Cuando los economistas del último tercio del siglo pasado pensábamos en la adhesión de España a la Unión Europea (UE) teníamos una esperanza: que sus instituciones ayudarían a disciplinar la economía española.
Éramos conscientes de que la política monetaria española no había sido siempre disciplinada y que se podría disparar la inflación en manos de gobiernos poco responsables.
En la “transición” la ley del Banco de España (BdE) se diseñó para mantener su independencia. Los últimos acontecimientos han demostrado que, aun así, el Gobierno español siempre quiere meter sus garras en esa institución. El BdE era antes de la adhesión a la UE el que manejaba la política monetaria.
La búsqueda de los votos a través de la “trampa de la liquidez” podría traer consecuencias terribles para España.
La entrada en el Euro y la creación del BCE y otras instituciones económicas confirmaron la esperanza de disciplina. Bien es cierto que durante los últimos años ha habido una utilización del cuantitative easing un poco excesiva.
La entrada en la UE ha sido muy favorable para los españoles desde el punto de vista económico
Pero en términos generales el BCE ha ayudado a esa disciplina monetaria ¿Que hubiera pasado en España sin esa disciplina? Quizás una desestabilización inflacionaria.
La esperanza se reforzó con la libre circulación de bienes y personas. Eso empuja las economías de escala y convierte una parte importante de la exportación en venta a un mercado europeo. También hace que se facilite la entrada de turismo europeo.
Si a ello le añadimos las ayudas de los fondos europeos para la mejora de infraestructuras y el desarrollo económico, la entrada en la UE ha sido muy favorable para los españoles desde el punto de vista económico.
Pero en estas semanas estamos palpando otro beneficio de la incorporación de España a la UE, del que no éramos muy conscientes: la seguridad jurídica y la disciplina del derecho.
Las objeciones de la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la Ley de Amnistía han supuesto un respiro para los que creen en la división de poderes y en el imperio de la ley como normas del derecho.
Los “ingenieros sociales del derecho” del Gobierno Sánchez se han encontrado con un muro que, como mínimo, les hace esperar
Otro respiro ha sido la posibilidad de realizar consultas pre-judiciales como las de la Audiencia de Sevilla sobre los sobreseimientos de penas a responsables políticos del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de los EREs andaluces.
Tanto la ley de amnistía, como la sentencia del TC sobre los EREs, son dos temas controvertidos. En los dos se ha utilizado una Institución básica del Estado español, el TC, para interpretar la ley de manera política y, en consecuencia, controvertida.
Sin embargo, parece que el Gobierno español y los partidos que lo sustentan tendrán que esperar a las decisiones del TJUE para aplicar, o no, las decisiones de TC español.
Los “ingenieros sociales del derecho” del Gobierno Sánchez se han encontrado con un muro que, como mínimo, les hace esperar. Una espera que atempera sentimientos y racionaliza decisiones.
En esta “España nuestra” (que decía la canción de Cecilia ,1975) atormentada por los separatismos periféricos, la UE se está convirtiendo en un garantía de unidad y legalidad entre “las Españas” ¡Quién lo iba a decir!
La UE es una instancia de salvaguardia para quienes crean que sus derechos han sido vulnerados en España
La UE es una instancia de salvaguardia para quienes crean que sus derechos han sido vulnerados en España.
Esa disciplina no es sólo útil en los temas de derechos humanos. También es muy importante en la economía. Más de una multinacional extranjera invertirá en España si sabe que la justicia europea es garante de la estabilidad jurídica.
Es verdad que si la justicia española es lenta, la europea va a paso de tortuga. No obstante, cuando se pone en marcha no hay quién la pare. Por tanto, también tiene un papel disuasorio y de aprendizaje.
Disuasorio porque es un riesgo tomar decisiones que a largo plazo sean retrotraídas por un tribunal. De aprendizaje porque los precedentes marcan los límites de lo que es jurídicamente posible.
Por ejemplo, en el futuro cualquier dirigente político que intente una secesión unilateral de un territorio dentro de la UE, incluido España, sabe que además de las leyes nacionales, debe analizar la jurisprudencia europea.
Europa nos disciplina la economía, el derecho y la soberanía.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
