Sin que se pueda decir que es un tipo de política fiscal contra cíclica (dado que teóricamente no estamos en crisis) la única justificación que puede existir es el deseo de mantener en las cifras de crecimiento del PIB con una contribución destacada del consumo público trimestre a trimestre.

Según las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España fechadas a septiembre de este año, el consumo público cerrará 2023 con una aceleración notable con respecto a la previsión de junio (+1,4% frente a +0,6% anual) y se mantendrán en 2024 y 2025 crecimientos del 0,8% y 1,4% anual respectivamente.

De esta manera, el consumo público contrarrestará la más que probable contribución negativa del sector exterior en 2024 (-0,3%). Se trata, por tanto, de seguir ampliando el gasto para, al menos, mantener a la economía española en su actual escenario de estanflación para unos cuantos trimestres más.

Decimos consumo público porque el signo expansivo de la política fiscal no está dirigido al aumento de inversión pública, sino que la mayoría irá a parar a gasto corriente. En este sentido, las últimas proyecciones de otoño de la Comisión Europea señalan un escenario plano de inversión pública sobre PIB para España, en el 2,7% para 2024 y 2025 frente a la estimación anterior del 2,9% para ambos años.

La desaparición progresiva del “dividendo inflacionario”se intentará cubrir con nuevas subidas de impuestos

No es buena señal y casa perfectamente con la escasa y deficiente ejecución de los fondos #NextGenEU, más aún viendo la lista de los 100 principales beneficiarios hasta la fecha.

No obstante, el camino que parece fácil tal como lo traza la ministra de Hacienda puede no serlo tanto. No sólo porque la recuperación de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento impondrán variaciones notables en la política fiscal, pero sobre todo porque la fuente aparentemente inagotable de ingresos fiscales de los últimos dos años puede empezar a agotarse.

Sin ir más lejos, la desaparición progresiva del “dividendo inflacionario” (en dos años ha dejado un incremento de recaudación aproximado de 45.000 millones de euros) se intentará cubrir con nuevas subidas de impuestos bajo el supuesto de que las bases imponibles no reaccionarán.

Pero ¿qué pasa si reaccionan? ¿Qué ocurre si la economía sumergida sigue aumentando? ¿Qué pasará con la recaudación por cotizaciones sociales si las bases máximas dejan de ser rígidas?

Ante estas incógnitas que pueden ser perturbadoras de los escenarios previstos por el Gobierno, éste no muestra una capacidad real de tener un “plan B”. Hasta la fecha, en contra de los pronósticos que dábamos desde 2021 de riesgos en la estabilidad fiscal, el Gobierno de coalición ha sabido buscar subterfugios que le han proporcionado una recaudación histórica.

Pero ellos mismos saben que esto no dura eternamente, incluso a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) sigue proporcionando una ayuda indirecta (y, a la vez, muy directa) en forma de compras netas de deuda pública.

Un factor a tener en consideración es la utilización de las autonomías como chivos expiatorios a la hora de cuadrar las cuentas

¿Qué tipo de “vías de escape” intentarán encontrar para seguir la trayectoria de los últimos años? Aparte de que se puedan producir nuevas subidas de impuestos, un factor a tener en consideración es la utilización de las autonomías como chivos expiatorios a la hora de cuadrar las cuentas.

Mientras que a los ayuntamientos se les ampliará en dos dígitos la actual cuantía de gasto y partiendo de una situación de equilibrio presupuestario, a las comunidades autónomas de régimen común también se les transferirá más dinero, pero con una revisión más ajustada de los objetivos de déficit.

Hacienda sabe que cuenta con la hostilidad de las regiones gobernadas por el Partido Popular

Obviamente Hacienda sabe que cuenta con la hostilidad de las regiones gobernadas por el Partido Popular. Y dado que en los últimos años la neutralidad y el diálogo institucional han ido deteriorándose a marchas forzadas, las regiones saben que los objetivos de déficit se aplicarán con mayor severidad, excepto a Cataluña, tal como se escenificó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Habrá que estar atentos (esa es, sin ir más lejos, la labor de la AiREF y otros organismos independientes) para evaluar cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado para 2024 de cómo el diseño de política fiscal seguirá incidiendo en la conservación del statu quo sin ambición ni intención de generar el ahorro público necesario que impulse la inversión y, con ello, el crecimiento a largo plazo, no el de corto plazo como hasta ahora.

Tendremos que confiar en otros momentos históricos donde ha reaparecido el “santo temor al déficit”, porque si dependiera del actual Gobierno…

***Javier Santacruz es economista e investigador del Instituto Español de Analistas.