Hay pocas cosas más rentables en política que pronunciar la palabra “menores” con gesto grave, anunciar una prohibición y presentarse inmediatamente como defensor del bien común. Es exactamente lo que está ocurriendo con las redes sociales.
En España, el Gobierno ha anunciado su intención de prohibir el acceso a plataformas digitales a los menores de dieciséis años y de obligar a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad.
Paralelamente, el Consejo de Ministros remitió al Congreso el proyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y la Comisión Europea ha publicado ya directrices específicas para la protección de menores bajo el Digital Services Act, acompañadas incluso por un prototipo europeo de aplicación de verificación de edad.
El mensaje político es simple, contundente y muy vendible: si el problema son las redes, cerrémosles la puerta a los menores.
El problema es que esa formulación tan cómoda es también intelectualmente tramposa. Porque no, el debate no consiste en decidir si queremos proteger a los menores. Eso ya está decidido.
La cuestión real es otra: si queremos protegerlos de verdad o simplemente escenificar una protección que suene bien en rueda de prensa, y de paso, crear un instrumento para cargarnos el anonimato en la red. Y son cosas muy distintas.
Que existe un problema, existe. Negarlo a estas alturas sería absurdo. El informe de las autoridades sanitarias estadounidenses deja claro que no puede concluirse que las redes sociales sean suficientemente seguras para niños y adolescentes, recuerda que pasar más de tres horas al día en redes se asocia con el doble de riesgo de problemas de salud mental y subraya la necesidad de actuar.
La OCDE, por su parte, insiste en que el bienestar digital infantil exige un enfoque de sociedad completa, no una única medida mágica. Y la propia Comisión Europea habla ya abiertamente de privacidad, seguridad y protección de menores como prioridades regulatorias.
Pero reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución simplista. La evidencia, cuando se lee completa y no convertida en eslogan, es mucho más matizada de lo que suelen admitir los políticos.
Un trabajo publicado en Nature Human Behaviour recuerda algo fundamental: buena parte de la literatura encuentra asociaciones pequeñas y conflictivas, no pruebas causales definitivas, y señala expresamente que los resultados disponibles no permiten sostener una relación causal simple entre uso de redes y deterioro de la salud mental.
Es más, el propio estudio insiste en que no todos los adolescentes viven las redes igual, y que los jóvenes con problemas de salud mental previos presentan patrones de uso diferentes, con más comparación social, mayor impacto emocional del feedback y menor satisfacción con sus relaciones online. Es decir: el problema no es uniforme, y por tanto tampoco debería serlo la respuesta.
Más aún: un estudio longitudinal publicado en JAMA en 2025 introdujo un matiz decisivo que muchos legisladores parecen empeñados en ignorar.
Lo relevante no era tanto el tiempo total de pantalla como el patrón de uso adictivo. Los adolescentes con trayectorias crecientes o elevadas de uso adictivo de redes, móviles o videojuegos mostraban riesgos claramente mayores de ideación suicida, conductas suicidas y otros problemas de salud mental.
Eso cambia completamente la conversación. Porque si el daño está más relacionado con la lógica adictiva que con el mero acceso, entonces prohibir por edad sin tocar el diseño persuasivo de las plataformas es como cerrar el bar a las diez pero dejar intacta la fábrica de alcohol.
Y ahí aparece la gran hipocresía del debate. A la política le encanta hablar de edad, porque la edad es fácil de entender, fácil de legislar y fácil de comunicar.
Lo que no le gusta tanto es hablar del verdadero núcleo del negocio de las plataformas: sistemas algorítmicos diseñados para maximizar permanencia, notificaciones pensadas para interrumpir, recompensas variables, scroll infinito, recomendación opaca y captura masiva de atención.
Eso ya no es un problema de menores: es un problema de modelo económico. Y enfrentarse al modelo económico exige algo bastante menos fotogénico que una prohibición: regulación técnica, supervisión, auditoría, sanciones y conflicto real con las plataformas.
España, de hecho, parece estar avanzando por los dos caminos a la vez, pero con mucho más ruido en uno que en otro. Por un lado, eleva el tono político, habla de prohibiciones y de urgencia generacional. Por otro, su propia arquitectura regulatoria apunta a algo bastante más sofisticado: verificación de edad compatible con privacidad, controles parentales efectivos, protección frente a contenidos nocivos y encaje con el marco europeo.
La AEPD ha trabajado precisamente en pruebas de concepto que separan identidad, verificación de edad y filtrado de contenidos, con el objetivo explícito de que proteger a los menores no implique identificar, rastrear o perfilar a nadie. Es una aproximación mucho más interesante que el clásico “enséñeme usted el DNI para entrar en internet”. El problema es que esa parte técnica y compleja apenas cabe en un titular.
Por eso conviene desconfiar cuando la discusión pública se reduce a “redes sí” o “redes no”. Esa dicotomía infantiliza el debate y, en el fondo, absuelve a quienes han diseñado ecosistemas deliberadamente adictivos. El objetivo no debería ser construir un mundo en el que los menores no entren en internet hasta los dieciséis, algo sencillamente irreal, sino uno en el que, cuando entren, no se encuentren con un casino conductual vestido de servicio gratuito.
Proteger a los menores, sí. Pero no con pánico moral, ni con prohibicionismo perezoso, ni con esa costumbre tan española de legislar contra el síntoma mientras se reverencia la causa.
Si de verdad creemos que hay un problema de salud pública, entonces dejemos de fingir que se arregla preguntando la fecha de nacimiento en una pantalla.
El problema no son solo los menores en las redes. El problema son unas redes construidas para explotar, precisamente, lo peor de nuestra vulnerabilidad. También la de los menores.
***Enrique Dans es Profesor de Innovación en IE University.
