“You just gotta learn to see the forest for the trees” – Huey Lewis.
Sánchez tiene un objetivo: crear una sociedad dependiente y rehén donde el socialismo siempre mantenga el poder. El control del censo y la vivienda escasa y cara son dos patas de esa estrategia.
Su primer paso fue implementar el Pacto de Tinell a rajatabla, para silenciar y cancelar a más de la mitad del electorado; el segundo peldaño, la toma de las instituciones independientes; el tercero, el asalto al poder judicial y la prensa.
El cuarto es el control del censo, disparando la regularización de inmigrantes ilegales y la nacionalización de eso que llaman los “nietos” de emigrantes, y que es, literalmente, revertir la evidencia del deterioro de votos a la izquierda en España y cambiar la demografía a su favor.
Finalmente, el quinto es demoler un sistema de riqueza y movilidad social que ha sido la mayor creación de clase media de nuestra historia reciente: la vivienda en propiedad.
La combinación de la ley de nietos y la regularización masiva de inmigrantes ilegales introduce un auténtico bombazo en el cuerpo electoral al mismo tiempo que agrava las tensiones sobre el mercado de la vivienda.
Por un lado, la concesión acelerada de nacionalidad a descendientes de españoles en el exterior, con hasta 2,4–2,5 millones de potenciales nuevos ciudadanos y un incremento estimado del 6% del electorado, convierte al CERA en una bolsa de voto capaz de decidir escaños. Esto ocurre en un escenario de bloques muy ajustados.
Por otro lado, los procesos de regularización de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular alimentan el padrón y la demanda de vivienda en las grandes áreas urbanas sin que exista una estrategia seria de expansión de la oferta.
El Gobierno utiliza la ingeniería demográfica para alterar el mapa político mientras rehúye las reformas estructurales que abaratarían el acceso a la vivienda para los españoles que ya soportan precios y alquileres disparados.
La vivienda escasa y cara no es una crisis casual, es una estrategia política para crear una sociedad dependiente, empobrecida y débil. La propiedad es un elemento esencial de movilidad social y de creación de riqueza.
Una sociedad sumisa de pobres dependientes del poder político socialista
Demoler los salarios netos reales como ha hecho el sanchismo, hacer el acceso a la vivienda más caro y escaso, y a la vez disparar la inmigración y el cambio del censo es una estrategia para conseguir un objetivo evidente: una sociedad sumisa de pobres dependientes del poder político socialista.
Demoler el acceso a la vivienda es, por lo tanto, esencial. España afronta una crisis de vivienda que no se explica por un fallo del mercado, sino por una escasez artificial generada por decisiones políticas que han estrangulado suelo, oferta y seguridad jurídica.
El informe Un país sin casas del Instituto Juan de Mariana es demoledor. Este trabajo, escrito por Diego Sánchez de la Cruz, Santiago Calvo, Fernando Pinto, Daniel Fernández y Rasheed Griffith, es una enmienda a la totalidad al discurso de la izquierda, que siempre dice que no hace falta construir más, sino expropiar.
El informe recuerda que España pasó en pocas décadas de tener un 46% de hogares propietarios en 1950 a alrededor del 84% a comienzos del siglo XXI, convirtiéndose en una de las sociedades de propietarios más extensas de Europa.
Este hecho fue decisivo a la hora de hacer crecer la clase media y reducir las desigualdades. La vivienda fue durante décadas el principal vehículo de ahorro, movilidad social y previsión complementaria para la clase media, especialmente para los mayores, de los que aproximadamente siete de cada ocho son hoy propietarios.
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Ese éxito histórico se apoyó en una intensa expansión constructora entre 1960 y 1975, que levantó 4,2 millones de viviendas, 2,8 millones de ellas protegidas en régimen de colaboración público‑privada. La consecuencia fue la creación de nuevos barrios y la consolidación de una amplia clase media residencialmente asentada.
Con la entrada en el euro, los tipos hipotecarios cayeron desde niveles cercanos al 11% hasta el entorno del 3–4%, lo que disparó el endeudamiento y alimentó una burbuja inmobiliaria que, como vemos ahora, no era más que un exceso puntual. En 2006 se concedieron visados para unas 865.000 viviendas nuevas.
El pinchazo entre 2007 y 2008 destruyó ese motor de crecimiento: los precios cayeron más de un 35%, el crédito se redujo y el sector constructor entró en una crisis relevante.
España pasó de edificar más de 5 millones de viviendas entre 1997 y 2007 a terminar apenas 600.000 entre 2010 y 2020, pasando de una década de exceso a una de construcción insuficiente que ha desembocado en el enorme déficit actual.
España se enfrenta a un déficit acumulado de vivienda cercano a las 700.000 viviendas. Entre 2020 y 2024 se formaron 973.000 hogares, mientras solo se iniciaron 540.000 viviendas. Para 2030 harán falta aproximadamente 2,5 millones de viviendas adicionales, en un contexto en el que por cada vivienda iniciada nacen casi dos nuevos hogares.
La fiscalidad de la vivienda es también confiscatoria y un enorme desincentivo
La presión se concentra en las grandes capitales, donde la población ha crecido con fuerza por la llegada de población extranjera, que representa el 87% del aumento demográfico entre 2021 y 2025, mientras la oferta se mantiene rígida.
Desde 2015, el precio de la vivienda se ha encarecido cerca de un 80%, frente a una inflación acumulada del 26%, lo que implica que el ladrillo sube casi tres veces más rápido que el conjunto de la economía y penaliza especialmente a los jóvenes.
El informe nos recuerda que el problema de la vivienda en España viene de la política: el 95,7% del territorio está cerrado a la urbanización por decisiones regulatorias, y transformar suelo puede llevar entre diez y quince años de trámites.
Incluso dentro del suelo ya previsto para desarrollo residencial, cerca del 73% está bloqueado o sometido a trabas que frenan su puesta en carga efectiva.
La fiscalidad de la vivienda es también confiscatoria y un enorme desincentivo. Uno de cada cuatro euros del precio de una vivienda nueva corresponde a impuestos, y la recaudación ligada al inmobiliario supera los 52.000 millones de euros anuales.
A ello se suman licencias que pueden demorarse más de un año y encarecer cada vivienda en unos 13.000 euros, así como una inseguridad jurídica que desincentiva la inversión, especialmente por la tolerancia hacia la ocupación ilegal.
En el alquiler, el informe subraya el fracaso de los controles de precios, tanto en experiencias locales como internacionales. En Barcelona, tras la introducción de limitaciones, la oferta de alquiler convencional se ha desplomado y muchos propietarios han derivado hacia alquileres temporales, que han pasado del 7,1% de los contratos en 2023 al 23,6% en 2025.
Casos como San Francisco, Berlín o Suecia refuerzan, según los autores, la evidencia de que los techos de alquiler reducen drásticamente la oferta y agravan la escasez.
Frente a la mercancía averiada del socialismo y la intervención que nunca funcionan, “Un país sin casas” propone una solución liberal basada en liberar la oferta allí donde está la demanda. El núcleo del programa pasa por liberalizar suelo, agilizar drásticamente licencias, reducir la carga fiscal sobre la promoción y reforzar la seguridad jurídica para propietarios e inversores.
Los autores apoyan sus propuestas en ejemplos internacionales donde políticas a favor de la oferta han expandido rápidamente el parque de alquiler, como el caso de Argentina tras liberalizar su mercado, y referencias a jurisdicciones más dinámicas como Texas o Auckland.
La tesis final es inequívoca: no hay derecho efectivo a la vivienda si faltan cientos de miles de viviendas, y ninguna política de control de precios puede sustituir a la construcción masiva y sostenida de nuevas unidades residenciales donde la gente quiere vivir.
El sanchismo y sus socios jamás implementarán una agenda liberalizadora, porque para ellos la vivienda es un arma política para promover la envidia al propietario, la tensión social y para presentarse como solución a los problemas que ellos crean. Usted se preguntará por qué quieren ellos que los ciudadanos sean más pobres y débiles.
Es bien evidente. Ellos, los líderes de izquierda, se hacen enormemente ricos y el resto es sumiso y dependiente.
La oposición tiene una oportunidad de oro. Defender la inmigración ordenada, la independencia de las instituciones aunque sea incómodo y promover la oferta de vivienda frente a los que quieren llevar a España por el camino del comunismo y el peronismo.
