La reforma del sistema de cotización de los autónomos, iniciada en 2023 con la implementación de tramos según los rendimientos netos y con las propuestas de subidas progresivas hasta 2028, representa es un giro de tuerca del Gobierno. Bajo el mantra de la "equidad", se castiga la iniciativa individual y se impone una pesada losa sobre un colectivo de 3,3 millones de trabajadores. Se aumenta un tributo, las cuotas a la Seguridad Social son eso, que ya se sitúa entre los más altos de las economías desarrolladas.
Desde 2019, el Gabinete social comunista ha llevado a cabo siete incrementos consecutivos de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos o ajustes que implican lo mismo para la mayoría de las personas integrantes de ese colectivo. A este número habría que sumar los tres aumentos adicionales propuestos para el trienio 2026-2028 (una por año), lo que elevaría el total a 10 subidas en 10 años.
En teoría, el argumento central del Ejecutivo para realizar ese movimiento parecería razonable: quien más gana, más debe aportar (equidad) y la cotización ha de reflejar los ingresos reales para garantizar unas pensiones futuras más justas (suficiencia de las prestaciones). Históricamente, muchos autónomos, incluso con ingresos elevados, cotizaban por la base mínima, generando un déficit en el sistema y una brecha con la pensión media del Régimen General.
Bajo el mantra de la "equidad", se castiga la iniciativa individual
Sin embargo, la aparente racionalidad de este enfoque no es tal y choca frontalmente con la volatilidad y el riesgo inherente de ser trabajador por cuenta propia. Estos no tienen un sueldo fijo, no tienen paro (la prestación por cese de actividad es notoriamente restrictiva), y asumen la incertidumbre del mercado. La cotización social no es sólo un impuesto diferido para su jubilación, sino un coste de carácter estructural. Han de pagarla mes a mes, con independencia de si facturan o no.
Por otra parte, los trabajadores por cuenta propia soportan ya una tributación (IRPF+cuotas sociales) muy superior a la existente en la mayoría de los países de la OCDE, de la UE, de la Zona Euro y en la media de todas esas organizaciones. En Reino Unido, Alemania o Francia se exigen umbrales de ingresos más altos para empezar a cotizar o sistemas más flexibles y proporcionales; en España, descontando la Tarifa Plana inicial, se impone una cuota fija que absorbe un porcentaje significativo de los ingresos netos de los autónomos incluso en los segmentos de renta más bajos.
Los autónomos soportan una doble imposición. Pagan el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. Subir éstas otra vez impacta al alza y, de forma dramática, la carga tributaria de aquellos que, a menudo, será superior a la soportada por un asalariado con idénticos ingresos brutos. Ante esta situación, sus incentivos para reinvertir sus beneficios en contratar o expandir su actividad desaparecen. Por añadidura, aunque coticen más, las prestaciones por cese de actividad y, en muchos casos, sus pensiones futuras, seguirán topadas. En consecuencia se les exige un esfuerzo contributivo que no les proporciona beneficio alguno.
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Los autónomos soportan una doble imposición: el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social
El tratamiento a los autónomos ubicados en los niveles superiores de ingresos por parte del Gobierno es lamentable. Se les aplican subidas de entre 17 y 206 euros al mes en el corto plazo (2026) que se dispararán hasta 2032. Ello supone una elevación de costes que impacta de manera directa y negativa en la capacidad de ahorro, de reinversión y de generación de riqueza de los trabajadores por cuenta propia con mayores ingresos, los que más empleo suelen crear.
Si bien la iniciativa gubernamental dice favorecer a los autónomos con menores rendimientos netos mediante una reducción progresiva de las cuotas mínimas y la nueva Tarifa Plana de 80 euros, la efectividad de esas ayudas es discutible en el medio y largo plazo. Un autónomo que, tras descontar gastos, apenas supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o lo iguala, se enfrentará un incremento en su cuota que puede resultar asfixiante. Pagar, por ejemplo, más de 300 euros de cuota social con unos rendimientos netos de 1.100€/mes, implica una presión fiscal de salida superior al 27% antes de aplicar IRPF, reduciendo sus ingresos reales a una cifra de mera supervivencia.
La medida impulsada por el Gobierno social comunista tiene efectos perversos adicionales. El coste fijo de ser legal se eleva tanto que algunos autónomos con ingresos inestables o bajos pueden verse tentados a reducir su actividad registrada y/o a trabajar en la economía sumergida. Quienes no quieren o no pueden hacer eso echarán el cierre. Por añadidura, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales es un delirio burocrático.
El concepto de rendimiento neto (ingresos menos gastos, con una deducción adicional por gastos genéricos del 7% o 3% para societarios) es complejo de calcular y de proyectar. La obligación de regularizar las cotizaciones a posteriori, una vez se conoce los rendimientos anuales definitivos, crea un limbo de incertidumbre financiera y obliga al autónomo a ser un contable adivino. La posibilidad de modificar la base de cotización hasta seis veces al año intenta paliar esta dificultad, pero añade una carga administrativa considerable a un colectivo que, por definición, carece de estructura administrativa de apoyo.
En síntesis, la subida de cotizaciones al autónomo no es sino la ejecución sistemática de un plan que convierte al emprendedor en el contribuyente de máxima extracción, mientras se ignoran los imperativos de rigor fiscal que exige Bruselas. Esta medida no fortalece el sistema de pensiones, sino lo debilita al estrangular a una parte sustancial de la base productiva. Es un castigo directo, una expropiación progresiva del capital de quienes, contra todo pronóstico, aún intentan prosperar sin depender del Gobierno.
