En las últimas semanas, se ha intensificado el señalamiento contra Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional. Desde varios frentes políticos y mediáticos se las acusa de ser responsables directas de la subida de los precios del alquiler, del desarraigo de los vecinos en los barrios más turísticos, e incluso del deterioro del tejido urbano.
Pero ¿y si estuviéramos mirando en la dirección equivocada? ¿Y si esta narrativa fuera funcional a ciertos intereses económicos y políticos, pero poco realista?
Para empezar, y a pesar de que estamos en el país en el que el relato gana al dato, conviene mirar las cifras. En España, el problema de acceso a la vivienda tiene una raíz estructural que se llama escasez.
Es un tema tan simple como la oferta y la demanda en un mercado rígido. En la última década, se han construido menos viviendas que en ningún otro momento desde 1970. Mientras tanto, la demanda crece: en 2023, por cada tres nuevos hogares que se formaron, solo se construyó una vivienda.
A esto se suma otro dato que no tienen en cuenta quienes escriben los grandes titulares: en nuestro país hay cerca de cuatro millones de viviendas vacías. Cuatro millones.
En ciudades como Barcelona, la presión turística en el casco antiguo se explica por una concentración hotelera seis veces superior a la de pisos turísticos
Eso es casi el 14% del parque total. Los alquileres turísticos representan menos del 1,5% de las viviendas, y los dedicados exclusivamente a turismo apenas un 0,5%. ¿No estará el problema en otro sitio?
Tal vez podríamos preguntarnos la razón que lleva a esos propietarios a no alquilarlas para uso residencial normal, y sin embargo, vemos que muchos propietarios se atreven más con el alquiler vacacional.
Obviamente, es un tema de garantía jurídica. Alquilas tu piso, te entra un inquilino moroso, o te la ocupan ilegalmente y te ves en la estacada. El amparo de la ley, que se presupone a cualquier país democrático avanzado, no existe.
También nos machacan con que estas plataformas son responsables de la masificación turística. Pero los datos muestran que más de 8 de cada 10 pernoctaciones en España ocurren en hoteles.
En ciudades como Barcelona, la presión turística en el casco antiguo se explica por una concentración hotelera seis veces superior a la de pisos turísticos. ¿Por qué no se menciona? ¿Por qué el debate parece tan desequilibrado? ¿Intereses creados?
¿Por qué un turista que pasa tres días en una vivienda provoca desarraigo, pero no se plantea el efecto acumulado de cambios demográficos permanentes?
Pues, probablemente. Porque mientras se criminaliza a las familias que alquilan una habitación o su segunda residencia de forma puntual, se ignora el papel del lobby hotelero y la escasez de obra nueva.
Además, la regulación que se propone muchas veces no distingue entre actividad profesional intensiva y hospedaje ocasional. Y eso penaliza a las familias, a las zonas rurales y a los pequeños propietarios que complementan ingresos gracias al turismo, y que, a su vez, inyectan actividad a zonas que, de otra manera, se irían apagando.
Se criminaliza el turismo en ciudades como Málaga, que, en 2010, antes del despegue del turismo, tenía más del 20% de desempleo, y con ello, la calidad de vida era muy baja. Ahora tiene menos del 10% de paro y una actividad económica envidiable.
No en vano, si en el año 2014 ocupaba el decimocuarto lugar en el ranking mundial de calidad de vida, en el 2023 era la primera ciudad y actualmente la segunda. Pero qué horror la vivienda vacacional.
También se apela al "desarraigo" como argumento emocional. Se dice que los barrios pierden su alma por culpa del turismo. Pero ¿no deberíamos preguntarnos también por el impacto del cambio cultural derivado de la inmigración masiva? ¿Por qué un turista que pasa tres días en una vivienda provoca desarraigo, pero no se plantea el efecto acumulado de cambios demográficos permanentes? No se trata de estigmatizar, desde luego, sino de abrir el debate con honestidad y dejar de lado la hipocresía.
Es lógico que se regule el alquiler vacacional para evitar fraudes y abusos, como todo. ¿Los turistas hacen ruido? Los vecinos nacionales también. Para eso hay normas municipales y ambos tienen que cumplirlas. ¿Se preocupan poco por las zonas comunes? Tranquilo, a esas plataformas como Airbnb y otras no les conviene, en absoluto, inquilinos molestos.
Más bien, al contrario, su negocio va mejor cuando nadie se queja. Por eso, la regulación debe ser proporcionada, basada en datos y con una visión más amplia. Cuando se actúa solo por presión mediática o por comodidad política, se castiga a quienes menos culpa tienen y se refuerzan modelos urbanos y turísticos que no necesariamente benefician a la mayoría.
Pero ¿a quién le importa el bienestar de la mayoría cuando se trata de vestirse de populistas para comprar los votos de tu “aliado político”?
Quizá ha llegado el momento de dejar de buscar chivos expiatorios y empezar a pensar políticas públicas que afronten el problema de fondo: la escasez de vivienda, la rigidez urbanística, la falta de incentivos para sacar al mercado viviendas vacías y una visión desequilibrada del modelo turístico. Lo otro, lo de siempre, es ruido. Y el ruido no construye casas.
