La toma de control de las instituciones por parte del Gobierno, su puesta al servicio de los intereses gubernamentales ha sido y es uno de los pilares de la estrategia de la izquierda desde su llegada al poder. En el plano económico, la mayoría de los organismos cuya razón de ser es la independencia de criterio y de actuación han sido capturados por la coalición gubernamental.
El último y más flagrante ejemplo de esta política es el del Banco de España cuyo gobernador le ha convertido o intenta convertirle en una franquicia del Ejecutivo y en otra entidad destinada a vender la realidad virtual de la economía española, liquidando la confianza y credibilidad de esa institución generada durante el mandato del Sr. Hernández de Cos.
En este contexto, es de agradecer el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2025. En él se realiza una crítica demoledora de la política fiscal del Gabinete social comunista que no se limita a plantear sugerencias o a hacer comentarios de carácter técnico, sino que constituye una acusación directa de irresponsabilidad y miopía a un Gobierno cuya política pone en peligro la estabilidad económica de España en el medio-largo plazo.
Se trata de una verdadera moción de censura a la gestión de las finanzas públicas realizada por la izquierda reinante.
De entrada, la AIReF considera peligrosa, incomprensible e inaceptable la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 y 2025; una muestra flagrante de la incapacidad del Gobierno para planificar y asumir responsabilidades. En un momento crucial, con el retorno de las reglas fiscales europeas, la AIReF denuncia la falta de una senda fiscal creíble, más allá de vagas declaraciones de intenciones.
La AIReF subraya la imposibilidad de una supervisión efectiva cuando el propio Ejecutivo renuncia a su hoja de ruta más básica.
El Ejecutivo navega a ciegas en el campo de las finanzas públicas y con dos lastres básicos a sus espaldas: primero, la incompatibilidad de los planteamientos económicos entre sus socios y aliados parlamentarios; segundo, su falta de voluntad-capacidad para reducir el gasto público, transformado en un instrumento de compra de votos.
Al mismo tiempo, la AIReF subraya la imposibilidad de una supervisión efectiva cuando el propio Ejecutivo renuncia a su hoja de ruta más básica.
La AIReF ha destapado también la esquizofrenia del marco fiscal español. Es un absurdo que España siga operando con reglas nacionales obsoletas mientras Europa impone una nueva disciplina de gasto. Esta desconexión no es un error menor; es una fuente de caos y de posibles incumplimientos.
La AIReF ha explicitado esta aberración: el cumplimiento de las reglas nacionales forzaría medidas de ajuste tan drásticas que, paradójicamente, podrían llevar a un sobrecumplimiento innecesario de la normativa europea. Esto revela una chapuza legislativa que impide la coherencia y la eficiencia en la toma de decisiones fiscales.
Las proyecciones macroeconómicas del Gobierno no son previsiones; son cuentos de hadas para consumo interno y destinadas a mantener vivo el espejismo de una economía cuyo crecimiento se asienta sobre arenas movedizas, es de pésima calidad e insostenible en el tiempo.
La deuda pública española es el lastre insoportable que el Gobierno se niega a afrontar
La AIReF ha desmentido sistemáticamente el optimismo infundado del Ejecutivo, proyectando un crecimiento más moderado y, lo que es peor, un déficit público persistente y peligroso, 2,8% del PIB en 2025, con un claro riesgo de empeoramiento.
Pero la bomba de relojería es el gasto público. La AIReF ha denunciado que el crecimiento del gasto primario neto supera con creces los límites acordados en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Esta deriva no es una anécdota; es la prueba de una gestión irresponsable, que ignora los compromisos y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La opacidad en áreas clave como el gasto en defensa y la falta de datos pormenorizados del gasto solo profundizan las sospechas de un intento deliberado de esconder la verdadera magnitud del problema.
La deuda pública española es el lastre insoportable que el Gobierno se niega a afrontar. A pesar de una pírrica reducción proyectada para 2025, alrededor del 101,6% del PIB, la AIReF es cristalina: España sigue en una posición de vulnerabilidad extrema dentro de la eurozona.
Las previsiones de una "reducción gradual" son un engaño; la AIReF proyecta un estancamiento que no garantiza la sostenibilidad. La sentencia es clara: si no se acomete un ajuste brutal de más de 3 puntos porcentuales del PIB entre 2025 y 2040, la deuda seguirá siendo una condena para las generaciones futuras.
La AIReF ha vuelto a demandar una reforma radical del marco de gobernanza fiscal nacional, calificándolo de obsoleto e inservible. La inacción del Gobierno ante esta exigencia vital no es solo una falta de diligencia; es una negación deliberada a sentar las bases de una gestión fiscal moderna y transparente.
No se trata de una mera adaptación a Europa; es la necesidad imperiosa de construir un sistema que garantice la responsabilidad, la predictibilidad y el consenso entre todas las administraciones. La falta de un compromiso real con esta reforma es la prueba más fehaciente de la complacencia y el cortoplacismo que dominan la política fiscal del Gobierno.
En definitiva, la AIReF no se limita a señalar errores, sino que de facto acusa al Gobierno de una gestión fiscal temeraria, que ignora las advertencias, elude sus responsabilidades y pone en peligro la prosperidad de España a medio y largo plazo. La cuestión es cuánto tardará el Ejecutivo en asaltar la independencia de la AIReF. Y
