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La industria de la financiación vive un proceso de constante cambio para adaptarse a las novedades normativas que sientan en la actualidad las bases de nuevos paradigmas en materia de transparencia, seguridad jurídica, protección del consumidor y accesibilidad de los servicios financieros.
Este desafío para el sector constituye una oportunidad de consolidar los servicios de financiación al consumo como un actor clave para garantizar el bienestar de la ciudadanía, facilitar el acceso a bienes y servicios e impulsar el crecimiento de la economía mediante la dinamización del consumo, sin perder de vista la protección de nuestro cliente.
A esta situación variable que nos ha acompañado en los últimos años, debemos sumarle un entorno macroeconómico incierto, con el Banco Central Europeo sin dar demasiadas pistas de sus siguientes movimientos sobre los tipos de interés y una inflación persistente que, aun estando más controlada, promete seguir siendo un quebradero de cabeza para los máximos decisores de las políticas económicas.
En este contexto de incertidumbre económica y legislativa, es mucho lo que hay en juego, ya que cualquier novedad que afecte a los servicios de financiación impactará de igual manera en todas las industrias de bienes y servicios de nuestro país.
Así pues, 2025 promete ser un año clave para avanzar hacia un marco normativo y jurídico que ayude a impulsar a la industria del crédito al consumo al tiempo que se garantice la seguridad y la protección del consumidor. Entre las novedades que este año pueden marcar un antes y después para la industria, cabe destacar una por encima de todas: la transposición de la Directiva Europea de Crédito al Consumo.
2025 promete ser un año clave para avanzar hacia un marco normativo y jurídico que ayude a impulsar a la industria del crédito al consumo al tiempo que se garantice la seguridad y la protección del consumidor
En noviembre de este año España debe transponer esta nueva regulación europea que redefine el panorama del crédito al consumo. Esta normativa, impulsada por la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y proteger a los consumidores, introduce importantes modificaciones a nivel de transparencia, publicidad o regulación que afectan a empresas de servicios de financiación, intermediarios y consumidores y cuyas medidas de aplicación lo serán a partir del 20 de noviembre de 2026.
De esta trasposición dependen aspectos tan relevantes como la llamada reserva de actividad, que garantizaría que todas las entidades que ofrezcan servicios de financiación tengan que estar debidamente autorizadas, registradas y bajo el control de algún supervisor; en el caso de nuestro país, el Banco de España.
En la actualidad hay entidades no reguladas cuya actividad, en algunos casos, conlleva condiciones financieras fuera de mercado y una operativa que destaca por su falta de transparencia, lo que pone a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, en una situación de inseguridad y de riesgo de sobrendeudamiento.
La reserva de actividad permitiría, así, organizar el mercado del crédito al consumo en España bajo el principio de “misma actividad, mismas reglas”: Este principio ya rige este mercado en casi todos los países europeos y, al aplicarse en España, permitiría aumentar notablemente la protección del consumidor y garantizar la competitividad de un sector en el que, en nuestro país. Las entidades reguladas tienen muchos más requisitos regulatorios y operacionales que las no reguladas.
Siguiendo esta misma línea, desde ASNEF creemos que uno de los principales desafíos para el sector este año es el de mantener el crédito responsable como un pilar fundamental dentro del sistema financiero y como garantía de sostenibilidad social y económica. El auge de la digitalización y de la contratación online nos sitúa ante nuevas oportunidades en materia de transparencia y seguridad, pero también conlleva importantes desafíos a la hora de facilitar al consumidor una toma de decisiones libre, consciente e informada.
Las entidades reguladas tienen muchos más requisitos regulatorios y operacionales que las no reguladas
Así como la posibilidad de ofrecer herramientas a las entidades para poder realizar contrataciones a distancia de manera sencilla y accesible al consumidor, asegurando estas operaciones y ayudando a prevenir el fraude.
Así, el futuro de la industria de la financiación va más allá de la evaluación rigurosa del prestatario, un requisito que las entidades reguladas ya cumplen. Las entidades reguladas están trabajando para promover la educación y pedagogía financiera de sus clientes, uno de los aspectos más relevantes a la hora de seguir impulsando el crecimiento de los servicios financieros.
Por otro lado, el establecimiento de reglas claras, objetivas y precisas que otorguen seguridad jurídica al mercado (incluyendo consumidores, entidades y también para la judicatura) es absolutamente necesario. Asimismo, es fundamental dotar de medios y recursos a la Administración Pública para poder agilizar los procesos y poner coto a la llamada “industria de la reclamación”, que genera pleitos artificiales y que, en ocasiones, con falta de transparencia, impone condiciones abusivas, aprovechándose de los consumidores para su propio beneficio.
Por último, pero no menos importante, es conveniente fijar una referencia clara, como en los países de nuestro entorno, a la hora de evaluar los tipos de interés, lo que sin duda será un paso fundamental en materia de seguridad jurídica, en la senda ya establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Un tema importante para el sector es asegurar el correcto funcionamiento en el tratamiento del mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho, y, por último, respecto del proyecto de ley sobre la creación de la Autoridad de defensa del Cliente Financiero, entendemos que los servicios de reclamación, en concreto, el del Banco de España tienen una larga experiencia y conocimiento de la problemática del sector, así como de las principales inquietudes del consumidor.
A las entidades financieras nos inquieta el “salto al vacío” que supone comenzar con una nueva autoridad prescindiendo, como el propio Banco de España ha mencionado en alguna ocasión, de la profunda experiencia y de las sinergias de los equipos de Supervisión existentes en la actualidad.
No hace falta, en nuestra opinión, la creación de esta nueva figura y bastaría con crear una ventanilla única para facilitar al cliente la presentación de reclamaciones, con la aplicación de la normativa ya existente y con los mismos procedimientos y normas sin incurrir en costes adicionales.
En definitiva, los desafíos presentes para la industria de la financiación deben tomarse como una oportunidad de avanzar a todos los niveles para consolidar un modelo que proteja a los consumidores y contribuya a la economía. La transposición de la Directiva Europea de Crédito al Consumo será un gran avance al implementar, en los términos que se prevean, la reserva de actividad, pero por sí sola no será suficiente.
Es importante también reforzar las normas de transparencia con criterios claros y dotar de mayor seguridad jurídica a todo el sector y a los consumidores para favorecer la actividad económica y permitir que los servicios de financiación sigan siendo un eje dinamizador del consumo y de la industria de bienes y servicios de nuestro país. Sin olvidar que además es necesario facilitar la creación de un mercado único Europeo, lo que sería difícil de conseguir sin una unión bancaria y legislativa.
*** Ignacio Pla es secretario general de ASNEF.
