Donald Trump
Cada vez que reaparece la idea de “comprar Groenlandia”, el reflejo inmediato es despacharla como una boutade política. Sin embargo, basta rascar un poco para comprobar que el debate no es ni absurdo ni ajeno a la historia. Lo que ocurre es que hoy ya no se formula en los mismos términos que en el siglo XIX o en los estertores del colonialismo, y ahí reside la clave.
Desde el punto de vista del derecho internacional contemporáneo, un territorio con población no es un objeto de intercambio entre Estados. El principio de autodeterminación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, establece que los pueblos tienen derecho a decidir su estatus político.
Traducido a términos prácticos, cualquier cambio de soberanía exige la participación de la población afectada a través de sus instituciones y, en los casos sensibles, mediante referendos. Groenlandia, además, cuenta con un régimen avanzado de autogobierno dentro del Reino de Dinamarca y con un marco legal que reconoce explícitamente su derecho a avanzar hacia mayores cotas de soberanía, incluso la independencia, si así lo decide su población.
No hay atajos jurídicos. No se puede “comprar” un territorio ignorando a quienes lo habitan.
Dicho esto, conviene recordar que la compraventa de territorios no es una fantasía histórica. Estados Unidos construyó buena parte de su geografía política mediante operaciones de este tipo. La compra de Luisiana a Francia en 1803 o la adquisición de Alaska a Rusia en 1867 son ejemplos canónicos. El denominador común no fue el precio pagado, sino la capacidad de integrar esos territorios en un proyecto de poder a largo plazo.
Dinamarca tampoco es ajena a este tipo de precedentes. En 1917 vendió las Indias Occidentales Danesas a Estados Unidos, hoy Islas Vírgenes estadounidenses, en una operación que incluyó un pago directo.
La diferencia es que, desde el siglo XX, la legitimidad política y el consentimiento de la población se han convertido en el verdadero núcleo del problema
La diferencia es que, desde el siglo XX, la legitimidad política y el consentimiento de la población se han convertido en el verdadero núcleo del problema.
Por eso, si uno quiere tomarse en serio la hipótesis de Groenlandia, debe reformular la pregunta. No se trata de una compraventa clásica entre Estados. El escenario plausible pasa, antes, por un proceso de mayor soberanía o independencia de Groenlandia respecto de Dinamarca, seguido de acuerdos de asociación estratégica con terceros países. Ese camino, complejo y políticamente sensible, desplaza el foco de Copenhague a Nuuk y convierte a la población groenlandesa en el actor central de cualquier negociación futura.
A partir de ahí, el debate deja de ser jurídico y pasa a ser económico y político. Groenlandia es un territorio inmenso con una población extraordinariamente reducida, algo menos de 57.000 habitantes.
Sin trivializar lo que eso implica en términos sociales y culturales, esa realidad permite hacer un ejercicio puramente ilustrativo que ayuda a poner las cifras en contexto. Si se piensa en un escenario básico, orientado simplemente a sustituir y mejorar las transferencias que hoy sostienen buena parte del gasto público, un rango de entre 10.000 y 30.000 dólares por habitante situaría el coste total entre 600 millones y 1.700 millones de dólares.
Incluso llevando el planteamiento a un extremo deliberadamente generoso, en el entorno de un millón de dólares por persona, el desembolso agregado rondaría los 57.000 millones de dólares, una cifra elevada, pero todavía manejable para una gran potencia si se analiza como una inversión estratégica de largo plazo o si va de la mano de las grandes compañías del país para quienes este giro político supone un oasis para sus inversiones.
Groenlandia ofrece algo cada vez más escaso: espacio, estabilidad climática relativa, acceso ilimitado de agua, enorme potencial energético y una localización clave en el Ártico
¿Alguien piensa de verdad que si Google o Amazon, cuyo capex en 2024 superó ampliamente los 100.000 millones de dólares, pudieran realmente invertir en Groenlandia no lo habrían hecho ya?
Expresadas por habitante, estas cantidades resultan casi provocadoras, pero cumplen su función pedagógica. No sugieren que una población se “compre”, sino que ayudan a entender una idea esencial. El verdadero reto no estaría en el cheque inicial, sino en el compromiso permanente que vendría después más sustentado por las inversiones de las empresas privadas que por el presupuesto público.
La cuestión de fondo es si una operación así tendría sentido para Estados Unidos. Su valor no reside únicamente en los recursos naturales, aunque los tenga, sino en su posición geoestratégica.
Groenlandia ofrece algo cada vez más escaso: espacio, estabilidad climática relativa, acceso ilimitado de agua, enorme potencial energético y una localización clave en el Ártico. Todo ello la convierte en un enclave idóneo para infraestructuras críticas del siglo XXI, desde centros de datos hasta instalaciones estratégicas vinculadas a defensa y seguridad.
En un mundo de necesidades energéticas crecientes y de demanda digital mastodóntica, Groenlandia no sería tanto una fuente de extracción como una plataforma de soporte. ¿Si el Estado facilita la tarea más complicada por qué negarse las empresas a su desarrollo?
Ahí es donde el debate trasciende la isla. Groenlandia no es solo un territorio, es un síntoma. Un síntoma de cómo están cambiando las reglas del poder internacional. La doctrina Trump, con su énfasis en la amenaza, la coerción económica y el uso explícito del dinero como herramienta de política exterior, ha erosionado el modelo clásico de diplomacia basada en consensos y marcos multilaterales.
La pregunta, por tanto, no es si se puede comprar un territorio, secuestrar un presidente o apropiarse de un canal. La pregunta es qué dice este debate sobre el mundo en el que estamos entrando. Un mundo en el que la soberanía se negocia y donde el dinero ocupa un lugar central como instrumento de poder.
Fue lo que hizo Europa con el colonialismo. Hoy Groenlandia, más que una isla, es el espejo de ese nuevo orden.