Euro digital
En tiempos de crisis del sistema multilateral y de amenazas geopolíticas, Europa debe perseguir su autonomía estratégica en todos los ámbitos. En el sector financiero, la dependencia cuasi total de sistemas de pago dominados por compañías de EE UU (sobre todo a través de Visa, Mastercard y PayPal) se ha convertido en un riesgo severo.
Es un hecho que Europa depende en un 72% de redes no europeas para los pagos minoristas con tarjeta.
El euro digital puede ser la clave para suplir la carencia de autonomía financiera, pero solo si se cuida su diseño y se evitan los defectos que han lastrado otras monedas digitales.
En principio, la ciudadanía podría disponer una wallet y una cuenta de ahorro directamente en euros digitales públicos, emitidos por el BCE -lo que elimina el riesgo asociado a posibles quiebras bancarias-, a diferencia los actuales euros digitales privados provistos por los bancos comerciales.
El dinero que tenemos en nuestras cuentas corrientes y que consultamos a través de las páginas web de nuestras entidades bancarias no dejan de ser también anotaciones de euros digitales, pero en ese caso, emitidos por las entidades bancarias, ya que el Banco Central Europeo sólo emite billetes y monedas físicas.
Ahí surge un primer desafío: una oferta pública de euros digitales a través del BCE supondría un elemento de competencia frente a las actuales soluciones digitales ofrecidas por los bancos privados, reduciendo sustancialmente el atractivo de los métodos actuales de ahorro, especialmente, de los depósitos.
En ese sentido, con una menor cesta de depósitos bancarios, la capacidad de creación de dinero por parte de las entidades bancarias se vería muy disminuido, lo que arrojaría efectos adicionales sobre la oferta de crédito y su precio.
Este aspecto es crucial, ya que el crédito bancario es para la economía lo mismo que la sangre para el cuerpo humano. Por ello, el BCE estudia un límite de tenencia de euros digitales alineado con el uso del efectivo en las transacciones y en el pago de tarjetas.
Un segundo reto radica en el del coste de la inversión. El euro digital es un proyecto de la UE, pero los bancos han desarrollado durante años los pagos instantáneos -como Bizum utilizado en España, Italia y Grecia, y el sistema Wero, que funciona en Bélgica, Alemania, Francia y Holanda-, en los que ya han invertido recursos millonarios que todavía no han monetizado porque los envíos entre particulares son gratuitos, aunque esperan empezar a obtener ingresos con su extensión a los comercios a partir de 2026.
La implementación del euro digital también requiere realizar inversiones millonarias para el desarrollo de la infraestructura y equipos necesarios -un gasto estimado de 18.000 millones de euros, según un informe reciente de PwC, que podría elevarse a 30.000 millones considerando funcionalidades más complejas, como el pago offline (pagos sin cobertura móvil y con mayores niveles de privacidad); lo que implica para cada entidad debería asumir 110 millones de euros, y además comprometer hasta el 46% de sus recursos humanos durante cuatro años).
La rentabilidad de estas operaciones puede venir cuando el euro digital se use como medio de pago a través de las comisiones que se cobren a los comercios, como ahora sucede con las tarjetas de crédito. Desde el BCE calculan que por comprar con tarjetas de débito (excluidas las de crédito) no europeas, los comerciantes de la eurozona pagan anualmente entre 3.000 y 4.000 millones de euros, y que los más pequeños pagan tres o cuatro veces más que los grandes.
En todo caso, el mecanismo de compensación debe ser justo, replicando los modelos que hay ahora y permitiendo cubrir los costes de la infraestructura.
En tercer lugar, la articulación entre el euro digital del BCE y los instrumentos privados plantea desafíos operacionales. Por el momento, las entidades financieras buscan soluciones tecnológicas que hagan compatibles sus sistemas de pago electrónicos (Bizum y Wero) con el euro digital y temen que sus márgenes se reduzcan.
El BCE pretende que el euro digital coexista con los sistemas de pagos privados de los bancos comerciales, que dicho euro digital se integre en estas soluciones privadas y las haga más escalables.
Para, sobre todo, garantizar simplicidad, en el sentido de que un pequeño comercio no deba tener 20 terminales distintos. Entre tanto, la Comisión y el Parlamento Europeos llevan más de dos años perfilando la implementación del euro digital, con el apoyo de Worldline, Capgemini y diversas como start- ups de última generación.
El tiempo apremia. La aprobación de la Ley Genius por parte de EEUU el pasado julio por la que se regulan las conocidas como “stablecoins” -criptomonedas respaldadas por el dólar- ha acelerado sin duda el proyecto del euro digital.
La irrupción y promoción de estas criptodivisas estables puede convertirse en un instrumento de geopolítica por parte del presidente Trump, que genera preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la autonomía estratégica de Europa, ya que podría dar lugar a que los depósitos en euros se trasladen a Estados Unidos y a un mayor fortalecimiento del papel del dólar en los pagos transfronterizos.
Por el momento, nueve bancos europeos (UniCredit, ING, DekaBank, Banca Sella, KBC, Danske Bank, SEB AB, CaixaBank y Raiffeisen Bank) han creado un consorcio para desarrollar una “stablecoin” en euros, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.
En suma, la capacidad de un Estado o una unión monetaria de controlar y garantizar el acceso a su propia moneda en formato digital es tan importante como la defensa de sus fronteras físicas o la seguridad de su red eléctrica.
Los pagos son el sistema nervioso de la economía, y dejarlos en manos de ciertos intereses o de infraestructuras extranjeras supone un riesgo en un mundo donde la tecnología y la geopolítica se entrelazan cada vez más. Potencias como China e India avanzan con sus monedas digitales para reforzar su soberanía en pagos y protegerse de la dependencia del dólar. Europa no puede quedarse atrás.
*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.