Pedro Sánchez
En diciembre 2023, el presidente del Gobierno anunció el compromiso de construir 184.000 viviendas destinadas al alquiler asequible.
Unos meses después, se informó que ya se habían movilizado una parte importante de ellas, incluyendo la incorporación de suelos y viviendas de Sareb, a la que por entonces querían convertir en una empresa pública de vivienda. Las viviendas ni están ni se las espera.
En septiembre 2025 el Gobierno sacó a audiencia pública el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que tuvo muy buena acogida por gran parte del sector porque iba a estar dotado con 7.000 millones de euros (el Estado asumiría el 60% y el 40% restante las Comunidades Autónomas), y por la cantidad de ayudas que contemplaba, entre ellas a la promoción directa, o en régimen de colaboración público-privada, de viviendas para destinarlas al alquiler social o asequible, incluso para la rehabilitación de edificios existentes.
Debo hacer notar que yo no mostré la misma complacencia, no tanto por las ayudas que incluía (prácticamente se concederían para todo lo imaginable), sino porque conllevaba la obligación de que las Comunidades Autónomas que quisieran adherirse al Plan tendrían que aplicar en su integridad la ley por el derecho a la vivienda que, como es bien sabido, cuenta con un rechazo casi absoluto, a excepción de Cataluña y en menor medida el País Vasco y Navarra. Del Plan Estatal de Vivienda, que iba a estar aprobado en la segunda quincena de diciembre, nunca más se supo.
No sorprendió a nadie, por esperado, que en diciembre 2025 se transformase la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) en la Entidad Estatal de Vivienda, más conocida por Casa 47, que, inmediatamente, lanzó una convocatoria pública de alquiler asequible del futuro parque de viviendas, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de febrero.
El problema de la vivienda no solo lo tiene España, aunque aquí se ha convertido en una emergencia social
En la página web del MIVAU se puede comprobar que la convocatoria se limita a 134 viviendas en Pontevedra y Valencia, y 37 viviendas en Asturias. Mucho ruido para tan pocas nueces.
El suelo de SEPES y SAREB no da para construir muchas viviendas y las pocas viviendas que tiene, la mayoría están ocupadas o ubicadas dónde no se necesitan. Las responsables de Casa 47 y del MIVAU han reconocido públicamente que “las viviendas no se hacen de un día para otro”, tardarán varios años en levantarse.
Cuando consigan disponer de un mínimo parque en alquiler se darán cuenta que en las condiciones anunciadas (duración hasta 75 años, en la práctica contratos indefinidos, de por vida) no existirá rotación, y ya sabemos lo que ocurrió hasta que un gobierno del PSOE liberalizó los alquileres en 1985.
El pasado 15 de enero, el Presidente anunció la creación de un Fondo Soberano, “España Crece”, dotado con 10.500 millones de euros, procedentes de los fondos NextGenerationEU, con el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales, vehículo de inversión que gestionará el ICO, para desplegar 60.000 millones de euros de financiación, qué coinvertirá con el sector privado, para que este aporte otros 60.000 millones de euros.
Queda claro, ¿verdad? Se persigue que el fondo soberano dotado con 10.500 millones despliegue 109.500 millones de fondos, diez veces más de lo que aportará el ICO.
El pasado lunes, 16 de febrero, se dio un paso más: parte de ese fondo soberano irá a la construcción de viviendas, movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados destinados a financiar la construcción de 15.000 viviendas al año.
Pero el ICO solo inyectará inicialmente 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos (no es tan seguro que la UE acepte que una parte significativa de los fondos NGEU, que el Estado español no ha sido capaz de gastar, y el plazo termina en 2026), con el objetivo de atraer 9.000 millones de euros de inversores privados. ¿Estarán los inversores dispuestos a aportar fondos sin seguridad jurídica?
Y hoy, 17 de febrero, se ha echado un órdago a los promotores e inversores privados: no tendrán que devolver toda la deuda que contraigan, podrán obtener quitas de hasta el 30%, lo que podría llegar a suponer condonarles hasta 32.850 millones de euros (ojo, este tipo de ayudas no son compatibles con las normas de la UE, porque distorsionan la competencia).
Y en la presentación del fondo a empresarios e inversores, se siguen vinculando vivienda y especulación: “El fondo soberano extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional (la vivienda), sino para construir un hogar”.
El problema de la vivienda no solo lo tiene España, aunque aquí se ha convertido en una emergencia social.
El informe del Comité de Vivienda del Parlamento Europeo reconoce que en Europa se necesitan 10 millones de viviendas, y propone, entre otras medidas, la dotación de un fondo europeo en el marco del Plan de Vivienda Asequible. ¿Competirá España con la UE con un fondo propio?.
Por fin el Gobierno ha asumido que el problema de la vivienda es debido fundamentalmente a la insuficiencia de oferta, y sabe que no se puede resolver ni en el corto ni siquiera en el medio plazo. Y hoy ha reconocido que sin el sector privado no será posible hacerlo.
Un sector inmobiliario que ha demostrado sobradamente que es capaz de construir más viviendas… si se le dan los medios y no se le ponen trabas. Solo el sector privado, en colaboración público privada, puede conseguirlo. Pero se necesita seguridad jurídica y autonomía en la gestión. Si ambas no se garantizan, el fondo soberano (para viviendas) quedará en otro anuncio más.
Y el Gobierno tiene que entender que el sector de la construcción en España carece de capacidad para aumentar significativamente el número de viviendas terminadas, que en promedio apenas superan las 100.000 anuales, la mitad de los nuevos hogares que se crean.
Y que faltan infraestructuras: el desarrollo de nuevas viviendas se está viendo comprometido por las dificultades para conseguir potencia eléctrica. Y que no se pueden conseguir viviendas asequibles si siguen subiendo los costes de construcción (tenemos desde noviembre 2025 un anteproyecto de modificación del Código Técnico de Edificación, que incrementará aún más los costes). No se deben hacer promesas que no se podrán cumplir.
***Julián Salcedo es economista y experto en el sector inmobiliario.
