Un bomberos en las labores de extinción de un incendio en Barreiros, a 14 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia (España). Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanece activo
Tras un verano tristemente marcado por la peor oleada de incendios forestales del siglo, el Gobierno de España presentó su propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Diez compromisos para prevenir, mitigar y responder a los desafíos, ya sistémicos, del cambio climático.
Diez compromisos que corren el riesgo de terminar siendo papel mojado, si no se traducen en medidas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y adaptadas a la realidad económica y social.
El momento de una “transición silenciosa”
Hace cuatro años, Europa y España vivían una de las jornadas más reseñables de su historia reciente. La Ley Europea del Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética convertían en ley el compromiso político de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Ninguno de los partidos mayoritarios, ni en España ni en Europa, votaron en contra. El apoyo social fue amplio y el contexto global era favorable a los grandes acuerdos en torno al clima.
Cuatro años después, la historia ha cambiado. El debate geopolítico vira hacia nuevas prioridades, como la seguridad, la defensa, la autarquía, el crecimiento económico y la competitividad. Algunos países, como EEUU, han decidido retirar parte de sus compromisos climáticos.
En la UE y en España, aunque el compromiso sigue intacto, los fondos públicos para la transición ecológica compiten con nuevas prioridades e incluso se reducen. El momentum de la lucha contra el cambio climático como gran movilizadora de acuerdos y fondos parece languidecer.
Y por eso, cuatro años después, bienvenidos sean nuevos pactos. Pero un Pacto, por sí solo, a día de hoy, no es suficiente si no va acompañado de una reflexión sobre cómo financiamos nuestros compromisos por el clima. El debate sobre nuestro futuro ya no es político; es, ante todo, un desafío económico, y la emergencia climática es también una emergencia financiera.
Hace falta una “transición silenciosa”, liderada por nuevos actores y nuevas palancas que hagan llegar los compromisos a la economía real. El pacto de Estado que necesitamos es aquel que nos permita traducir los anuncios en inversiones reales, los objetivos en proyectos tangibles y la voluntad política y empresarial en competitividad económica. A continuación, proponemos algunas propuestas para un pacto con verdadera tracción.
Nuevas palancas: de los fondos públicos a los incentivos multiplicadores
La primera clave es preguntarse cómo movilizamos la política a la financiación de forma efectiva y rentable. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) estima que de los 800.000 millones de euros anuales para alcanzar la neutralidad climática, el 75% debe provenir de capital privado.
Dicho de otro modo: si no movilizamos a los agentes e inversores no vamos a ser capaces de descarbonizar ni de responder a la emergencia climática.
Un Pacto de Estado sería una gran oportunidad para repensar nuestro modelo de financiación de la transición ecológica, sobre todo en un momento en el que los fondos Next Generation llegan a su fin. Algunas medidas para ir más allá de los compromisos:
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Ampliar el espacio fiscal de las administraciones (green budget) permitiendo expansiones del déficit público destinadas específicamente a inversiones verdes y mitigación y adaptación al cambio climático. Por ejemplo, para evitar nuevos incendios forestales. Serán inversiones (no un gasto) que generan al conjunto del sistema beneficios tres veces superiores a lo invertido, lo que supone una ganancia de valor para los contribuyentes futuros.
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Incrementar los fondos a infraestructuras sostenibles para, entre otras, mejorar el acceso al agua o la climatización; haciendo uso de herramientas como los fondos del Invest EU y soluciones como garantías públicas que atraigan capital privado.
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Implementar metodologías de “coste evitado” para la evaluación de políticas públicas o el otorgamiento de ayudas, como una forma eficaz de priorizar aquellas inversiones que más aportan a la resiliencia climática.
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Incentivar soluciones que incrementan la escala de la transición, como garantías de primera pérdida o fondos blended finance que otorguen certidumbre y flujos de ingreso a largo a los proyectos.
Nuevos actores: de las instituciones a las alianzas transversales
Cuando el entorno cambia también lo hacen los actores que pueden liderar la respuesta. En los últimos años, el sector público ha sido protagonista como proveedor de fondos europeos e impulsor de acuerdos.
Las entidades y alianzas que necesitamos sumar ahora son aquellas transversales que nos ayuden a movilizar inversiones en resiliencia climática y multiplicar el impacto de los fondos públicos.
Afortunadamente, tenemos ejemplos de éxito recientes que nos marcan el camino. En España, alianzas como Plataforma Nacional para la Financiación de la Eficiencia Energética o el Consejo de Finanzas Sostenibles están poniendo foco en cómo financiar de manera innovadora y eficiente esta transición. Los resultados que se alcancen en estos grupos pueden servir de inspiración para los futuros acuerdos políticos.
Volviendo al inicio, sin duda es una buena noticia un Pacto de Estado por la emergencia climática. Pero debemos acompañarlo de una “transición silenciosa”, que esté más allá del debate ideológico y de los titulares y más cerca de la economía real.
Y que la protagonicen actores sociales, financieros y empresariales y medidas que proyecten que, a día de hoy, la emergencia climática es, más que nunca, una emergencia financiera.
***Eduardo Brunet es director de Green Finance Institute España.