Las declaraciones de Illa y la realidad

Dada la relevancia política de Salvador Illa, creo que merece la pena dedicar unas líneas para contrastarlas con la realidad y los números, y de paso, intentar explicar los nuevos conceptos que se están introduciendo en el debate político y económico.

Me voy a centrar en la afirmación que más ha llamado la atención: "Debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid". Además, Illa ha defendido el principio de ordinalidad en la financiación y ha acusado a la Comunidad de Madrid de propugnar un modelo de acumulación insolidaria de recursos.

Usted se preguntará en qué consiste eso del dumping fiscal. El término dumping hace referencia a vender a un precio anormalmente bajo (usualmente por debajo de coste) para expulsar a la competencia, para luego crear un monopolio y poder subir los precios. Obviamente, esto es competencia desleal.

Un dumping fiscal vendría a ser una rebaja de impuestos para atraer empresas y actividad económica. Por ejemplo, Irlanda tiene un tipo general del impuesto de sociedades del 12,5%, pero además daba acuerdos especiales a las multinacionales que se instalaban allí.

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Así, Apple pagó un tipo cercano a cero durante más de una década, lo que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ordenar a Irlanda recuperar más de 13.000 millones de euros. Esto atrajo empresas y actividades económicas hacia Irlanda, pero redujo la recaudación de impuestos sobre las grandes empresas en toda la Unión Europea (y en casi todo el mundo).

El sistema habitual para hacer dumping fiscal es rebajar los impuestos que tienen que pagar las empresas, normalmente el impuesto de sociedades. Esto sólo pueden hacer, y lo han hecho, las comunidades que tienen un sistema de “cupo” (es decir de concierto o convenio económico).

El ejemplo más evidente fue el de las vacaciones fiscales vascas: perdonar el impuesto de sociedades a las empresas nuevas o que se trasladasen al País Vasco. Esto se consideró una ayuda de Estado por parte, primero, de la Comisión Europea. Y luego por parte del TJUE, que obligó a España (y no a las diputaciones forales vascas que lo habían establecido) a recuperar estos impuestos perdonados.

¿Puede hacer algo de esto la Comunidad de Madrid, o alguna comunidad que no tenga un sistema de cupo? NO. Esto quiere decir que para hablar de dumping fiscal y de competencia desleal hay que hablar de los sistemas de cupo. Es decir, de aquellas comunidades que tienen la máxima autonomía fiscal (casi soberanía fiscal), a la que aspira la Generalidad de Cataluña.

Para hablar de 'dumping' fiscal y de competencia desleal hay que hablar de los sistemas de cupo. Es decir, de aquellas comunidades que tienen la máxima autonomías fiscal

Si cree que lo de las vacaciones fiscales es un caso antiguo, piense en el impuesto a la banca.

Ahora, su recaudación se ha cedido a las comunidades, aunque fuera del sistema de financiación, en la primera aplicación del principio de ordinalidad fuerte, del que hablaremos otro día. Pero, este impuesto se ha concertado con el País Vasco. El resultado es que los bancos vascos (en realidad, parece que sólo uno cumpliría con los requisitos) no lo pagarán este año, y a partir del año que viene, habrá deducciones que no tienen el resto de los bancos en España.

Evidentemente, pagar menos por el mero hecho de residir en un territorio es un privilegio territorial. Además, en el caso de un banco, afecta a la competencia entre empresas. Esto sí es competencia desleal, y dumping fiscal. Y probablemente sea contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como lo interpretó la Sentencia Azores, entre otras cuestiones porque este impuesto antes lo recaudaba el Estado, y porque el cupo vasco (al igual que la aportación navarra) es negativo, por varias razones.

La más importante de las cuáles es que el déficit de pensiones vasco y navarro lo cubren los impuestos de los demás contribuyentes, que no son vascos ni navarros. Esto quiere decir que esta rebaja de impuestos, en este caso a los bancos, la pagan los demás contribuyentes. Y que los bancos establecidos en las demás Comunidades Autónomas pagan más impuestos.

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En resumen, sí que hay dumping fiscal y competencia desleal en materia fiscal. El problema es que las autonomías que pueden hacerlo (y en algunos casos lo hacen) son el País Vasco y Navarra, pero no Madrid, ni ninguna otra comunidad de Régimen Común.

Madrid ha rebajado impuestos, pero esto supone que tiene menos dinero en su presupuesto autonómico. Según datos de 2023, la cuota líquida autonómica del IRPF de los contribuyentes residentes en Madrid fue inferior en unos 1.700 millones de euros a la cuota líquida estatal. Esto quiere decir que la Comunidad de Madrid tuvo 1.700 millones de euros menos para financiar sus políticas.

Sin embargo, la Generalidad de Cataluña obtuvo 500 millones de euros más de los catalanes en el IRPF que el Estado, dado que subió los tramos autonómicos del IRPF (sobre todo el primero, que, hasta la reciente rebaja de Illa, era el más elevado de España, ahora lo supera Asturias). Esto no es dumping fiscal, ni competencia desleal, es simplemente uso legítimo y legal de la autonomía fiscal, tanto de Madrid como de Cataluña.

Debido en parte a que ha subido impuestos, Cataluña tiene una financiación superior a Madrid de 718 euros por persona (datos de 2022). Por lo tanto, aunque es cierto que Madrid ha generado más riqueza, lo de la insolidaridad y la acumulación no casa con los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, ni, por tanto, con la realidad.

Aunque es cierto que Madrid ha generado más riqueza, lo de la insolidaridad y la acumulación no casa con los datos oficiales de Hacienda ni, por tanto, con la realidad

Por cierto, atribuir el crecimiento económico a la capitalidad de Madrid no tiene mucha lógica. Madrid lleva siendo capital de España (con alguna interrupción) desde tiempos de Felipe II, y el liderazgo de Madrid en crecimiento económico no comienza con claridad hasta la década de los 90.

Todo esto oculta dos graves problemas de Cataluña, que Illa parece querer ocultar con estas declaraciones, y que exponemos detalladamente Jesús Fernández-Villaverde y yo en nuestro libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los libros 2025).

En primer lugar, que los problemas financieros de Cataluña no se derivan de una infrafinanciación que no existe, sino de un exceso de gasto sostenido durante décadas. Si comparamos con Madrid, Cataluña lleva gastando más por habitante en todas las políticas, y globalmente más de lo que ingresa.

Eso, en resumen, es una mala gestión financiera, que alcanza el paroxismo en la “alta dirección”, capítulo en el que su gasto es cinco veces superior al de la Comunidad de Madrid. Las estructuras de Estado no son baratas, y las embajadas catalanas tampoco. Y, desde luego, no mejoran la vida del catalán medio. Recordemos que la vigésimo segunda “delegación de la Generalidad”, en China, la anunció el propio Illa hace unos días.

Empobrecimiento

El segundo problema es que, desde 2017 hasta los últimos datos disponibles (de 2023) la comunidad autónoma que más se ha empobrecido en términos relativos es Cataluña, que sigue pagando el coste económico y social del “procés per la independència”, y de la fuga de empresas que no se revertido.

Desde el procés no es que Cataluña, en términos económicos, lo haya hecho peor que Madrid, es que lo ha hecho peor que nadie, o al menos eso es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para concluir, Illa ha admitido, por primera vez, que la Generalidad aspira a integrar a los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña que “voluntariamente quieran”, “siempre respetando sus derechos laborales”. Es relevante porque, por primera vez se admite la inevitable OPA hostil a la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña. Esto por supuesto, es un gasto superfluo y una duplicidad como la copa de un pino…

Illa ha señalado sobre la financiación singular, “que lo haremos y lo haremos bien”. Incluso si el cupo catalán “se hiciese bien”, sería un retroceso social y económico brutal para casi todos, incluyendo a buena parte de lo catalanes. Pero, hasta para eso, hay que partir de la realidad y los números. Y no de los bulos.

*** Francisco De la Torre Díaz es Economista e inspector de Hacienda. Coautor de 'La factura del cupo catalán'.