El aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España se presenta como una herramienta de justicia social y redistributiva. Sin embargo, esto es una falacia. La política de fijación de precios en el mercado laboral no puede escapar a las leyes fundamentales de la oferta y la demanda. Cuando el coste de un factor de producción (mano de obra) se impone por decreto y por encima de su productividad marginal, se generan externalidades negativas; unas visibles, la destrucción de empleo de baja productividad; otras invisibles, la supresión de la creación de nuevos puestos de trabajo.

Un reciente informe del Instituto Juan de Mariana (IJM), “Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico”, proporciona una sólida base empírica para esta crítica. Entre otras cosas muestra algo de suma relevancia; a saber, la brecha entre el SMI y el salario modal (el más frecuente en España) se ha reducido de manera drástica; síntoma del profundo estancamiento salarial y del aplanamiento de la estructura de remuneraciones hacia la baja en la Vieja Piel de Toro.

El SMI actúa como un precio suelo. Su impacto negativo sobre el empleo ocurre cuando su nivel excede el Valor del Producto Marginal (VPM) del trabajador. Sus sucesivos incrementos han disparado la ratio SMI/Salario Medio hasta cotas históricas en España, superando en muchas provincias y en sectores clave el 60% del salario medio. Ello afecta de manera negativa a los trabajadores con menor cualificación, con nula o escasa experiencia y a aquellos empleados en regiones y sectores con baja productividad estructural.

El IJM documenta que, en términos reales, la distancia entre el SMI y el sueldo modal ha pasado de superar los 8.000 euros a ser de apenas 400 euros. Esta convergencia no se debe a que el salario modal haya subido, sino a que el SMI se ha elevado sustancialmente mientras la productividad agregada española se ha estancado. Es un fenómeno de igualación salarial a la baja que desincentiva la inversión en capital humano. Si el suelo se convierte en techo, la recompensa salarial por progresar, adquirir nuevas habilidades o asumir mayores responsabilidades se reduce, disminuyendo la movilidad social y fomentando potencialmente la economía informal.

Esta convergencia no se debe a que el salario modal haya subido, sino a que el SMI se ha elevado sustancialmente mientras la productividad agregada española se ha estancado.

La consecuencia más visible de la fijación artificial de un precio laboral es la eliminación de los puestos de trabajo cuya viabilidad económica desaparece. El IJM estima que, en el periodo (2018-2023), se han destruido alrededor de 270.000 puestos de trabajo. Esta destrucción no es homogénea. En primer lugar golpea con especial dureza a las PYMES. Para miles de ellas, el SMI iguala o supera el salario medio que pueden ofrecer, lo que compromete su supervivencia. En las provincias con menor renta, el SMI ya representa más del 85-90% del salario medio en muchas PYMES.

En segundo lugar, el análisis empírico muestra una marcada incidencia en sectores con márgenes reducidos y alta intensidad de mano de obra, como la agricultura, el empleo doméstico, la hostelería y el comercio. En ellos, la imposibilidad de repercutir el aumento de costes en los precios se traduce en reducción de plantillas.

Por último, los datos empíricos apuntan a que las subidas afectan negativamente a la probabilidad de mantener o encontrar empleo para colectivos específicos como los trabajadores temporales y aquellos con estudios bajos. En la práctica, eso es una discriminación de los outsiders (principalmente jóvenes sin experiencia) frente a los insiders (trabajadores adultos ya establecidos). Subir de manera artificial el coste de entrada se erige una barrera de acceso al mercado laboral, una muestra de insolidaridad intergeneracional similar a la observada en el sistema de pensiones: se protege al trabajador ya dentro del sistema (el insider), a expensas de las oportunidades de empleo de las nuevas generaciones.

Pero hay otro impacto del SMI dañino pero menos perceptible: los empleos que nunca llegan a nacer. El IJM cifra esta no-creación en unos 350.000 puestos de trabajo que habrían existido en ausencia de las subidas de aquél. El mecanismo es simple: el coste de la mano de obra es uno de los factores claves en la decisión de inversión de cualquier empresa. Un aumento drástico del SMI incrementa el riesgo percibido y eleva el umbral de rentabilidad requerido para cualquier nuevo proyecto o nueva contratación.

Para un emprendedor, contratar al primer o segundo empleado se vuelve una decisión mucho más arriesgada. Si el coste laboral mínimo es prohibitivo, la empresa se mantiene subdimensionada, automatiza o, simplemente, decide no contratar. De igual modo, las compañías en crecimiento ralentizan sus planes de contratación para absorber el aumento de costes. La inversión se desplaza hacia bienes de capital en lugar de hacia el capital humano.

Esa supresión de puestos, invisibles porque nunca figuran en las estadísticas, detiene el dinamismo del mercado laboral. Se pierden oportunidades para que los jóvenes o los desempleados de larga duración entren en el mercado laboral y se les condena a la dependencia de las ayudas públicas.

Las subidas del SMI, aun bienintencionadas, tienen un efecto perverso en el tejido productivo español. El intento de mejorar los salarios por decreto sin una base de aumento de productividad que lo sustente empobrece y distorsiona la estructura salarial. El igualitarismo por ucase no eleva las remuneraciones de los trabajadores. Esto sólo es posible mediante reformas estructurales que impulsen la productividad, faciliten la creación y el crecimiento de las empresas y mejoren el capital humano.