Fotomontaje de una madre con una hija vulnerables.
El pasado 4 de junio la Comisión Europea anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando que se le impongan sanciones financieras, por incumplir su obligación de incorporar a su Derecho nacional las directivas europeas, acordadas en 2023, para reforzar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).
El plazo de transposición de estas normas, la Directiva (UE) 2023/958 y la Directiva (UE) 2023/959, terminó el 31 de diciembre de 2023.
La transposición es el proceso de incorporar las directivas de la UE a la legislación propia de los Estados miembros. A diferencia de otro tipo de normativa de la UE, como los reglamentos y las decisiones, las directivas no son directamente aplicables en todos los Estados miembros, sino que requieren hacerlo mediante leyes estatales, las cuales deben aprobarse en los respectivos parlamentos nacionales.
Ambas directivas fueron aprobadas en el Parlamento Europeo en abril de 2023 con el apoyo mayoritario de los grupos europeístas y de centro: PPE (Partido Popular Europeo), S&D (Socialistas y Demócratas) y Renew Europe.
Estos tres bloques principales, junto con el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, impulsaron y respaldaron la adopción de estas normativas en la sesión plenaria correspondiente. En el Parlamento Europeo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se adscribe al grupo Renew Europe, mientras que Euskal Herria Bildu (EH Bildu) está integrado en el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea.
Es importante destacar que los eurodiputados españoles adscritos a los citados grupos parlamentarios votaron a favor de la aprobación, al igual que lo hicieron los eurodiputados de la coalición electoral Lliures per Europa, de la que formaba parte el partido político Junts, adscritos al grupo de los No Inscritos.
Entonces, si todos esos partidos políticos: PP, PSOE, EH-Bildu, PNV y Junts, mediante sus respectivos eurodiputados, votaron a favor de esas directivas europeas en el Parlamento Europeo, ¿por qué aún no se han puesto de acuerdo en su transposición en el Congreso de los Diputados (lo que debería haberse hecho en la segunda mitad de 2023)? Actualmente, este trámite se realiza a través de la Proposición de Ley 122/000170 por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
¿Cómo es posible haber llegado a esta situación? ¿No hubiera sido lo más lógico haber acordado la transposición directa de esas directivas, como en tantas ocasiones anteriormente?
La rápida transposición completa de estas directivas permite el correcto funcionamiento del RCDE UE, evita distorsiones en el mercado interior y adapta el sistema a los objetivos climáticos de la UE para 2030 establecidos en la Legislación Europea sobre el Clima.
Pero, además, en este caso concreto, el bloqueo que se está produciendo en el Congreso de los Diputados con esta transposición, está impidiendo que puedan llegar a España los cerca de 7.000 millones de euros de dinero europeo procedente del Fondo Social para el Clima para financiar las medidas del Plan Social para el Clima y que estarán destinadas a ayudar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad a hacer frente al incremento del precio de los combustibles fósiles utilizados en el transporte y la calefacción derivado del funcionamiento del RCDE UE.
La Comisión Europea ha sido muy clara: hasta que no se produzca esa transposición, no podrá empezar a fluir el dinero europeo del citado fondo. Y tampoco se podrá aprobar oficialmente el Plan Social para el Clima que tiene que elaborar España.
Por todo ello, desde la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte esperamos que todos los partidos políticos citados más arriba sean coherentes con lo que apoyaron en el Parlamento Europeo y apoyen la transposición directa de las referidas directivas, permitiendo sacar este proceso de su largo periodo de improductivo estancamiento.
¿Qué son el Fondo y el Plan Social para el Clima?
Como parte de las medidas de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático, el transporte por carretera y los edificios han quedado incluidos en el RCDE UE. Este hecho implica un incremento de los precios del combustible para el transporte por carretera y la calefacción a partir de 2028.
Para minimizar el impacto de esta medida en los grupos más vulnerables (hogares vulnerables, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables), especialmente los afectados por la pobreza energética o la pobreza en el transporte, la Unión Europea ha creado el Fondo Social para el Clima (FSC) para el periodo 2026-2032 que contará con unos 65.000 millones de euros.
España es uno de los principales beneficiarios del FSC, ya que le ha correspondido un 10,52% de aquella cantidad (es decir, unos 6.824 M€), lo que lo sitúa entre los Estados miembros de la UE que más ayudas reciben en términos absolutos y relativos. Además, los Estados miembros tienen la obligación de contribuir, con cargo a sus propios presupuestos, con un mínimo adicional del 25% del importe que le corresponda (unos 2.275 M€, en el caso de España). En total, el Fondo Social para el Clima en España contará con 9.099 millones de euros.
Ese dinero permitirá a los ciudadanos de esos grupos vulnerables rehabilitar y renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte con cero o bajas emisiones, incluido el transporte público. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo.
Pero, para que los Estados miembros puedan usar el dinero del Fondo Social para el Clima tienen primero, como señalamos más arriba, que transponer la directiva correspondiente y, además, elaborar un Plan Social para el Clima con una serie de medidas para ayudar a esos usuarios vulnerables, siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2023/955 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece dicho fondo.
El proceso de elaboración del Plan Social para el Clima de España, que ya lleva un año de retraso con respecto al calendario establecido por el citado Reglamento, está liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).
En el ámbito del transporte por carretera, las 27 organizaciones que componen la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte, han propuesto al Gobierno una serie de medidas. De forma resumida, sin entrar en los detalles técnicos de los criterios de vulnerabilidad a aplicar, y por orden de prioridad, son:
1.- Abono especial para uso del transporte público colectivo urbano y metropolitano, así como del interurbano de corta y media distancia, para usuarios del transporte vulnerables de rentas bajas o medias-bajas. En este abono se incluiría la gratuidad o descuentos para usar la bici eléctrica compartida/pública.
2.- Sistemas de movilidad compartida en zonas rurales sin acceso a sistemas de transporte público colectivo. Solo se podrán financiar aquellos programas que utilicen vehículos eléctricos puros a batería. Se incluyen en este ámbito las siguientes modalidades: coche compartido y el transporte a demanda con vehículos turismo de transporte discrecional con conductor.
3.- Leasing social. Solo se podrán financiar aquellos programas que utilicen vehículos eléctricos puros a batería. Los beneficiarios serán tanto usuarios y profesionales vulnerables de zonas rurales como usuarios vulnerables de zonas no rurales pero sin fácil acceso al transporte público que tengan rentas bajas y utilicen vehículos de combustión para sus necesidades laborales pero no dispongan de medios económicos para adquirir vehículos de emisión cero.
4.- Ayudas a la compra de vehículos eléctricos de batería tanto de primera como de segunda mano, incluidos ciclos usados en ciclologística, así como ayudas a la conversión de vehículos con motor de combustión interna a eléctricos de batería. La medida será destinada exclusivamente para transportistas y para profesionales no transportistas que necesiten de un vehículo para ejercer su trabajo, que, en ambos casos, puedan calificarse de vulnerables.
5.- Bono para la recarga en puntos públicos de los vehículos eléctricos puros a batería que estén en el régimen de renting social antes citado. Esta medida se aplicará solo a usuarios vulnerables que estén en el programa de renting social que demuestren no tener posibilidad de recarga vinculada.
6.- Ayudas a la compra de ciclos eléctricos. Esta medida se aplicará en determinados casos como ayuda a usuarios del transporte vulnerables para desplazarse al trabajo en zonas rurales y periurbanas sin adecuado acceso al transporte público.
*** Carlos Bravo Villa es el representante de las 27 entidades que conforman la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte.
La “Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte” está compuesta por las siguientes 27 entidades (en orden alfabético): Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras (CCOO), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Consejo de la Juventud de España (CJE), ConBici, Demos Lab, European Anti Poverty Network (EAPN-ES), Ecologistas en Acción, Ecounion, EsadeEcPol, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Foro de Acción Rural, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Mobilitat Sostenible y Segura, Fundación Renovables, Greenpeace, Oxfam-Intermón, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Renovem-nos, Revo, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SEO/BirdLife, Transport & Environment (T&E), Unión General de Trabajadoras
