Imagen de archivo de un minero chino caminando por la mina estatal de carbón en Pan (China).
En el debate público sobre la política climática europea hay un protagonista que está en muchos de los debates: el precio del carbono. El sistema EU-ETS se basa en una lógica sencilla de cap-and-trade: la UE fija un techo total de emisiones (cap) que se reduce con el tiempo y permite a las empresas comerciar derechos (allowances) en el mercado, generando así un precio para el carbono según “a quién le sobra y a quién le falta”.
Por ello, todo parece girar en torno a cuánto cuesta emitir una tonelada de CO₂ en el mercado regulado del EU-ETS (derechos o EUAs).
Su precio ha venido oscilando este año enormemente por motivos geopolíticos, económicos, pero sobre todo regulatorios. Pero no es la única variable relevante, ni siquiera la más importante para ver el impacto económico a medio y largo plazo.
De hecho, centrarse exclusivamente en el precio del carbono es, en cierta medida, mirar en la dirección equivocada si queremos entender mejor los fundamentales del impacto en las empresas.
Gráfico 1: Precio de cotización de los derechos de emisión EUAs en 2026.
Porque en la práctica, ese precio rara vez se paga íntegramente. Y el mecanismo que determina cuánto se paga realmente no es el mercado, sino algo mucho menos visible: los benchmarks, o mejor dicho, los valores de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión.
Ahí es donde se está jugando, silenciosamente, una parte esencial de la transición industrial europea, su coste implícito por EU-ETS y la apuesta por el mercado industrial europeo.
Los benchmarks no son objetivos climáticos ni límites regulatorios en sentido estricto. Son una referencia técnica que define cuántas emisiones se consideran “aceptables” por unidad de producción en cada sector. Se construyen a partir de datos reales, tomando el desempeño del 10% de instalaciones más eficientes. No representan un ideal teórico, sino una frontera industrial alcanzable.
Y, sin embargo, su impacto es profundamente económico. Porque a partir de esos benchmarks se calcula la asignación gratuita de derechos de emisión, elemento clave y a menudo poco conocido del EU-ETS.
En muchos sectores industriales expuestos a competencia internacional, una parte de los derechos no se compra en el mercado, sino que se asigna gratuitamente para evitar la deslocalización de emisiones. No todos los sectores reciben esta asignación en la misma medida y, de hecho, en los sectores cubiertos por el CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) esta gratuidad se está eliminando progresivamente.
En términos simples: cuanto más exigente es el benchmark, menos derechos gratuitos recibe una instalación por cada unidad producida. Y cuanto menos recibe, mayor es su exposición al precio del carbono que fija el mercado.
Dicho de otro modo, los valores de referencia determinan qué parte de las emisiones “queda cubierta” y qué parte debe pagarse efectivamente.
Esto introduce una realidad fundamental: el coste del carbono no lo fija el mercado, sino la combinación entre precio y benchmarks.
Dos empresas en el mismo sector, que enfrentan el mismo precio ETS, pueden tener costes de carbono distintos. No por lo que emiten en términos absolutos, sino por su posición relativa frente al benchmark. La más eficiente puede cubrir buena parte de sus emisiones; la menos eficiente, no.
El resultado es que el EU-ETS no solo pone precio al carbono. También redistribuye competitividad dentro de cada sector, en concreto, favoreciendo a las que menos emisiones generan. Es decir, genera un incentivo hacia la descarbonización.
Hasta ahora, este sistema ha funcionado con cierto equilibrio sencillo: se introducía la señal de precio sin exponer completamente a la industria, mitigando el riesgo de deslocalización. Pero ese equilibrio está cambiando.
La introducción del CBAM altera las reglas del juego. Por primera vez, la Unión Europea intenta extender el coste del carbono a las importaciones, nivelando el terreno competitivo. La lógica es clara: si producir en Europa implica pagar por emitir, importar productos intensivos en carbono debería implicar lo mismo.
Pero esta lógica solo se sostiene si el coste interno es real, y se traslada de la misma forma a los importadores. Y aquí es donde los benchmarks vuelven al centro del debate.
Si los benchmarks son demasiado laxos, las empresas europeas seguirán recibiendo una parte significativa de sus derechos de emisión de forma gratuita. Su coste efectivo del carbono será, por tanto, inferior al precio ETS y no se podrá aplicar el CBAM sin distorsionar las reglas de la OMC dado que la asimetría es poco asumible. El CBAM dejaría de ser un instrumento climático para convertirse en una herramienta percibida como proteccionista. Y eso tiene implicaciones no solo económicas, sino también geopolíticas y legales.
Si tomamos como referencia el periodo 2013–2020, los benchmarks industriales han ido descendiendo de forma progresiva, con reducciones acumuladas que en algunos sectores superan el 10%. La revisión para 2026–2030 presentada el lunes 11 de mayo por la Comisión Europea propone una nueva caída, más pronunciada en aquellos sectores donde existen alternativas tecnológicas más maduras. El recorte promedio es ligeramente superior al 10% al que había para el quinquenio anterior.
![Gráfico 2: Benchmarks de ciertos sectores y evolución en los últimos años](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/20\/actualidad\/1003744253352_263049347_1706x1054.jpg"])
Gráfico 2: Benchmarks de ciertos sectores y evolución en los últimos años
Por eso, la revisión de benchmarks para el periodo 2026–2030 no es un ajuste técnico más. Es una decisión estratégica que la UE ya ha iniciado.
Si se aprueba de forma coherente con esa transición (-90% en 2040), reforzarán la señal económica, incentivarán la inversión en tecnologías limpias y darán credibilidad al CBAM. Si no lo hacen, el sistema puede quedar atrapado en una contradicción: precios altos sobre el papel, pero costes reales diluidos.
Hasta la fecha este debate ha permanecido relativamente fuera del foco público. Son elementos técnicos, complejos y difíciles de comunicar. Pero resultan determinantes y, por lo tanto, hay que seguirlos y estimar, a partir de ahora, los impactos económicos que pueden tener sobre nuestra industria.
*** Ricardo Pedraz González es profesor de Afi Global Education.
