Nos encontramos en los momentos previos a la formación de un Ejecutivo de marcado carácter anti empresarial que supondrá, en sí mismo, una fuerte barrera a la inversión y a la actividad económica. La inestabilidad política y la mala calidad regulatoria están siendo factores determinantes para entorpecer un clima de negocios que sea propicio para nuestro tejido industrial.

En lugar de afianzar marcos que sean predecibles, estables y competitivos, vivimos en la constante modificación de normativas y en la arbitrariedad fiscal, impulsadas por un afán populista que ha sustituido al análisis técnico riguroso, desincentivando la tanto la inversión nacional como extranjera. La improvisación y los vaivenes legislativos confunden a los inversores e incrementan los costes normativos de las empresas españolas y reducen su competitividad.

El proceso de elaboración de normas del Ejecutivo se caracterizado por la ausencia de transparencia, la carencia de un exhaustivo análisis de impacto normativo y sin la participación de todos los stakeholders; elementos todos, cruciales para asegurar que las leyes sean eficientes y favorables al crecimiento económico.

La orientación de la política industrial del próximo Gobierno suscita muchas preocupaciones. Aparecen nuevas promesas de reindustrialización, basadas en la new age intervencionista de Mazzucato que contrastan con el abandono percibido por el sector durante los últimos cinco años. En definitiva, una “tomadura de pelo” que evidencia una desconexión con las necesidades reales de la industria, que quedan supeditadas a los intereses ideológicos del Gobierno.

Índice del Clima Industrial

El fracaso en alcanzar un Pacto por la Industria, impulsar los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la ausencia de una nueva Ley de Industria, han marcado cinco años de estancamiento y retroceso industrial. La legislación apresurada y sin consenso durante la pandemia y las insuficientes ayudas para afrontar la crisis energética, contrastan con las medidas adoptadas por otros países de nuestro entorno, dejando a la industria española en una posición vulnerable.

Nos dirigimos hacia un cambio de modelo productivo protagonizado por la intervención estatal sobre la iniciativa privada. Se critican los beneficios empresariales y la inversión privada, señalando a empresarios y tildando sus actividades de especulativas, para lo que pretenden cambiar la estructura de gobernanza de las empresas, obligando por imperativo legal, a dar cabida a los trabajadores en la toma de decisiones empresariales.

Bastaría repasar la participación de algunas cúpulas sindicales en las malogradas Cajas de Ahorro para desechar ideas provenientes de una izquierda caviar que desconoce el compromiso que supone comprometer los recursos y el patrimonio personal en un proyecto empresarial.

Esta tendencia populista hacia la centralización y el control gubernamental se plasma también en la propuesta de reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales sin reducción de salario.

Es una “tomadura de pelo” que evidencia una desconexión con las necesidades reales de la industria, que quedan supeditadas a los intereses ideológicos del Gobierno.

Su aplicación, podría socavar seriamente la competitividad y la productividad de las empresas españolas. Incrementaría los costes laborales y no entra en la raíz del problema, derivada del reducido tamaño de las empresas españolas y la fata de adecuación de los profesionales que proceden de la F.P. con las necesidades laborales de las empresas y las industrias españolas. Trocear el empleo, que es lo que se pretende, bajo la coartada de ser más felices, es incompatible con una sociedad donde 1,94 millones de trabajadores quieren trabajar más horas y no pueden hacerlo porque no encuentran empleo a tiempo completo.

Con el pretexto del mantenimiento de industrias estratégicas para el país, Yolanda Díaz pretende crear un nuevo Instituto Nacional de Industria que, a través de la SEPI, permita al Estado participar del control y la planificación industrial del país. La renacionalización encubierta de empresas cotizadas es hacer caminar a España por un camino perverso y contrario al de las economías que pretenden tener una eficiente asignación de recursos y ser más competitivas.

Es una estrategia para tomar posiciones relevantes en el tejido industrial del país que, aunque no sean de control, permitan al Ejecutivo acceder a los consejos de administración de compañías señaladas y coordinar sus hojas de ruta empresariales con los intereses industriales del Gobierno.

Las consecuencias de las políticas intervencionistas están comprobadas a lo largo de la historia: parálisis en las inversiones y relocalización de actividades empresariales fuera de España. Además, para sostenerlas, nos anuncian un aumento en la presión fiscal y la creación de impuestos adicionales para financiar unas políticas industriales podrían desincentivar aún más la inversión.

Todos los indicadores de coyuntura muestran un sector industrial que está en recesión mientras el gobierno miraba para otro lado. El índice de compras de los gestores de la industria manufacturera (PMI) se ha hundido en octubre y acumula siente meses en contracción. Hay casi 5.500 empresas menos en el sector industrial que en junio de 2018, cuando Sánchez accedió a la presidencia y la inversión empresarial se encuentra un 3% por debajo de los niveles prepandemia. Ni la demanda externa ni la coyuntura nacional apuntan a un 2024 propicio.

Las Cifras de Negocio en la Industria acumulan ya cinco meses con tasas negativas, con caídas interanuales que no se veían desde 2020 y el Indicador de Clima Industrial que elabora el Ministerio de Industria se situó en octubre en -8,7 puntos; son 16 meses en negativo. El mes pasado, el nivel de la cartera de pedidos cayó hasta su cifra más baja desde diciembre de 2020. Por último y a fin de no abundar más, la utilización de la capacidad productiva del sector industrial cerró el tercer trimestre de 2023 en un 76,2%, su nivel más bajo desde 2013 (excluyendo la pandemia).

Con la experiencia en la gestión demostrada por el gobierno, ¿podemos considerar su enfoque en materia de la política industrial acertado? 

La intervención estatal en la actividad empresarial, los sillones para “los validos” del Gobierno en los consejos de administración y el populismo económico no son la solución a los desafíos industriales de España. Se necesita una estrategia que promueva la estabilidad, la colaboración con el sector privado y una visión a largo plazo que asegure la competitividad y el crecimiento sostenible de la industria española.

Confianza, seguridad jurídica y un entorno favorable para la inversión son esenciales para revertir las tendencias actuales y posicionar a España como un líder industrial en Europa y en el mundo.

***Santiago Sánchez López es economista.