El expresidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero.
Las últimas noticias sobre la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero inciden en la utilización de operaciones que escapan del control de las autoridades fiscales. Pero el uso de sociedades radicadas en territorios con bajos impuestos, secreto bancario y ausencia de intercambio de datos con las autoridades españolas no es únicamente fiscal.
De hecho, reducir todo el debate a una cuestión tributaria es probablemente la mejor manera de no entender lo que realmente está en juego. El riesgo más serio aparece cuando estructuras financieras opacas, jurisdicciones de baja transparencia y antiguos responsables políticos convergen en un mismo punto. Y ahí la discusión deja de ser sólo económica para convertirse en un asunto de calidad institucional y seguridad democrática.
Porque una democracia avanzada no puede permitirse ignorar qué ocurre cuando un expresidente del Gobierno, un exministro o un antiguo alto cargo comienza a operar internacionalmente a través, directa o indirectamente, de sociedades radicadas en jurisdicciones caracterizadas por una baja fiscalidad, elevada discreción financiera o escasa transparencia sobre el beneficiario efectivo. Incluso aunque toda la actividad fuese formalmente legal, el problema institucional seguiría existiendo.
La razón es sencilla: un expresidente no deja de serlo nunca. Conserva contactos internacionales, influencia política, acceso privilegiado a información estratégica, capacidad de interlocución con gobiernos extranjeros y una enorme capacidad de influencia reputacional sobre empresas y sectores económicos.
Ese capital político acumulado durante años de ejercicio público puede convertirse, legítimamente, en actividad privada. Pero precisamente por eso exige controles mucho más exigentes que los aplicables a cualquier ciudadano ordinario.
Aquí aparece el principal riesgo asociado a antiguos dirigentes políticos: la dificultad para distinguir entre actividad privada legítima, lobby opaco e influencia extranjera indirecta sobre la política nacional.
La cuestión no es únicamente cuánto se tributa, sino quién paga, por qué paga y qué espera obtener a cambio, más aún si las relaciones se establecen con países no democráticos.
Dubái simboliza perfectamente esta nueva realidad. Emiratos Árabes Unidos ha dejado de ser simplemente un refugio fiscal clásico para convertirse en un gran centro financiero global donde confluyen capitales, fondos soberanos, empresas energéticas, intermediarios internacionales y redes de influencia política y económica. Precisamente por eso, la utilización de estructuras societarias radicadas allí genera inevitablemente interrogantes institucionales.
No porque toda actividad en Dubái sea ilícita -sería absurdo afirmarlo-, sino porque determinadas jurisdicciones facilitan un ecosistema donde la opacidad societaria, la ingeniería patrimonial y la intermediación política internacional conviven con enorme facilidad. Y cuando quienes participan en ese ecosistema son antiguos responsables políticos con capacidad de influencia sobre decisiones estratégicas, el riesgo ya no es únicamente tributario sino que es geopolítico.
Las democracias occidentales llevan años preocupándose por este fenómeno bajo otro nombre: las “puertas giratorias”. La OCDE lleva tiempo advirtiendo de que el lobby y las actividades de influencia pueden derivar en “influencia indebida”, conflictos de interés y captura regulatoria si no existen mecanismos sólidos de transparencia y supervisión.
Y no se trata de una preocupación teórica. El problema de las puertas giratorias consiste precisamente en que el valor privado de muchos antiguos cargos públicos reside en sus contactos, en su acceso informal al poder y en el conocimiento interno acumulado durante años de responsabilidad institucional.
Diversos estudios académicos y organismos internacionales han advertido de que estas dinámicas pueden favorecer situaciones de captura regulatoria, búsqueda de rentas e influencia desproporcionada de intereses privados sobre las decisiones públicas.
Por eso, el debate relevante no debería centrarse en nombres concretos ni en filtraciones interesadas, sino en una cuestión mucho más importante: ¿tienen las democracias modernas mecanismos suficientes para supervisar la actividad internacional de sus antiguos dirigentes políticos? En muchos casos, claramente no.
España mantiene una regulación extraordinariamente débil sobre la actividad posterior de expresidentes y ex altos cargos.
Existen incompatibilidades temporales limitadas, hay un lugar reservado en el Consejo de Estado, pero el nivel de transparencia real sobre las actividades de asesoría, intermediación, lobby internacional o participación en estructuras societarias sigue siendo muy reducido. Y eso genera un problema evidente: la ciudadanía no tiene forma de saber dónde termina la actividad privada legítima y dónde empieza la utilización del prestigio institucional acumulado en beneficio de intereses particulares o incluso de Estados extranjeros.
La solución tampoco pasa por demonizar toda actividad privada posterior a la política. Sería absurdo exigir que un expresidente desaparezca de la vida económica o internacional.
El problema no es el lobby en sí mismo. De hecho, la propia OCDE reconoce que las actividades de influencia forman parte normal de las democracias modernas cuando se desarrollan bajo principios de transparencia, integridad y equidad. La clave está precisamente en esa palabra: transparencia.
Si un expresidente asesora a empresas extranjeras, participa en fondos internacionales o realiza actividades de intermediación económica, probablemente lo razonable no sea prohibirlo, sino transparentarlo.
Saber para quién trabaja, a través de qué sociedades, en qué jurisdicciones opera y cuáles son sus intereses económicos relevantes. Exactamente igual que muchas democracias avanzadas obligan a registrar actividades de lobby, agendas institucionales o conflictos de interés.
Precisamente, la gran mayoría de los expresidentes del Gobierno han ejercido labores profesionales en entidades que han publicado toda su actividad y las retribuciones que han percibido a cambio de ellas.
En suma, el deterioro institucional rara vez comienza con delitos evidentes. Normalmente empieza mucho antes. Concretamente, cuando la opacidad se normaliza, cuando las élites políticas y económicas operan en espacios cada vez menos fiscalizados y cuando la ciudadanía pierde la capacidad de distinguir entre interés general e intereses privados.
Y ese riesgo, mucho más que el puramente fiscal, es el verdadero debate que las democracias occidentales tienen pendiente con las sociedades offshore y con la actividad internacional de sus antiguos dirigentes políticos.
*** Javier Santacruz es economista.
