Juego de ajedrez
España no está entrando en una crisis, pero sí en un entorno para el que la mayoría de las organizaciones no dispone de modelos reales de anticipación. Los radares de riesgo son muy operacionales.
Y esto, a pesar de que los riesgos que condicionarán la competitividad empresarial durante el ciclo 2025–2027 no se originan ya en el mercado, sino en los sistemas regulatorios, políticos y territoriales que avanzan más rápido que la capacidad de adaptación de las organizaciones.
Esta discreta asimetría, se ha convertido en uno de los principales puntos ciegos en la gobernanza corporativa española. El país llega a este ciclo con una economía resistente, pero dentro del entorno más regulado, inestable e interdependiente desde su entrada en la Unión Europea.
Para las empresas, resiliencia no es defensa: es amortiguación. Y la amortiguación pierde valor cuando la disrupción proviene de la arquitectura institucional y no del mercado.
Solo en 2024, España generó más de 800.000 páginas de producción normativa entre BOE, boletines autonómicos y normativa europea; un volumen que ningún departamento corporativo puede absorber sin un marco de anticipación.
Es en esa capa, fuera del cuadro macroeconómico tradicional, donde se está abriendo la brecha que muchos Consejos aún no están ponderando adecuadamente.
Entre 2025 y 2027, los riesgos que más afectarán a energía, infraestructuras, alimentación, farma, banca, tecnología y telecomunicaciones no vendrán de shocks de demanda o de precios, sino de fricciones institucionales: cambios acelerados en normativa europea, divergencias autonómicas en criterios administrativos, nuevas obligaciones técnicas, plazos de permisos que se alteran a mitad de proceso y exigencias comunitarias que impactan antes de que las direcciones financieras puedan reaccionar.
No son riesgos evidentes, pero alteran balances. Según distintas encuestas publicadas, más del 90% de los directivos españoles identifica el riesgo regulatorio como la principal amenaza estratégica, por encima del entorno macroeconómico.
Pero en nuestra experiencia, ese riesgo es en realidad la expresión interna de dinámicas políticas (geopolíticas) más amplias. El riesgo regulatorio es el punto final; la causa está en el sistema que lo genera. Y este patrón ya se observa en decisiones reales.
Entre 2025 y 2027, los riesgos que más afectarán a energía, infraestructuras, alimentación, farma, banca, tecnología y telecomunicaciones no vendrán de shocks de demanda o de precios, sino de fricciones institucionales
En los últimos años, múltiples inversiones industriales y energéticas superiores a cien millones de euros han quedado bloqueadas o retrasadas por cambios inesperados en criterios ambientales autonómicos.
En algunos casos, proyectos prácticamente idénticos, han avanzado en una comunidad, mientras quedaban detenidos en otra: cualquier directivo que haya gestionado permisos lo reconoce de inmediato. Así pues, a mitad de este escenario es donde se oculta lo esencial.
Buena parte de estas fricciones no se detectan porque los modelos convencionales analizan mercados, pero no la arquitectura institucional que redefine esos mercados, ni las fuerzas y variables en donde nacen. La mayoría de los marcos de riesgo se concentran en cifras (datos: demanda, precios, tipos…), pero no en las estructuras políticas y regulatorias que condicionan esas cifras.
Así, vemos que interpretar la economía sin entender la arquitectura institucional que la condiciona, es como intentar entender el ajedrez contando solo cuántas piezas quedan en el tablero. Por eso, mientras los enfoques tradicionales se limitan a proyectar escenarios económicos, en JPA trabajamos sobre la capa que los hace posibles: la interacción causal entre regulación, política y territorio; y es ahí donde se decide realmente el riesgo y la ventaja, donde se generan alteraciones capaces de transformar un proyecto viable en uno inviable, sin que cambie una sola variable económica.
Cuando ordenamos estos elementos, aparece un patrón con claridad:
1. Aceleración regulatoria europea. Vemos que Bruselas está reescribiendo el marco energético, digital, climático, industrial y financiero con una velocidad inédita. Normas que antes tardaban años, ahora se implantan en meses. Para múltiples sectores, el riesgo regulatorio pesa ya tanto como el riesgo de mercado; en banca, telecomunicaciones y energía, incluso más.
2. Fragmentación regulatoria dentro de España. Además, las diferencias autonómicas en fiscalidad, medio ambiente, industria, renovables, uso del suelo y permisos introducen una variabilidad operativa que no aparece en ningún análisis macro. Un proyecto idéntico puede avanzar a diferente velocidad en una comunidad, o incluso quedar detenido en otra, sin ningún cambio económico detrás. Para sectores intensivos en capital, esta asimetría es estructural.
3. Dependencia de cadenas globales sujetas a decisiones externas. Por último, buena parte de la competitividad española depende de estándares, componentes y tecnologías cuyos marcos políticos se definen fuera de nuestras fronteras. Un ajuste en la UE, una norma técnica en EEUU o una alteración en Asia pueden modificar márgenes y plazos de sectores completos.
Estas tres capas generan un tipo de riesgo que no es financiero, ni técnico ni comercial, sino sistémico. Y por eso es difícil de anticipar desde dentro.
Además, este no es un problema de un sector o una institución, sino de la arquitectura en la que operan. Empresas privadas y organismos públicos están enfrentando fricciones similares derivadas de la velocidad regulatoria, la complejidad territorial y la interdependencia tecnológica.
Hoy, los Consejos reciben más datos que nunca… sin que necesariamente signifique que obtengan mejor interpretación. Y es que el riesgo ya no es la falta de datos ni de información, sino la falta de un marco causal que conecte decisiones políticas, dinámicas regionales y exigencias regulatorias con su impacto real en inversión, permisos, reputación, competitividad y continuidad operativa.
Por eso ya detectamos algunos indicadores visibles en España:
• Proyectos industriales retrasados por reinterpretaciones administrativas.
• Inversiones energéticas condicionadas por actualizaciones europeas que llegan antes que la adaptación normativa nacional.
• Infraestructuras sujetas a secuencias de permisos que se modifican a mitad de ciclo.
• Alimentación y farma enfrentando nuevas obligaciones técnicas que comprimen márgenes.
• Banca y telecom bajo una presión regulatoria que influye tanto como la evolución macroeconómica.
Nada de esto es nuevo, pero sí la convergencia, velocidad y escasa visibilidad con la que aparecen.
La empresa española no está gestionando un problema de mercados, sino un problema de sistema. Y cuando el sistema cambia más rápido que los modelos internos, las decisiones estratégicas pierden precisión y las sorpresas aumentan.
En JPA trabajamos con un principio simple: tras analizar los números, analizamos el sistema que produce esos números. Los modelos económicos describen qué pasó, mientras que las estructuras institucionales y sus contextos, explican por qué pasará.
Nuestro trabajo sigue siempre el mismo eje: del dato al contexto, y del contexto a la estructura que lo hace posible. El número es el punto de partida; la arquitectura institucional es la causa.
Esta distinción es crítica, y es una disciplina distinta — complementaria a la consultoría tradicional— que se vuelve indispensable cuando la velocidad regulatoria supera la capacidad de adaptación empresarial.
Pero para las empresas, resiliencia no es defensa: es amortiguación. Y la amortiguación pierde valor cuando la disrupción proviene de la arquitectura institucional y no del mercado.
La capacidad de una organización para entrar bien en 2026 (y no empezar el año ya en desventaja) no dependerá solo de su excelencia operativa o financiera, sino de su habilidad para detectar las fricciones contextuales que aún no aparecen en sus informes de riesgo.
El tejido industrial está familiarizado con gestionar shocks visibles; a veces progresivos, a veces súbitos... Pero hay disrupciones más silenciosas, estructurales, que pueden desbordar cualquier organización. Y por eso la anticipación es ya la ventaja competitiva más escasa en España.
*** José Parejo es CEO de Jose Parejo & Associates. Desarrolla análisis estructural para organismos públicos y privados, especializado en anticipación sistémica y arquitectura regulatoria.