde queda el verdadero sentido fundacional de las universidades?
Así que no debería sorprendernos que la institución investigada por su propio conflicto de interés concluya que no existe tal conflicto. Que un examen interno "no encuentre" nada no es prueba de inocencia. Es, dicho sin rodeos, el resultado predecible de preguntarle al sospechoso si es culpable.
Más revelador todavía es que el desacuerdo no se limita a "izquierda contra derecha". El periódico británico The Guardian recogió declaraciones de académicos negros que defienden a Arday como víctima de una campaña selectiva, pero también de otros académicos de color que sí reconocen el plagio como real y censurable, y expresan preocupación por el daño colateral a colegas que investigan sobre raza y desigualdad con limpieza.
Es el problema clásico que George Akerlof describió para el mercado de coches usados, el de los "cacharros" (lemons): cuando un mal producto no se detecta a tiempo, no es el tramposo quien paga el precio más alto, sino todos los que operan honestamente dentro de la misma categoría.
Un fraude académico no confirmado a tiempo degrada la confianza en todo el campo que Arday representaba, y ese coste reputacional lo terminan cargando compañeros que no han hecho nada malo.
El resultado es una institución atrapada en un dilema sin salida limpia. Si Cambridge confirma el plagio, admite un fallo de gobernanza en su proceso de selección de personal académico, el mismo tipo de fallo de screening que en economía de la información se atribuye a la ausencia de mecanismos de verificación independientes.
Si lo desmiente, da la impresión de proteger su propia reputación institucional por encima del rigor que se supone debe garantizar.
Mientras tanto, ni acusadores, ni acusado, ni defensores, ni disidentes dentro del propio colectivo afectado tienen, como función objetivo, la búsqueda desinteresada de los hechos.
Todos gestionan un activo reputacional (personal, ideológico o institucional) que, en la práctica, vale más que la respuesta correcta a una pregunta técnica sobre citas y fuentes.
¿Dónde queda el verdadero sentido fundacional de las universidades? Cuando Bolonia, París o la propia Cambridge, fundada en 1209 tras una disputa entre estudiantes y las autoridades de Oxford, se constituyeron como corporaciones de maestros y alumnos, lo hicieron para proteger algo muy concreto: la capacidad de generar y transmitir conocimiento verificado, resguardada de las presiones del poder eclesiástico y civil que las rodeaba.
La autonomía universitaria no nació como privilegio gremial, sino como condición necesaria para que el criterio académico no dependiera de quién pagaba las cuentas o de quién ocupaba el trono.
Ese fue, durante siglos, el contrato implícito de la institución. Cuando esa función empieza a subordinarse a la gestión de la propia imagen la universidad no es un fallo episódico aislado. Está incumpliendo la única razón por la que se le concedió, hace ochocientos años, el privilegio de juzgarse a sí misma.
No hace falta salir de Cambridge para reconocer el patrón. Es el mismo que aparece cada vez que una institución, sea una universidad, un partido o un regulador, se convierte en juez y parte de su propio prestigio: la verdad deja de ser el objetivo y pasa a ser, como mucho, una externalidad.
