Movilidad eléctrica en el sector del taxi
El Ayuntamiento de Martínez-Almeida ha aprobado recientemente una Ordenanza para la regulación del servicio de taxi que afecta millones de usuarios y a casi setenta municipios de la región integrados en el área de prestación conjunta, administrados desde el propio Ayuntamiento.
Esta normativa, polémica en muchos aspectos -como la vuelta a la exigencia de la ESO para los conductores de taxi, que había sido eliminada en 2021-, también supone un retroceso en las medidas de sostenibilidad que hasta ahora venía fomentando la entidad local.
En concreto, la nueva ordenanza ha eliminado las medidas de sostenibilidad consistentes en el impulso a la movilidad eléctrica en el servicio de taxi. Estas se materializaban a través de incentivos a los taxistas que adquiriesen este tipo de vehículos eléctricos puros, es decir, de cero emisiones, ya fueran eléctricos de batería (BEV) o eléctricos de pila de combustible.
El beneficio consistía en poder explotar su negocio, si así lo deseaban, durante todos los días de la semana, quedando exentos de la libranza obligatoria de un día semanal y los descansos obligatorios alternos en fines de semana (pudiendo prestar servicio 24/7).
A partir de ahora, los taxis eléctricos no tendrán distinción con los híbridos o de combustión en su régimen de descansos obligatorios. Es cuestionable si esta medida colisiona con los principios establecidos en la Ley del Cambio Climático; entre otros, el fomento a la descarbonización o la mejora de la competitividad de los sectores productivos y certidumbre para las inversiones.
Los taxistas necesitan ahorro y planificación contable para renovar sus coches, los cuales, por lógica empresarial, deben amortizar previamente
Pero sea como fuere, es indiscutible que el paso atrás en los incentivos a la electrificación de este servicio, además de tener connotaciones negativas respecto al medio ambientales y la sostenibilidad, acarrea perjuicios económicos para aquellos taxistas que tenían planificado el cambio de su vehículo de combustión a eléctrico y por tanto a ampliar su posibilidad de ingresos mensuales.
Si bien el Ayuntamiento madrileño continúa ofreciendo una línea de subvenciones parciales para la adquisición de taxis electrificados -que suele agotarse rápidamente-, y existen también otras líneas estatales para la compra de estos vehículos, la inversión requerida sigue siendo elevada.
Los taxistas necesitan ahorro y planificación contable para renovar sus coches, los cuales, por lógica empresarial, deben amortizar previamente. Muchos de ellos no se encuentran en disposición de adquirir un vehículo eléctrico en este año o el próximo y, además, ya no contarán con incentivos para hacerlo.
La norma municipal va a permitir que quienes ya tienen adscrito un taxi eléctrico a su licencia o quienes ya lo hubieran encargado al concesionario, pero estén pendientes de la entrega del coche, mantengan el incentivo a la supresión de los descansos obligatorios mientras no transmitan su licencia.
Esto genera, no obstante, una brecha en la explotación del negocio, pues coexistirán taxistas que podrán prestar servicio todos los días con sus coches eléctricos y otros que no, ahondando en la fragmentación de la oferta.
Los discursos no se corresponden con las decisiones, y miles de autónomos sufren la veleidad de nuestros políticos de todo signo
La Ordenanza es regresiva y el Ayuntamiento juega con el palo y la zanahoria con los taxistas que deseaban pasarse a los vehículos eléctricos. Lo mismo ocurrirá con quienes prestan servicios a personas con discapacidad mediante vehículos eurotaxi.
Aunque estos quedarán exentos de los descansos obligatorios, ahora pueden temer, con fundamento, que Martínez-Almeida modifique in peius esta situación antes de logren amortizar sus inversiones, como ya ha sucedido en otros casos.
Una situación similar vivimos todos los madrileños cuando el actual alcalde se presentó a las elecciones prometiendo eliminar la zona de bajas emisiones Madrid Central, para después, una vez en el poder, la extendiera a todo el término municipal.
En general -y no solo en Madrid- la incertidumbre y la inseguridad jurídica se están convirtiendo en costumbre. El sector productivo (recordemos que los políticos y la administración no producen nada) observa cómo los poderes públicos juegan con sus negocios día tras día. Los discursos no se corresponden con las decisiones, y miles de autónomos sufren la veleidad de nuestros políticos de todo signo. Este es un caso que lo demuestra.
Como siempre, el daño de estas medidas regresivas recae en el contribuyente, ciudadano y usuario (todo en uno) de los servicios públicos. Al suprimirse obligatoriamente horas de servicio de estos vehículos se agrava su escasez, mientras que el propio sector del taxi y los responsables de movilidad del Ayuntamiento insisten en la supuesta competencia que les hacen las VTC o el transporte colectivo. Es decir, se reduce la oferta al usuario y luego se enarbola la queja de que otros prestan el servicio mejor.
Lo pernicioso de cualquier intervención pública en las actividades económicas, que deben dejarse libres para que la prosperidad alcance a todos, taxistas y usuarios
Refiriéndose a los gremios, Adam Smith analizaba en su clásico “La riqueza de las naciones” que “cada uno de estos estamentos trabajaba con ardor en elaborar reglamentos conducentes a mantener el mercado insuficientemente abastecido, y con tal de lograrlo no hallaban inconveniente en que los demás estamentos hiciesen lo mismo”.
Una reflexión que cobra ahora plena actualidad. Esto es lo que ocurre cuando un gobierno municipal no tiene criterio ni otra ideología que plegarse a intereses gremiales en perjuicio de los intereses generales, por puro cálculo electoral.
En este contexto, es la administración local la que interviene en contra del mercado y de los usuarios, restringiendo una oferta sostenible que previsiblemente iba en aumento gracias a la electrificación creciente del servicio de taxi.
Ahora, sin duda, esta tendencia se verá frenada por una regulación que elimina los incentivos, mientras los mismos responsables seguirán dando, hipócritamente, “la turra” con la calidad del aire, la sostenibilidad, el cambio climático y la salud pública.
Todo ello prueba lo pernicioso de cualquier intervención pública en las actividades económicas, que deben dejarse libres para que la prosperidad alcance a todos, taxistas y usuarios. La libertad de horarios debería haberse implantado para todos, porque en todo caso, quienes descansan son las personas, y no los vehículos ni los negocios, a los que la ley debe posibilitar prestar los máximos servicios a la población.
***Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.