El último informe de Perspectivas del Empleo de la OCDE, publicado este mes de julio de 2026, dibuja un panorama agridulce para el mercado laboral español. España sigue siendo uno de los países que más empleo genera en Europa, con una tasa de ocupación en máximos históricos, pero mantiene la tasa de paro más alta de la OCDE (en torno al 10,5-10,8% en 2025).

Y aunque los salarios reales crecieron un 2% durante el último año, España sigue sin cerrar la herida: siguen un 2% por debajo de su nivel del primer trimestre de 2021, lo que la sitúa entre las economías de la OCDE donde más han caído desde la crisis de la Covid.

Ni siquiera las subidas del salario mínimo han bastado para evitar el estancamiento del poder adquisitivo de gran parte de la fuerza laboral.

Con la productividad encallada desde hace una década y nuevas presiones inflacionarias asomando, la propia OCDE anticipa que los salarios reales no repuntarán ni en 2026 ni en 2027.

Este contraste resume el gran dilema de la economía española actual. Creamos muchos puestos de trabajo, pero la productividad media apenas avanza y los salarios reales se estancan.

¿Cómo es posible? Una parte importante de la explicación pasa por el papel de la inmigración y por las características estructurales de nuestro modelo productivo.

En los últimos años, la llegada de trabajadores extranjeros ha sido clave para sostener el dinamismo del mercado laboral. Desde finales de 2019, la ocupación extranjera ha crecido un 53% y explica casi dos tercios de toda la creación neta de empleo desde la pandemia, según BBVA Research.

La población activa ya supera los 25,1 millones de personas en el primer trimestre de 2026. La inmigración ha compensado el envejecimiento de la población y la baja natalidad, aportando buena parte del crecimiento del PIB y la práctica totalidad del avance del empleo.

Esto tiene un efecto claramente positivo porque más gente trabajando significa más consumo, más cotizaciones a la Seguridad Social y un colchón frente a la escasez de mano de obra en muchos sectores.

Sin embargo, una gran proporción de estos nuevos trabajadores se integra en sectores necesarios, pero de menor productividad media, es decir, generan menos valor económico por hora trabajada que la industria avanzada, la tecnología o los servicios profesionales cualificados.

La inmigración amplifica esta dinámica porque llena vacantes en los sectores que más demandan mano de obra de cualificación media-baja

Aquí entra en juego lo que los economistas llamamos el efecto composición. Imagina una empresa con 100 trabajadores que producen 100.000 euros al mes (1.000 euros por persona).

Si contratas a 50 trabajadores más que producen solo 600 euros cada uno, el total de producción sube a 130.000 euros, pero la productividad media cae a unos 866 euros por persona. Eso es lo que ocurre a escala nacional: se crea mucho empleo y crece el PIB, pero la productividad agregada avanza poco o se estanca.

Los datos confirman este efecto composición. Los extranjeros (o con doble nacionalidad) tienen una productividad por hora trabajada alrededor de un 19% inferior a la de los nativos, según estimaciones de BBVA Research, aunque esta brecha se está reduciendo con el tiempo y la integración.

Pero el problema no se debe solo a la inmigración, sino que revela un agujero negro más profundo de nuestro modelo económico. España ha apostado durante décadas por un crecimiento extensivo (más trabajadores y más horas), en lugar de intensivo (más valor por cada trabajador gracias a la tecnología, la innovación y la cualificación). El desempleo es una de las heridas que no se cierran de nuestra economía desde finales de los 70 con la crisis económica y la Transición.

Las causas estructurales son conocidas: baja inversión en capital productivo (maquinaria, I+D, digitalización), sesgo hacia activos inmobiliarios, muchas microempresas y pymes con dificultades para crecer e innovar, desajuste entre la formación y las necesidades del mercado, y una especialización excesiva en sectores de bajo-medio valor añadido. La regulación fragmentada y las barreras al escalado empresarial también juegan en contra.

La inmigración amplifica esta dinámica porque llena vacantes en los sectores que más demandan mano de obra de cualificación media-baja. El resultado es que, aunque se crea empleo a buen ritmo, la productividad media del país se resiente y los salarios reales avanzan con dificultad.

Esto explica por qué, pese al récord de ocupados, el poder adquisitivo no mejora al mismo ritmo.

¿Qué podemos hacer para transformar el modelo hacia uno más intensivo en conocimiento, capital y cualificación?

En primer lugar, favorecer la inversión en sectores de alto valor añadido como la industria avanzada, los servicios profesionales, la biotecnología o las energías renovables.

En segundo lugar, mejorar el capital humano. Fortalecer la FP Dual, la formación continua y el reskilling.

Potenciar la inmigración de personas cualificadas (ojo, no cualificarlas de cualquier manera para justificarse políticamente). Esto permitiría que más trabajadores (nativos y extranjeros) contribuyan con mayor valor.

En tercer lugar, reformas estructurales: simplificar la regulación para que las empresas crezcan sin trabas, mejorar el acceso a financiación de riesgo, reducir la fragmentación autonómica y fomentar la “destrucción creativa” (que salgan las empresas menos productivas y entren las más innovadoras).

Por último, los incentivos fiscales y laborales deberían alinearse con este objetivo: premiar la inversión productiva, la innovación y la creación de empleo cualificado, en lugar de solo el volumen de trabajadores.

Sin avances en productividad, el crecimiento actual será insostenible a largo plazo, especialmente con el envejecimiento de la población. Hay que convertir el volumen de empleo en calidad y valor añadido.

Porque no solo importa generar más puestos de trabajo, sino mejores salarios y mayor bienestar para todos. Ignorarlo sería un error; que nos dejaría en la cuneta de Europa.