El triste y penoso espectáculo de una España azotada por una ola de corrupción indecente no es una casualidad ni un fenómeno de carácter coyuntural. Era algo inevitable ante la expansión del Estado en todas las esferas de la política, de la sociedad y de la economía unida a una estrategia gubernamental destinada a eliminar todos los contrapesos a su ejercicio del poder.
España es un caso de libro, una expresión del viejo y conocido adagio de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En un contexto de esta naturaleza, las tentaciones e incentivos para usar las atribuciones gubernamentales en beneficio propio se disparan.
El poder y la corrupción están entrelazados y la situación española, a la vista de lo que está ocurriendo, tiene una de sus manifestaciones más perversas: la de la captura del Estado, una forma sistemática de corrupción en virtud de la cual las élites gobernantes ocupan y emplean las instituciones estatales para satisfacer sus propios intereses, en este caso, la obtención de ingresos.
Si se utiliza la teoría económica para analizar lo que ha sucedido y sucede en España, la casta gobernante ha logrado una síntesis basada en la maximización del poder para que una trama cada vez mayor de sus amigos maximice los beneficios económicos que puede obtener con el uso de aquel.
El análisis económico-institucional de la corrupción es util porque permite despersonalizar la discusión sobre esa materia, evitar emplear argumentos ad hominem y, en consecuencia, no perder de vista la esencia del problema.
El poder y la corrupción están entrelazados y la situación española
Siempre ha habido, hay y habrá individuos más, menos o, a priori, nada propensos a corromperse pero el riesgo de que eso se produzca es directamente proporcional a la capacidad de quienes gobiernan de hacer “favores” y eso depende de manera directa de las facultades que tienen para prestarlos.
Obviamente, la corrupción tiende a ser menor en un Estado en donde el Gobierno gestiona de manera directa o indirecta una parte de la economía más pequeña que en uno donde es mayor.
En este contexto, es perfectamente lógico y era esperable que la corrupción en España se haya disparado durante el mandato de la coalición social comunista con su programa de expansión estatal en la economía.
Y es muy relevante, a los efectos de la validez empírica de este análisis, señalar que, en buena medida, el grueso de los casos de corrupción más llamativos que azotan al Gobierno desde episodios propios de la saga Torrente a manifestaciones de favoritismo nepótico, por ejemplo, se hayan producido cuando éste disponía de las facultades extraordinarias que reclamó y obtuvo para hacer frente a la pandemia.
La corrupción tiende a ser menor en un Estado en donde el Gobierno gestiona de manera directa o indirecta una parte de la economía más pequeña
El desarrollo de de una situación de esa naturaleza, la institucionalización de la corrupción, hubiese sido imposible o menos fácil sin el vaciamiento o el debilitamiento de las instituciones en nombre de una concepción iliberal de la democracia, de la demanda de un poder ilimitado para la mayoría parlamentaria, que ha erosionado los mecanismos de control y equilibrio destinados a contrapesar la acción del Gobierno.
El Estado de Derecho en España está en una posición precaria. Sólo restan como mecanismos efectivos para denunciar los excesos del poder los jueces y los medios de comunicación cuya independencia sufre un acoso constante del Gobierno. Y los controles internos, lease una burocracia profesional, son ya muy débiles y cada vez menos eficaces.
Y…¿la sociedad civil?… Mucha gente se extraña y se lamenta de la escasa reacción de la ciudadanía ante la mix abuso del poder-corrupción encarnada por este Gobierno.
Se habla de la falta de fibra moral de los españoles, de su insensibilidad ante esas cuestiones y no se entiende porqué el actual estado de cosas no se refleja en las encuestas mediante un rechazo generalizado al Gobierno Sánchez y en un descenso significativo de su potencial soporte electoral Sin embargo, esto no es sorprendente.
Sólo restan como mecanismos efectivos para denunciar los excesos del poder los jueces y los medios de comunicación
La teoría económica muestra que la polarización política influye de modo significativo en la racionalidad de los votantes al evaluar las acciones gubernamentales.
Les lleva a procesar la información de manera sesgada, priorizando la confirmación de sus creencias, a rechazar la información contraria a ellas y a aceptar los datos que las refuercen aún siendo imprecisos e incluso falsos; esto es, los electores juzgan las acciones gubernamentales no por su mérito, sino por su alineación con el partido al que apoyan.
Esto se traduce en una mayor distancia afectiva entre los votantes de los partidos rivales, lo que conduce a lo dicho al comienzo de este párrafo: decisiones de voto basadas más en la lealtad partidista que en un análisis racional de las políticas y de la conducta del Gobierno.
En este contexto, la polarización juega de manera clara a favor del Gobierno y, en concreto, de su Presidente. Los votantes alineados con el PSOE tienden a justificar todas las actuaciones de su Secretario General como necesarias o pragmáticas y las críticas al Gobierno por parte de sus rivales se perciben como un conflicto entre "nosotros" y "ellos".
Esto hace imposible o muy difícil que los ciudadanos realicen un juicio sereno, imparcial y equilibrado sobre la actuación de los políticos y desincentiva el traspaso de votos Inter bloques o la abstención.
¿Cuál es la solución? La de siempre: Un Estado pequeño, con funciones limitadas, con separación efectiva de los poderes. Ahora bien, a qué fuerza política le interesa un modelo de esa naturaleza.
