España 2026: estabilidad condicionada

España no atraviesa una crisis fiscal; podríamos definirlo con mayor precisión como una estabilidad condicionada por su arquitectura institucional.

Los datos macro, en apariencia, son sólidos. La deuda pública se sitúa en torno al 101,8% del PIB. El rating soberano ha sido elevado a A+ con perspectiva estable. El déficit previsto para 2026 se mueve en el entorno del 2,1% del PIB, condicionado a ajustes adicionales.

En términos comparativos, España presenta mejores cifras relativas que Francia (113% de deuda/PIB y déficit cercano al 5%) e Italia (135% de deuda/PIB y déficit del 2,8%). Incluso mantiene mejor calificación crediticia que ambos.

En el sector energético (habitual termómetro adelantado de tensión sistémica) el 57% de los directivos identifica ya el riesgo regulatorio como su principal amenaza.

Sin embargo, es el único de los tres (y de toda la eurozona) que encara 2026 sin presupuestos aprobados, y sin haber remitido plan presupuestario formal a Bruselas.

Francia, con mayor tensión fiscal, aprobó sus cuentas mediante el artículo 49.3 de su Constitución. Italia, con deuda significativamente superior, lo hizo con mayoría parlamentaria estable.

España mantiene mejores números, pero carece del instrumento central de gobernanza fiscal: el presupuesto vigente. Ahí reside la anomalía.

La estabilidad macro no es un dato, sino el resultado de una arquitectura institucional capaz de sostenerlo. Cuando uno de sus elementos esenciales (presupuestos operativos, mayorías funcionales o reglas de ajuste) desaparece, la estabilidad deja de ser estructural y pasa a ser contingente.

Por eso, más que el volumen de deuda, lo que define el riesgo estructural es la combinación entre restricción fiscal, fragmentación parlamentaria y calendario político. Pero, aun así, hay una variable menos visible que rara vez se incorpora a los modelos financieros: la elasticidad normativa del sistema.

La estabilidad económica descansa en la previsibilidad de las reglas que permiten corregir desequilibrios. Cuando un sistema pierde capacidad de aprobar sus propios instrumentos de ajuste, el riesgo, más allá de la cifra actual, reside en su capacidad futura de autocorrección.

España, más que crisis, presenta una suerte de fragilidad acumulada.

La Comisión Europea ha observado riesgo de desviación por incremento de gasto, y la OCDE recomienda ajustes estructurales antes de 2031. El propio Plan Fiscal-Estructural 2025-2028 concentra el esfuerzo corrector hacia el final del periodo.

En paralelo, el país entra en un ciclo electoral continuo, con autonómicas en 2026, municipales y previsibles generales en 2027. Y lo cierto es que cuando el ajuste está pendiente, y el calendario electoral se aproxima, la política económica deja de operar exclusivamente bajo criterios técnicos y comienza a responder a lógicas de equilibrio parlamentario.

Aquí conviene detenerse un momento.

En contextos de minoría parlamentaria, los ajustes rara vez se presentan como grandes reformas fiscales explícitas. Más bien se fragmentan. Se introducen como modificaciones técnicas, figuras transitorias, cambios sectoriales específicos o reinterpretaciones regulatorias. No se anuncian como consolidación presupuestaria, sino que se justifican como equidad, transición o sostenibilidad.

En este punto, la arquitectura del ajuste importa más que su magnitud. Y esa arquitectura depende menos de la aritmética fiscal que de la aritmética parlamentaria.

En entornos de fragmentación, además, la política económica tiende a desplazarse desde el presupuesto hacia la regulación. Más que por eficiencia, por viabilidad. Y así, cuando el presupuesto pierde centralidad, la regulación gana discrecionalidad.

Este desplazamiento raramente figura en los análisis macro convencionales, pero altera de forma sustancial la naturaleza del riesgo empresarial. Comprender la estructura que sostiene la cifra es, en estos entornos, más decisivo que proyectar la cifra misma.

La experiencia comparada resulta esclarecedora.

Francia ha aprobado un ajuste de 43.800 millones de euros, incluyendo contribuciones extraordinarias sobre grandes empresas. E Italia ha introducido gravámenes sectoriales sobre banca y aseguradoras por 12.000 millones y ha reforzado su fiscalidad financiera.

España no ha aplicado ajustes equivalentes, lo cual no implica que no sean necesarios, sólo que están diferidos.

Y cuando los ajustes llegan en entornos de restricción presupuestaria, rara vez se distribuyen de forma homogénea. Tienden a concentrarse en sectores con capacidad recaudatoria, intensivos en capital o con elevada visibilidad política. El riesgo no suele ser un cambio brusco, sino una acumulación de micro-decisiones coherentes con una necesidad fiscal estructural.

Evaluar únicamente la norma publicada resulta insuficiente. El verdadero análisis comienza cuando se examina la arquitectura de poder que puede modificarla, la aritmética parlamentaria que la sostiene y la necesidad fiscal que la presiona. En política económica, lo verdaderamente decisivo no es la norma que se anuncia, sino el margen que se estrecha sin anunciarse: el espacio donde se producen los desplazamientos estructurales.

En el sector energético (habitual termómetro adelantado de tensión sistémica) el 57% de los directivos identifica ya el riesgo regulatorio como su principal amenaza. No se refieren a la norma publicada. Se refieren a la percepción de que el marco puede reconfigurarse cuando converjan restricción fiscal y calendario político. Y es que estas percepciones suelen preceder a los ajustes.

España, más que crisis, presenta una suerte de fragilidad acumulada.

Cuando el margen fiscal se estrecha y la gobernanza presupuestaria es limitada, la estabilidad deja de ser un punto de partida y pasa a ser una variable dependiente del equilibrio político y presupuestario.

Por eso los consejos deberían decidir con visión de estructura, no solo con información financiera. Y las compañías que estén estructurando CAPEX en España harían bien en incorporar escenarios de ajuste regulatorio en sus modelos financieros antes de 2027; más que como hipótesis extrema, como variable central de planificación.

No por alarma, sino por método.

*** José Parejo es fundador y CEO de Jose Parejo & Associates, firma que desarrolla análisis estructural y anticipación sistémica para instituciones públicas y compañías estratégicas.