Bandera de China.
Desde el fin de la pandemia de la Covid-19 y el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las relaciones entre la UE y China se han asemejado a una montaña rusa que desciende inexorablemente.
Cumbres cada vez más difíciles, incluso cuando se enmarcan en declaraciones conjuntas cuidadosamente redactadas y corteses, enmascaran un deterioro estructural que ninguna puesta en escena diplomática puede ocultar.
En marzo de 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la estrategia de «reducción de riesgos, no desacoplamiento» en un importante discurso.
Si bien un desacoplamiento total de China no era viable ni conveniente para Europa, hizo hincapié en que la Unión Europea debía reducir las dependencias peligrosas, reforzar los controles sobre tecnologías sensibles y abordar las prácticas de competencia desleal.
La Comisión rápidamente puso esto en práctica, implementando mecanismos más estrictos de control de inversiones, controles a las exportaciones de semiconductores avanzados y otros bienes de doble uso, e iniciando una investigación antisubvenciones a los vehículos eléctricos chinos que, en última instancia, derivó en un aumento de los aranceles.
La Comisión aceleraría el trabajo en nuevas herramientas de defensa comercial
La cumbre de diciembre de 2023 presentó un tono algo más conciliador y el entonces Alto Representante Josep Borrell señaló que ambas partes reconocían la importancia de la relación y la necesidad de gestionar las diferencias; sin embargo, la cumbre siguió centrada principalmente en las quejas y concluyó sin resultados sustanciales. Desde entonces, el contenido ha ido cediendo terreno al ritual diplomático.
Para la cumbre UE-China de 2025, la reunión anual de alto nivel se había convertido en poco más que una delegación de Bruselas que viajaba a Pekín para enumerar las quejas europeas sobre subvenciones, exceso de capacidad industrial y falta de acceso recíproco al mercado, y para encontrarse con las réplicas chinas sobre multipolaridad y doble rasero occidental.
Durante la cumbre del Consejo Europeo que concluyó el 19 de junio de 2026, el debate sobre China siguió, en apariencia, el patrón habitual, pero esta vez con un nuevo sentido de urgencia.
Tras más de dos horas de debate —una duración inusualmente larga para un tema que normalmente se aborda con un lenguaje velado—, los jefes de Estado de la UE otorgaron a la Comisión un claro mandato político para reforzar las defensas del bloque frente al exceso de capacidad industrial de China y otras formas de competencia desleal.
Las conclusiones oficiales se referían únicamente a los «desequilibrios macroeconómicos mundiales», evitando nombrar directamente a Pekín. Sin embargo, el mensaje era inequívoco: la Comisión aceleraría el trabajo en nuevas herramientas de defensa comercial, manteniendo al mismo tiempo los canales de diálogo.
Las relaciones UE-China han pasado de una competencia controlada a una confrontación estructural en varios sectores económicos y tecnológicos clave
Von der Leyen subrayó la urgencia, señalando que el déficit comercial de la UE con China se había disparado hasta aproximadamente 360.000 millones de euros anuales, casi 1.000 millones de euros diarios.
Al mismo tiempo, la cumbre del G7, celebrada en Évian pocos días antes y organizada por Francia, no logró consolidar el apoyo a una postura europea más firme contra China.
De hecho, el comunicado final fue notablemente vago respecto a la formación de un frente unido contra las prácticas económicas desleales de China.
Si bien reafirmó la preocupación por la seguridad en el Indo-Pacífico y abogó por abordar los “desequilibrios globales, grandes y persistentes” mediante el diálogo con las “principales economías” —una referencia implícita a China—, no incluyó compromisos concretos sobre medidas coordinadas de defensa comercial, iniciativas conjuntas para la resiliencia de las cadenas de suministro ni acciones colectivas contra el exceso de capacidad subvencionado.
Sin un sólido respaldo del G7, cualquier acción decisiva de la UE corre el riesgo de ser interpretada por Pekín como una agresión unilateral, lo que podría desencadenar represalias selectivas contra países de la UE o sectores exportadores clave.
La propia UE sigue profundamente dividida sobre la velocidad y la profundidad de cualquier respuesta. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha erigido como una de las voces más favorables al diálogo, aunque receloso de una escalada.
En contraste, el canciller alemán, Friedrich Merz, se ha acercado notablemente a la postura tradicionalmente belicista de Francia. Merz habló con inusual franqueza sobre la supuesta "inundación" de los mercados europeos por parte de China con productos subvencionados e incluso planteó la idea de entablar conversaciones sobre coordinación cambiaria para reequilibrar el comercio.
Otros países de la UE siguen indecisos, divididos entre el temor a las represalias económicas chinas y la amenaza a largo plazo de la desindustrialización europea . Esta persistente fragmentación interna garantiza que cada avance gradual vaya acompañado de vacilación, dilución o incluso retraso.
El conjunto de herramientas defensivas necesarias ya es bien conocido: implementación acelerada de instrumentos como la Ley de Aceleración Industrial (o medidas de autonomía estratégica equivalentes), aplicación sólida y rápida de instrumentos de defensa comercial contra el exceso de capacidad subvencionado , un control más estricto de la IED en sectores críticos, un control de las inversiones en el extranjero para salvaguardar la ventaja tecnológica que aún conserva Europa y normas coordinadas de contratación pública que puedan favorecer legítimamente la producción europea en áreas estratégicas.
Estas medidas no requieren nuevos avances conceptuales, solo la voluntad política para promulgarlas y aplicarlas de forma coherente en todo el mercado único.
Pero la implementación exitosa de medidas defensivas solo servirá para ganar tiempo. Las ventajas competitivas de China en sectores que van desde los vehículos eléctricos hasta las baterías y los paneles solares, pasando por el procesamiento de materias primas críticas, ya no son únicamente el resultado de subsidios estatales y prácticas no mercantiles.
También se derivan de fortalezas genuinas: una escala de producción sin igual, una rápida iteración en la innovación y cadenas de suministro nacionales altamente integradas.
Se necesita un verdadero impacto en la competitividad de Europa, que incluya: una simplificación radical de los procedimientos de autorización (que habitualmente provocan retrasos de varios años en los principales proyectos de infraestructura verde y digital), una inversión pública y privada coordinada a gran escala en tecnologías estratégicas, similar a la Ley CHIPS o la Ley de Reducción de la Inflación de EEUU, programas de capacitación y reciclaje profesional a escala industrial para cerrar la creciente brecha en el talento de la fabricación avanzada y la ingeniería, y un enfoque pragmático hacia la preferencia europea en la contratación pública y las cadenas de suministro críticas cuando esté justificado por consideraciones de seguridad o resiliencia.
Sin embargo, estas herramientas defensivas solo ralentizarán la toma de cuota de mercado de China en los mercados de exportación globales; para revertir esta tendencia se requieren medidas que aumenten la competitividad europea.
La montaña rusa aún no ha tocado fondo. Se celebrarán más cumbres, se emitirán más mandatos y se publicarán más comunicados. Pero la dirección que se está tomando es ahora inconfundible.
Las relaciones UE-China han pasado de una competencia controlada a una confrontación estructural en varios sectores económicos y tecnológicos clave. Las divisiones internas de Europa y sus procesos de toma de decisiones, conocidos por su lentitud, están haciendo que este descenso sea más volátil y peligroso de lo necesario.
La cuestión central ya no es si la relación seguirá deteriorándose —lo hará—, sino si Europa podrá movilizar los instrumentos de defensa y una ambiciosa agenda de competitividad ofensiva, respaldada por el G7, necesarios para afrontar esta nueva realidad, más antagónica, con confianza y claridad estratégica.
***Alicia García-Herrero es economista Jefe de Natixis para Asia-Pacífico e investigador principal en Bruegel.
