El fervor antinuclear de la izquierda española es conocido y ha sido una constante desde el retorno de España a la democracia en 1977. Aún están en la memoria las campañas al grito de “¿Nucleares? No, Gracias” de la década de los años setenta y ochenta del siglo pasado, el parón a la construcción de nuevas centrales por el primer Gobierno de Felipe González y la manifiesta voluntad de la actual coalición de cerrar las existentes conforme a su programa de transición energética.
El gran apagón ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre la energía atómica. Se puede estar a favor o en contra de ella. Ahora bien, es básico abordar ese asunto con un mínimo rigor y eso no ha ocurrido en la sesión parlamentaria celebrada esta semana. El secretario general del PSOE ha vertido en el Congreso de los Diputados, algo sorprendente, una afirmación verdadera “España no produce uranio” pero no ha explicado por qué, acompañada de una falsa: heredó un sistema eléctrico ineficiente e injusto. Es preciso aclarar ambas tesis.
España cuenta con reservas de uranio estimadas en 28.500 toneladas métricas, según datos del Libro Rojo del Uranio de la Agencia Internacional de la Energía. Estas reservas son las segundas más importantes de la Unión Europea, solo superadas por las de la República Checa (125.000 toneladas). Los principales yacimientos se encuentran en Salamanca (Retortillo, Zona 7 y Alameda), con otros depósitos menores en regiones como Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.
Sólo la explotación de los yacimientos salmantinos con probada viabilidad técnica y económica, bastaría para abastecer el parque nuclear español durante aproximadamente 18-20 años, con potencial para más si se desarrollan recursos adicionales. Y esto es posible. En 2018, el precio del uranio era bajo (20-25 $/libra de U₃O₈), pero desde 2021 ha subido significativamente (80-100 $/libra en 2023-2024) debido a tensiones geopolíticas y al incremento de la demanda nuclear. Esto aumenta la rentabilidad potencial de las minas españolas, en concreto, de las ubicadas en Salamanca.
Es cierto que España no dispone de plantas para enriquecer el uranio de origen doméstico. Los incentivos para realizar esa tarea que requiere importantes inversiones son inexistentes en un entorno antinuclear como el de la vieja Piel de Toro. Ahora bien, esa actividad podría desarrollarse en países de su espacio político-económico como Francia, Reino Unido o los Países Bajos y sería más barato que importar ese mineral. En otras palabras, el análisis coste-beneficio sobre la reactivación de la producción de los recursos uriníferos españoles avalaría esa opción.
La extracción de uranio está prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en 2021
Sin embargo, la extracción de uranio está prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en 2021, cuyo objetivo es, entre otros, la configuración de un sistema eléctrico casi totalmente dominado por las renovables. El domingo pasado se pusieron de manifiesto en estas páginas el enorme y costoso error de esa estrategia cuyo primer efecto ha sido el gran apagón. Pero se han apuntado razones adicionales para justificar la “prohibición”.
El Gobierno y sus corifeos han empleado un argumento complementario para oponerse a la explotación de las minas de uranio: su impacto medioambiental es muy alto, Pues bien existen múltiples medios para reducir aquel de manera significativa mediante técnicas como la lixiviación in situ que minimiza la alteración del paisaje y la generación de residuos, la gestión avanzada de estos, la protección de los acuíferos y planes de restauración medioambiental. Esto no es ciencia-ficción sino que se lleva a cabo en los países productores como Canadá o Australia.
En su discurso ante la Cámara Baja, el presidente de la coalición social-comunista que rige los destinos patrios dijo que había heredado un sistema eléctrico ineficiente e injusto. Esto no se corresponde con la realidad. De acuerdo con todos los rankings de eficiencia energética, en 2018, el sistema español se situaba entre los 5 primeros de la UE. En ese momento, las renovables representaban un 40% del total de generación eléctrica peninsular, frente al 81% que el Gobierno pretende alcanzar en 2030 y el 78% cuando el sistema colapsó el pasado 28 de abril.
¿Era el sistema eléctrico injusto en 2018? Si bien esa calificación es totalmente arbitraria y se presta a cualquier cosa, es ilustrativo señalar algunos puntos
¿Era el sistema eléctrico injusto en 2018? Si bien esa calificación es totalmente arbitraria y se presta a cualquier cosa, es ilustrativo señalar algunos puntos. Cuando la coalición social-comunista llegó al poder, España garantizaba un suministro eléctrico casi universal, con una red de distribución fiable, con pérdidas en ella en línea con los estándares europeos y con una cobertura equitativa, incluidas las áreas rurales. Por añadidura existía un bono social (descuento en la factura del 25-40%) para consumidores vulnerables que beneficiaba a unos 2,5 millones de hogares. No está mal…
El Gobierno ha planteado el debate energético español en términos ideológico-irracionales adobados, como es habitual, de propaganda barata y de una ausencia total de rigor; una fuga hacia adelante en defensa de una modelo cuya primera manifestación ha sido el Gran Apagón. El infantil ímpetu antinuclear del Ejecutivo priva a España de recursos que contribuirían a reducir su dependencia del exterior y a dar mayor seguridad-estabilidad al sistema.
