La reforma del sistema de financiación autonómica de 2026 se presenta ante la opinión pública como el bálsamo definitivo para una herida institucional abierta durante más de una década
. Sin embargo, tras la retórica de la "cogobernanza" y el "blindaje de los servicios públicos", subyace una arquitectura que no solo compromete la cohesión nacional, sino que dinamita los pilares de la eficiencia económica.
Bajo este nuevo paradigma, se asiste a una peligrosa mutación del Estado Autonómico hacia lo que podría definirse como un centralismo asimétrico en materia financiera: un modelo donde el Estado central recupera el control político y normativo sobre los tributos, pero distribuye los recursos de forma desigual atendiendo a privilegios territoriales y elimina de paso cualquier incentivo para la eficiencia regional.
El nuevo sistema incurre en fallas estructurales que comprometen la sostenibilidad a largo plazo. La introducción del principio de ordinalidad —fruto de la bilateralidad exigida por intereses partidistas y extendida al régimen común como un parche de urgencia— constituye una quiebra técnica del concepto de nivelación.
Es una contradicción flagrante que la solidaridad interterritorial se vea limitada por la exigencia de que ninguna comunidad pierda posición relativa tras su contribución al fondo común.
Si la capacidad redistributiva del Estado queda supeditada a mantener el actual ranking de riqueza intacto y a perpetuidad, la convergencia real se convierte en una entelequia.
El sistema deja de ser un mecanismo de corrección de desigualdades para transformarse en una estructura de cristalización de privilegios, donde la brecha de recursos entre ciudadanos se institucionaliza bajo un barniz de legalidad técnica.
Uno de los aspectos más lesivos de esta reforma es el asalto frontal a la competencia fiscal. Al imponer una armonización forzosa bajo el pretexto de evitar el "dumping", el modelo de 2026 elimina el último vestigio de libertad que permitía a las comunidades autónomas actuar como laboratorios de políticas públicas.
La competencia fiscal, lejos de ser un juego de suma cero, funcionaba como un mecanismo de control ciudadano frente al apetito extractivo de las administraciones. Al cercenar la capacidad de las regiones para bajar impuestos y atraer inversión, el Estado central impone un monocultivo fiscal que asfixia el dinamismo económico.
El modelo de 2026 elimina el último vestigio de libertad que permitía a las comunidades autónomas actuar como laboratorios de políticas públicas.
Este movimiento no busca la justicia, sino la comodidad administrativa de un Ministerio de Hacienda que prefiere comunidades dóciles y cautivas a gobiernos regionales que desafíen la presión fiscal dominante con modelos más competitivos y eficientes.
Esta anulación de la competencia fiscal agudiza de forma dramática la falta de corresponsabilidad. Un sistema de financiación sano debería exigir que quien gasta sea responsable ante sus ciudadanos de la presión fiscal necesaria para financiar ese gasto.
Sin embargo, el modelo actual profundiza en la desconexión entre la gestión y el coste. Al aumentar las transferencias directas y las entregas a cuenta —que alcanzarán cifras récord este año—, el sistema fomenta que los gobiernos autonómicos se comporten como meros gestores de subsidios estatales.
La responsabilidad política se disuelve en un laberinto de fondos de suficiencia y ajustes técnicos donde el ciudadano pierde la capacidad de fiscalizar el uso de su dinero. Los gobiernos autonómicos ya no rinden cuentas a sus votantes por su eficiencia tributaria, sino al Gobierno central por su capacidad de negociación en los despachos.
Este escenario refuerza la tesis de un centralismo asimétrico. Es centralismo porque el Estado recupera una posición monopolística sobre la estructura impositiva, eliminando la capacidad de las autonomías para diferenciarse; pero es asimétrico porque el reparto de esa caja común no obedece a criterios de necesidad ciudadana, sino a la debilidad política del Ejecutivo central.
El resultado es un híbrido monstruoso: un Estado que dicta normas uniformes para impedir la competencia, pero que reparte los beneficios de forma discrecional para asegurar apoyos legislativos.
![El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/08\/19\/invertia\/economia\/696690781_226554899_320x180.jpg"])
Las comunidades autónomas quedan reducidas a meras ventanillas de pago, despojadas de su dimensión política como entidades con capacidad de decidir su propio camino fiscal.
La condonación de deuda masiva, que alcanza los 83.000 millones de euros, actúa como la estocada final a la moralidad del sistema.
Al mutualizar el pasivo acumulado por gestiones deficientes, se genera un riesgo moral que invalida cualquier intento futuro de disciplina presupuestaria.
El mensaje es claro: el cumplimiento de las reglas es opcional para aquellos con peso político, mientras que la austeridad de los cumplidores no obtiene recompensa.
Esta impunidad financiera deslegitima las instituciones y erosiona la confianza del contribuyente, que observa cómo sus impuestos no se destinan a mejorar los servicios, sino a engrasar los acuerdos bilaterales que sostienen la arquitectura del poder.
En última instancia, el sistema de 2026 no es un proyecto de nación ni un avance hacia un modelo federal eficiente. Es una claudicación del Estado ante las pulsiones territoriales, que sustituye la cohesión por el clientelismo regional y la competencia por el dirigismo.
Es una claudicación del Estado ante las pulsiones territoriales, que sustituye la cohesión por el clientelismo regional y la competencia por el dirigismo.
Al eliminar la corresponsabilidad fiscal y blindar la desigualdad mediante la ordinalidad, el Gobierno ha diseñado un artefacto que garantiza la supervivencia de la coalición en el corto plazo.
Es una reforma que soluciona un problema de aritmética parlamentaria a costa de hipotecar la igualdad de los españoles, convirtiendo el mapa de la financiación en un tablero de agravios comparativos donde la eficiencia es castigada y la dependencia estatal es la única estrategia de supervivencia posible.
