Se asiste, una vez más, al espectáculo dantesco de una industria que ha decidido permutar el aplauso del respetable por la caricia del BOE. El reciente informe del Instituto Juan de Mariana, “Más subvención y menos público”, es la crónica de una defunción anunciada: la del cine español como hecho artístico y empresarial, hoy reducido a un mero apéndice del presupuesto público.
Bajo el palio de la "excepcionalidad cultural" —ese fetiche de la ineficiencia—, se ha edificado un sistema de incentivos perversos donde el éxito no se mide en la taquilla, sino en la habilidad de los productores para extraer rentas del Estado. Es el triunfo de la endogamia presupuestaria sobre la soberanía del consumidor.
Las cifras son contundentes. Entre 2013 y 2025, las ayudas directas y los beneficios fiscales se han multiplicado por 3,6, mientras la cuota de mercado del cine nacional se arrastra por el suelo, superando apenas el 17% en sus mejores años.
A modo de ejemplo, en 2025 se produjeron 364 películas: el 87% de ellas no superó los 100.000 euros de taquilla y unas 106 no alcanzaron siquiera los 1.000 euros de recaudación. Apenas 28 estrenos lograron superar el umbral de los 100.000 espectadores. En suma, el aumento del gasto no ha revertido la tendencia estructural descendente del atractivo del cine patrio.
Al desvincular el ingreso del éxito comercial, se rompe el cordón umbilical que une al creador con su público. El cineasta ya no necesita seducir al espectador, ese burgués caprichoso que vota con su cartera; le basta con complacer al burócrata de turno, cuyas preferencias estéticas suelen ser tan áridas como el desierto de Almería, pero sin su épica.
Si el cine español quiere sobrevivir, debe someterse a una cura de humildad y mercado
Esta distorsión es un caso de manual de selección adversa: no se premia al talento capaz de generar valor, sino al experto en la captura de rentas.
Resulta estremecedor que el coste por espectador en las películas subvencionadas llegue a multiplicar por diez el precio de una entrada media. En la práctica, el contribuyente sufraga la fiesta de una élite cuyos filmes se proyectan ante salas vacías en un ritual de onanismo estatal. Es la apoteosis del "cine de autor" entendido como el derecho inalienable a rodar lo que a nadie interesa con el dinero de todos.
El intervencionismo, lejos de ser el bálsamo que cura las heridas de la industria, es el veneno que la gangrena. Al inundar el sector con más de 100 millones de euros anuales solo en ayudas directas del ICAA —sin contar televisiones públicas e incentivos fiscales que elevan la factura a niveles estratosféricos—, se expulsa la inversión privada genuina y se fomenta una estructura de costes hipertrofiada. No hay disciplina de gasto cuando el riesgo está socializado.
Por cada euro que el Estado detrae de actividades productivas para enterrarlo en filmes que no ven ni las familias de los directores, se produce una pérdida neta de bienestar. Es el coste de oportunidad de la soberanía cultural: hospitales o bajadas de impuestos sacrificados en el altar de una cinematografía empeñada en ignorar que el cine es, ante todo, una industria.
Pero claro, este concepto es una ordinariez propia de "economistas sin alma" para los cenáculos del artisteo subvencionado.
El cine español se ha convertido en un sector extractivo, similar a las antiguas empresas públicas del INI, pero con alfombra roja. Un porcentaje ínfimo de títulos acapara la gran mayoría de la recaudación, mientras una "larga cola" de producciones fantasmales solo sobrevive gracias a la ubre administrativa.
La dependencia es tal que cualquier atisbo de reforma es recibido con gritos de censura o ataques a la libertad de expresión, cuando lo único que está en juego es el privilegio de seguir viviendo a expensas del prójimo. Es una sátira en sí misma: aquellos que más presumen de rebeldía son los que con mayor fervor se abrazan al presupuesto público.
El daño es estructural. Se ha destruido el capital humano necesario para competir en un mercado global. Mientras las plataformas demuestran que hay hambre de contenido en español, nuestro cine "oficial" sigue ensimismado en temáticas que la audiencia rechaza sistemáticamente.
En lugar de crear películas atractivas, las productoras han desarrollado departamentos jurídicos expertos en ingeniería de subvenciones. Es la tragedia de los comunes aplicada al celuloide, y el público ha respondido con la única arma que posee: el absentismo.
Si el cine español quiere sobrevivir, debe someterse a una cura de humildad y mercado. Debe abandonar el biberón administrativo y enfrentarse al veredicto de las salas sin la red de seguridad del erario. La cultura no se defiende blindándola contra la competencia, sino permitiendo que florezca en libertad, asumiendo que el riesgo es la contrapartida necesaria de la creatividad.
Todo lo demás no es arte; es simplemente contabilidad creativa a cargo de un contribuyente exhausto que ya no aguanta más ficciones a su costa.
