La democracia española es cada vez más la caricatura de una democracia. El Gobierno social comunista está destruyendo todos los mecanismos institucionales de control al ejercicio del poder y acabando con los fundamentos de un sistema parlamentario.
En esta dinámica se inserta el intento gubernamental de sustraer a las Cortes Generales la discusión sobre el programa de rearme o, para decirlo común mayor claridad, el aumento del gasto en defensa que España ha de abordar.
Los hitos fundamentales del parlamentarismo frente al absolutismo fueron dos: no hay imposición sin representación y no hay gasto militar sin aprobación del Parlamento. Este es el último hurra de un Gabinete, el sanchista, en pos de la autocracia que cierra el circulo de sus designios.
Por otra parte, la posición gubernamental es de una flagrante ilegalidad. La Ley Orgánica 5/2005 de 17 de diciembre, de la Defensa Nacional establece en su artículo 4 que corresponde a las Cortes Generales otorgar las autorizaciones previas para aprobar leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes.
Esto significa, aunque sea irrelevante para un Gobierno cuyo respeto a la Constitución y a las Ley es inexistente, que arrebatar al Parlamento sus potestades en esta materia es un acto ilegal.
Aunque, obviamente, el Tribunal Constitucional, presidido por la versión hispana del siniestro Roland Freisler lo respalde. Pero ahí no termina la historía, como casi siempre…
Nadie sabe en qué consiste o va a consistir el plan gubernamental en materia de seguridad y defensa, enfrentado ab initio a la oposición de los socios comunistas del PSOE, definida por un antimilitarismo primitivo e irracional.
El debate parlamentario sobre esta cuestión, celebrado esta semana, tiene tintes tercermundistas y un nivel propio de las banana republics del realismo fantástico.
La izquierda patria ha mostrado un nivel de ignorancia, de desconocimiento de la realidad y de ceguera ideológica que no sorprende ya a casi nadie pero que no deja de sorprender a cualquier animal racional.
El Gobierno ha eludido concretar cual será el ritmo de crecimiento del gasto militar. Sin embargo, la Comisión Europea sí ha cuantificado el esfuerzo que ha de realizar cada Estado miembro de la UE en ese capítulo.
Este deberán sumar un 1,5 por 100 del PIB a sus respectivos presupuestos de defensa respecto al año base 2021. En el caso de España ello no supondría un techo del 2 por 100 del PIB, sino del 2,5 por 100. Esto que equivale a un incremento de esa partida superior a los 5.600 millones de euros durante los próximos cuatro años.
A efectos presupuestarios es básico tener en cuenta algo básico: no se trata de un aumento del gasto de naturaleza coyuntural, sino estructural; es decir, los desembolsos en defensa equivalentes al 2,5 por 100, como mínimo, habrán de ser permanentes y, en consecuencia, no pueden ser financiados con ingresos puntuales, esto es, que se reciben una sola vez y por un tiempo determinado.
Y, como es obvio, esto plantea un problema extraordinario en un país, España, con niveles de endeudamiento muy elevados y con unos compromisos de gasto, excluidos los militares, de déficit y de deuda que la Airef considera inalcanzables con el Plan Fiscal y Estructural del Gobierno.
La Comisión Europea ha dicho que el gasto en defensa no será tenido en cuenta a la hora de evaluar la posición de las finanzas públicas de los estados de la Unión Económica y Monetaria (UEM), pero eso no implica algo elemental; esto es, cómo se financian los aumentos de un plan de rearme.
Y las fuentes de éste sólo pueden ser tres: una subida de los impuestos, un recorte de gastos o un incremento de la deuda pública.
Como el Gabinete social comunista ha afirmado que su indefinido plan de rearme no se traducirá en un recorte del gasto social, alrededor del 60 por 100 del gasto total, el único recurso será subir los impuestos y/o aumentar el endeudamiento.
Sin duda, el Gobierno puede aplicar una ingeniería contable temporal acudiendo al artículo 9 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogada, que le permite mover partidas entre secciones o ministerios sin tener la aprobación del Congreso.
Sin embargo, muchos de esos gastos ya están cautivos, como las pensiones o las retribuciones a los empleados públicos. Y, tampoco es posible recurrir al denominado Fondo de Contingencia que, en este capítulo, la defensa, sólo se puede emplear para financiar las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Esto conduce de nuevo a la necesidad de elevar los impuestos y/o la deuda para cubrir las necesidades financieras del Ejecutivo para abordar sus compromisos en defensa o recortar otras partidas de gasto.
En suma, el inexistente plan de defensa del Gobierno, gracioso, tiene obligaciones de gasto impuestas por la Unión Europea que serán imposibles de financiar salvo por los mecanismos sugeridos.
La idea o, para ser precisos, las proclamas gubernamentales de que no será preciso elegir, viejo , entre “cañones y mantequilla” es insostenible en el tiempo.
El Gasto en defensa, necesario, se convertirá en otra y muy voluminosa partida de gasto estructural en un país, España, en el que este ya supone entre el 80 y el 90 por 100 del gasto total. Sólo queda reír porque llorar es algo ya muy usado.
