La fiesta de fondos europeos que pagaremos sin haberla disfrutado

Hay días en los que la realidad se impone como un gráfico en rojo. La decisión del Gobierno de renunciar a 63.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación es la constatación de la incapacidad para gestionar con solvencia la mayor inyección de recursos europeos de nuestra historia.

Después de seis modificaciones del Plan de Recuperación, el gobierno anuncia la séptima adenda a un Plan que ha disminuido su ambición y se ha convertido en una herramienta para distribuir fondos de manera arbitraria en ausencia de presupuestos.

Ni lideramos desembolsos, ni la ejecución y, si esto tiene que ser un cohete, va camino de estrellarse.

A 31 de octubre de 2025, los pagos realizados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), apenas alcanzan el 12,4% de lo presupuestado.

Sólo 4.300 millones en diez meses sobre más de 34.500 millones disponibles. Este 2025 es, además, el peor ejercicio de todo el Plan, tanto en porcentaje como en volumen absoluto.

Ejecución presupuestaria de los Next Gen.

El Plan de Recuperación, ampliado con la Adenda de 2023, se presentó como una palanca de 163.000 millones de euros, aproximadamente el 13% del PIB, entre subvenciones y préstamos del MRR.

Sobre el papel, debía servir para disparar la inversión pública, arrastrar cuatro euros privados por cada euro público y elevar la productividad mediante reformas y proyectos transformadores.

Era el sueño de cualquier planificador, miles de páginas para rediseñar la estructura productiva del país desde arriba.

Hayek habría levantado una ceja ante la “fatal arrogancia” de Sánchez al creer que desde los despachos de Moncloa sabían más que millones de ciudadanos y empresas sobre qué inversiones son necesarias, en qué sectores y con qué prioridades.

Cinco años después, España ha recibido 71.432 millones (55.092 en subvenciones y 16.340 en préstamos).

Según Eurostat solo se habría ejecutado en torno al 19,5% de lo asignado hasta 2024, la productividad por ocupado sigue por debajo de 2018 (-0,9%) y la inversión privada en términos reales (descontando inflación) es un 5,1% inferior a 2019. El plan ha servido a Sánchez pero no a los intereses de los españoles.

Además, nos estamos en un momento crítico. Al “efecto bola de nieve” de fondos que se arrastran sin ejecutar, se añade el “efecto precipicio” ante el vértigo de finalizar las inversiones antes de agosto de 2026, los desembolsos solicitados antes de septiembre y el dinero recibido antes de diciembre de ese año.

Cuanto más se retrasa la ejecución, más crece la presión, más se multiplican las renuncias de beneficiarios que ya saben que no llegarán a tiempo y más fondos se gastan en finalidades nada transformadoras o adjudicaciones discrecionales para mejorar la “photo finish”.

Pagos realizados por Ministerios.

Las cifras por ministerios son elocuentes: en octubre de 2025, Educación no llega ni al 1% de pagos realizados, Transición Ecológica apenas supera el 2,7%, Ciencia e Innovación se queda en el 3% y Vivienda en torno al 10%. Son precisamente las carteras llamadas a impulsar la productividad, la innovación o la oferta de vivienda. En cambio, los ministerios con mejor ejecución se concentran en gasto social y aparato administrativo.

El problema no es la falta de dinero, sino la incapacidad para invertirlo bien y a tiempo.

Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, el Plan se ha modificado seis veces. En la Adenda de 2023 se reformularon 52 hitos y objetivos. Después llegaron decisiones de la Comisión que afectaron primero a 16 medidas, luego a 33, luego a 12, hasta culminar en octubre de 2025 con 17 medidas más redefinidas. El denominador común, problemas administrativos, cargas burocráticas, falta de demanda en programas clave y errores de diseño de los indicadores que hacen imposible verificar los hitos.

Modificación adendas

Estos motivos no caen del cielo. Son responsabilidad directa de Sánchez. Por si hay dudas, cuando la Comisión señala que una medida es inviable por “falta o insuficiencia de demanda”, lo que está diciendo es que los programas no encajan con las necesidades y capacidades reales de las empresas españolas.

Hayek insistía en que el conocimiento relevante para la acción económica está disperso y es local, Sánchez ha ignorado esa lección básica.

Por eso, la renuncia de 63.000 millones de euros en préstamos no es un acto de prudencia. La excusa oficial es que los tipos de interés ya no hacen tan ventajosos los créditos europeos. Es una media verdad. Si España hubiera solicitado los préstamos desde 2021, como hizo Italia, habría disfrutado durante los años más duros de la crisis con financiación a un coste reducido, incluso por debajo del FLA, especialmente en instrumentos como el FRA gestionado por el BEI.

Fondos y convocatorias.

El verdadero problema es que no se han cumplido los hitos en tiempo y forma, con solicitudes de pago retrasadas más de un año desde el tercer desembolso, a nueve meses del cierre del Plan más de la mitad de los hitos siguen pendientes y un Gobierno en minoría no tiene capacidad para aprobar las leyes comprometidas en materia de reformas.

La decisión de no usar la mayoría de los préstamos es, en el fondo, una forma de evitar que esa incapacidad quede aún más en evidencia.

Mientras tanto, Sánchez ha convertido los fondos europeos en su tabla de salvación. Ha podido mover créditos de un ministerio a otro sin pasar por unas nuevas cuentas públicas, gobernando a golpe de modificación de créditos con financiación europea.

Es la otra cara del “milagro” presupuestario: Sánchez ha sobrevivido sin Presupuestos nuevos porque tenía una hucha europea que podía reordenar a su conveniencia. Pero la hucha se acaba y a partir de 2028 comienza la parte más ingrata de esta historia: pagar.

El Plan se financia con deuda común europea que se devolverá entre 2028 y 2058. España, que aporta alrededor el 9% de la Renta Nacional Bruta de la UE, aportará al presupuesto europeo una porción equivalente a los fondos destinados a subvenciones. Lo dramático, es que estas aportaciones adicionales no saldrán de los incrementos del PIB y mejoras de productividad generadas por el plan, sino de los impuestos de los españoles por el fracaso de Sánchez.

Pagaremos igual hayamos aprovechado bien o mal el Plan. Solo cambia algo importante: llegaremos a 2028 con los servicios públicos deteriorados, peores infraestructuras, menos capital humano y menos inversión privada inducida de la que podríamos haber tenido.

La economía no es una máquina que pueda calibrarse con un manual de un cajón de la oficina económica de Moncloa, sino que depende de un orden complejo basado en reglas generales, incentivos y responsabilidad. El Plan de Recuperación ha sido lo contrario: un gigantesco experimento de ingeniería social financiado con deuda, diseñado desde arriba y confiado a un gobierno radical.

El resultado es que seguiremos a la cola en inversión y productividad y, sin embargo, la factura de los fondos llegará puntualmente entre 2028 y 2058, mientras Sánchez ya no estará para exigirle cuentas y nadie en el Consejo de Ministros actual seguirá en su asiento. Pero los contribuyentes, las empresas y las futuras generaciones sí estarán aquí. Y tendrán que pagar una fiesta a la que apenas fueron invitados y de la que, desde luego, no han salido más prósperos.

Santiago Sánchez López - Economista