El empresario José Elías

El empresario José Elías

Opinión

¿Y si José Elías fuera el siguiente presidente del Gobierno?

Arturo Zamarriego
Publicada

Ha terminado el 2024 y no recuerdo un mayor desaliento con el futuro de España. Cada año nos enfrentamos a los mismos problemas sin que la política de una mínima respuesta o esperanza de cambio. 

Por un lado, España adolece de un problema estructural de acceso a la vivienda. De las grandes economías europeas, España presenta el mayor aumento en la proporción de jóvenes entre los 18 y los 34 años que residen en el hogar familiar. La proporción de hogares en alquiler del mercado en España que se encuentran en una situación de sobreesfuerzo para pagar se sitúa en torno al 40%, 20 puntos porcentuales por encima del promedio de los 27 países de la Unión Europea. Si los precios de la vivienda han crecido un 8,1%, del alquiler un 11,5% y con estimaciones que nos indican que la tendencia seguirá en alza, ¿qué debemos hacer?

Lo primero que tenemos que pedir a la clase política es no buscar soluciones sencillas – o en otras palabras, eslóganes -  a un problema tan complejo. Ni son los fondos buitre los causantes - el 92% de los pisos en alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios – ni es generar más oferta sin control: sería necesario incrementar en más de un 150% la producción anual media de viviendas y seguramente a costa de nuestro patrimonio medioambiental. 

Hay que llegar a un consenso que combine muchas medidas como son impulsar la oferta de alquiler social, fomentar la colaboración público-privada para la promoción del alquiler, reforzar la seguridad jurídica,  mejorar la gestión de los procesos administrativos, revisar la tributación de la vivienda,  mejorar el transporte público en las áreas metropolitanas, un equilibrio de apartamentos turísticos y un largo etcétera.  Tanto medidas consideradas “más de izquierdas” como “más de derechas”.

Y sin querer extenderme más en este punto sería bueno hacernos la pregunta de los porqués de como el teletrabajo ha pasado de ser la esperanza para contrarrestar  la alta ocupación habitacional en los centros urbanos a un enemigo de la productividad de los trabajadores para muchas empresas, incluyendo paradógicamente aquellas en sectores más tecnológicos. Sin duda, una pena para el progreso y el liberalismo a costa de un alivio para los tenedores de oficinas, entre otros.

Hay que llegar a un consenso que combine muchas medidas como son impulsar la oferta de alquiler social, fomentar la colaboración público-privada para la promoción del alquiler y reforzar la seguridad jurídica

Otro de los grandes debates públicos son las pensiones. De nuevo escuchamos sin parar la hipérbole de muchos políticos de tratar a los partidarios de una reforma del sistema de pensiones como personas sin ningún tipo de empatía con los que disfrutan de un merecido retiro. Los datos hablan por sí solos, el desajuste de los ingresos que pagan exclusivamente las pensiones contributivas se acerca a 30.000 millones de euros, el equivalente al 1,91% del PIB. 

La solución a este problema por parte de todos los políticos – así lo muestra la hemeroteca – ha sido subir sistemáticamente las pensiones para no “enfrentarse” a un porcentaje muy importante de sus potenciales votantes. Un 2,8% será la subida en 2025, un 3,8% fue en 2024, un 8,5% fue en 2023 y un 2,5% fue en 2022. La pensión media de jubilación pasará de 1.441 euros mensuales en 2024 a 1.481,35 en 2025, lo que supone un incremento de 564,87 euros al año.

Y lo más grave es que los pensionistas y jubilados españoles cuentan con rentas superiores a las de los ciudadanos menores de 65 años. Esta situación solo se da en otros dos países de la Unión Europea: Luxemburgo y Eslovaquia. 

¿Y quién lo paga? La sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere cada año de mayores esfuerzos por parte de empresas y trabajadores, con un aumento de 5.800 millones previsto en cotizaciones sociales a empresas y trabajadores para pagar las pensiones en 2025. Junto con los aumentos en la tributación por los rendimientos de trabajo e impuestos indirectos hacen que más del 50% de los ingresos de un trabajador sean para pagar a Hacienda.  Menos y menos poder adquisitivo para la clase media.

Esto pudiera tener sentido si estuvieran garantizadas las pensiones en un futuro. Mi contribución será mi pensión futura. Pero en un modelo piramidal, donde la base de los jóvenes se estrecha, ningún político puede garantizarlas en el medio plazo, salvo que la deuda soberana siga aumentando sin límite y sigamos retrasando la edad de jubilación. 

Fue disruptiva  la propuesta de la CEOE para que los trabajadores por cuenta ajena ingresen el coste total del salario para la empresa y quienes posteriormente declaren a Hacienda las cotizaciones e incluso el IRPF. Un modelo donde todos nos igualamos a un autónomo y que nos haría más conscientes de la presión fiscal y exijamos más explicaciones sobre el destino de los fondos públicos. 

Para equilibrar las cuentas, lo que haría cualquier empresa sería reducir las pensiones – o al menos no subirlas – hasta implementar medidas de colaboración de pensiones pública – privadas a la vez que el sistema se cambia por un modelo de capitalización individual (por ejemplo la llamada “Mochila Austriaca”). O lo acometemos ya o el sistema será más deficitario cada año. 

Y por último, quisiera mencionar el problema de productividad de las empresas españolas. El 93% de las empresas españolas tienen menos de 10 asalariados y en sectores poco intensivos en conocimiento, de baja tecnología y menos innovadores, que tienden a generar más empleo que valor añadido, en detrimento de la productividad. Por ejemplo; más de la mitad de las pymes neerlandesas pertenecen a sectores intensivos en conocimiento o de alta o media tecnología, proporción que, en España, se queda en la cuarta parte.

Mientras que los Países Bajos lideran el ranking en esta variable, España —junto con Portugal y Bulgaria— presenta el porcentaje más elevado de pymes cuya actividad se desarrolla en sectores de baja intensidad en conocimiento o de baja tecnología. En concreto, el peso de las pymes que operan en esos sectores (74,2%) casi triplica el de las que operan en sectores intensivos en conocimiento o de alta o media tecnología (25,8%).

Los poderes públicos deben parar de incrementar los costes laborales, eliminar las trabas burocráticos que permitan ir hacía una economía digital y sostenible medioambientalmente, premiar el emprendimiento y favorecer la financiación pública y privada – adicional a la bancaria-, entre otras medidas. Facilitar a las empresas su crecimiento o al menos no impedírselo. Sin cambios urgentes, seguiremos siendo un país de sueldos bajos y de demasiadas horas de jornada laboral. 

Y con todo este panorama, ¿nos extrañamos que los jóvenes prefieran ser funcionarios donde - según público recientemente EL ESPAÑOL- se gana un 24% más que un empleado del sector privado, tienen estabilidad y mayores facilidades de acceso al crédito?

Ojalá se anime a presentarse alguien a presidente del Gobierno sin miedo, sin dependencia de un sueldo público, sin ataduras de partido y con ganas de hacer reformas, aunque le cueste la reelección. Eso que nos generó a unos cuantos el Partido de Ciudadanos. Esa persona debe saber que tendrá al menos un voto, el mío.

Arturo Zamarriego. Abogado y economista. Consultor experto en estrategia de negocios digitales, fintech y entidades financieras.

 

***Arturo Zamarriego. Abogado y economista. Consultor experto en estrategia de negocios digitales, fintech y entidades financieras.