El programa de prestación universal por crianza, sancionado por el Consejo de Ministros esta semana en el marco de esa entelequia denominada Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, constituye un ejemplo paradigmático de la deriva populista e intervencionista de la coalición social-comunista.
Bajo la pretensión de erradicar la pobreza infantil y estimular la natalidad, el Ministerio de Derechos Sociales se dispone a regar el cuerpo social con 200 euros mensuales por hijo y sin tener en cuenta la renta de sus destinatarios. Esto contradice todos los criterios básicos de eficiencia y equidad. Además, esa iniciativa es incapaz de lograr los objetivos perseguidos como ha mostrado la ciencia económica y la experiencia.
Desde una óptica teórica, la universalidad de esa prestación ignora la distinción fundamental entre asistencia social y transferencia patrimonial. Ello implica despreciar algo básico: la focalización del gasto.
El carácter universal de la prestación la hace intrínsecamente ineficiente porque genera masivas "fugas de bienestar" (leakages en su terminología anglosajona). Ello ocurre cuando una parte sustancial de los beneficios de un programa estatal termina en manos de personas que no lo necesitan.
Al eliminar el umbral de renta, el programa deja de ser una red de seguridad para convertirse en un subsidio regresivo encubierto. Pero ahí no termina la historia.
El "efecto renta" producido por este tipo de programas incentiva la inactividad y perpetúa la dependencia del Estado
Peor aún es el efecto devastador de la prestación universal por crianza sobre los incentivos. Como enseña la teoría microeconómica y avala la experiencia, cualquier transferencia monetaria incondicional eleva el ingreso no procedente del trabajo y, por ende, reduce el coste de oportunidad del ocio o de abandonar la búsqueda de empleo.
En consecuencia, la introducción de estas medidas provoca una reducción significativa en el número de horas trabajadas, especialmente entre los hogares encabezados por mujeres (Hoynes, H.W. & Whitmore Schanzenbach, D., Work Incentives and the Food Stamp Program, Journal of Public Economics, Vol. 96, 2012).
Por tanto, el "efecto renta" producido por este tipo de programas incentiva la inactividad y perpetúa la dependencia del Estado, erosionando la base imponible y la propia dignidad del individuo como agente económico soberano.
Es el triunfo de la cultura del subsidio sobre la responsabilidad individual y el esfuerzo. Además, este intervencionismo produce un inevitable crowding out: el Estado desplaza las iniciativas privadas de ahorro y previsión familiar, fomentando un modus vivendi de servidumbre que erosiona la autonomía del ciudadano frente al Leviatán estatal.
Los datos disponibles a escala global no son solo desfavorables; son demoledores. Los estudios transversales realizados por la OCDE sobre beneficios universales en Europa son meridianos: por cada incremento del 10 por 100 en las ayudas, la fertilidad apenas crece mientras la participación laboral femenina cae entre 1 y 2 puntos porcentuales, castigando la empleabilidad de las madres con menores ingresos.
De acuerdo con los datos del INE, España cuenta con aproximadamente 8,33 millones de menores de 18 años
El caso de Polonia con su programa "500+" es desolador: un descenso drástico de hasta 3 puntos en la oferta de trabajo materna y una cronificación de la dependencia estatal que yugula cualquier atisbo de movilidad social.
Ni siquiera el modelo canadiense escapa a esta lógica de incentivos perversos; el NBER (2023) ha documentado cómo el Canada Child Benefit, pese a su cosmética reducción de la pobreza monetaria, ha provocado una caída de 1,7 puntos en la actividad laboral de las madres, neutralizando las supuestas ganancias de bienestar mediante la atrofia del capital humano.
En la misma línea, el Kindergeld alemán, que devora 40.000 millones de euros anuales, se ha saldado con un fracaso demográfico: el estímulo en la natalidad fue un mero y efímero espejismo que decayó rápidamente, dejando tras de sí un agujero presupuestario y una tendencia de fondo de envejecimiento inalterada.
Finalmente, el UBI Center (2021), analizando el Child Tax Credit en Estados Unidos, termina de derribar el mito demográfico al certificar elasticidades de fertilidad ínfimas ($0,05-$0,41), lo que demuestra que el cheque público es un instrumento romo frente a las decisiones de planificación familiar, sirviendo únicamente como un oneroso mecanismo de transferencia que desincentiva la participación en la economía real.
Por otra parte, la ya insostenible situación fiscal de España, con una deuda pública que cabalga por encima del 100 por 100 del PIB y un déficit estructural crónico enquistado alrededor del 3,7 por 100 del PIB, no admite más experimentos expansivos. En términos presupuestarios, la medida es temeraria.
De acuerdo con los datos del INE, España cuenta con aproximadamente 8,33 millones de menores de 18 años. En consecuencia, el coste de la transferencia universal para la crianza se dispara hasta los 20.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 1,3% del PIB.
Sin una financiación clara, ello implicará recortes en otras áreas o nuevas exacciones impositivas, agravando el déficit proyectado del 3-4% del PIB.
La verdadera política social no consiste en repartir cheques en blanco, sino en liberar a la economía de trabas, fomentar la inversión en capital humano y garantizar que el crecimiento, y no el subsidio, sea el motor de la prosperidad familiar. Se pretende encerrar a los españoles en una suerte de "trampa de la pobreza" sin atacar jamás las raíces del problema: la asfixia regulatoria y la confiscación fiscal que impiden el progreso real.
