Y lo que es más grave, sus medidas frenarán el avance tecnológico de la movilidad madrileña y acabarán por reducir los ingresos de taxistas y empresas de VTC, de modo que conseguirán frenar la positiva evolución del empleo en este sector, sin beneficiar siquiera a los millones de usuarios de estas modalidades.

¿Y esto por qué? Por alejarse de los buenos principios de regulación aconsejados por las autoridades de competencia nacionales y europeas, a cambio, presuntamente, de mantener una paz social que dudamos que se consiga.

De entrada, la Consejería de Transportes ha abandonado la posibilidad de regular ambas modalidades, competidoras entre sí, en una misma norma bajo el principio “mismo mercado, mismas reglas”, procediendo a la redacción de dos proyectos de decretos diferentes, uno para taxis y otro para VTC.

Por otro lado, el proyecto normativo sobre VTC contiene medidas de intervención de precios que darán al traste con la positiva evolución de ingresos de los conductores de ambas modalidades, cuyos servicios son masivamente contratados mediante aplicaciones digitales como Bolt, Cabify, Freenow o Uber.

El nuevo Gobierno mantiene un sesgo intervencionista para ambas modalidades que colisiona con el relato público que hace de su labor

De hecho, la Comunidad en su proyecto para VTC pretende que “el precio de los servicios no podrá superar el 50 % sobre el precio base” en situaciones excepcionales de alta demanda, sin definir en la norma cuáles son esas situaciones y cuáles son esos precios base. Máxime cuando los precios, por principio general, son libres. De modo que la Comunidad de Madrid, bajo el paraguas de la excepcionalidad, acabará interviniendo los precios de un mercado libre, estableciendo un “precio base” cuya determinación, cálculo y desarrollo dejará en manos del consejero o funcionario de turno. Es decir, nuestros políticos, hasta los más auto declarados liberales, metiendo sus manos y sus intereses en un mercado libre, para establecer un control de precios por la puerta de atrás.

Además, esta medida, sin duda alguna acabará perjudicando al mercado y al servicio, pues desincentivará a los conductores de realizar el transporte a un precio menor del que podrán obtener en otro punto de la ciudad, donde precisamente no haya tan alta demanda, pero sí la suficiente, y por ende reducirá la oferta de transporte justo donde más se necesita. Esto, sencillamente, por ceder a las presiones de otros segmentos, que aún mantienen tarifas reguladas y que -quizá por eso mismo- desconocen cómo operan los mecanismos más básicos de la oferta y la demanda.

De modo que habrá que acostumbrarse a que cuando haya eventos masivos en Madrid, se sufrirá mayor deficiencia de transportes como hasta la fecha. Un error tan grave podría entenderse de políticos “zurdos”, como los denomina el liberal Javier Milei, pero sorprende que venga del Gobierno de Ayuso. Acuérdense cuando hagan colas eternas o renuncien a coger un taxi o una VTC a la salida de festivales, semana del orgullo o eventos similares.

Las autoridades que actualmente proponen esta regulación parecen desconocer postulados liberales, como que cualquier contención de precios que no surja de la auto regulación del mercado o por buenas prácticas de las plataformas digitales, invalidará el funcionamiento óptimo de la tecnología consistente en los sofisticados algoritmos on line de precio y detección de oferta y demanda de movilidad, retrotrayéndonos al viejo e ineficiente cuadro de tarifas rígidas pegadas en la ventanilla del vehículo.

En la misma línea se promueve en el proyecto de norma la regulación de los servicios compartidos o carpooling, de un modo que imposibilita su operación digital, al circunscribirlos a trayectos cerrados, impidiendo la prestación de un servicio moderno que conlleva un abaratamiento significativo de los costes de transporte para los madrileños, así como un incremento de la demanda de los servicios. Se frena, por tanto, el avance en la digitalización de los operadores de transporte, facilitando el acceso a un mayor número de usuarios, con una especial incidencia entre el público más joven, así como personas que realizan trayectos frecuentes, por ejemplo, para acudir al trabajo. Se restringe el potencial para reducir la congestión y la circulación en vacío de los vehículos, sin que existan razones técnicas o de seguridad jurídica que lo impidan.

La Comunidad de Madrid, bajo el paraguas de la excepcionalidad, acabará interviniendo los precios de un mercado libre

En lo referente a la congestión, a modo de referencia, la Dirección General de Tráfico estimó en un informe de 2016 que la congestión en Madrid suponía una pérdida de tiempo en carretera de 25 minutos al día, lo que suponía entonces un coste anual de 140 millones de euros. Un dato consistente con las estimaciones realizadas en otras partes del mundo, como la publicada en un estudio realizado por la consultora de tráfico INRIX en 2018, que estimó que los atascos suponen un coste de anual de 1.348$ por norteamericano.

En cuanto a la reducción del tiempo de circulación en vacío y el favorecimiento de la descarbonización, en concreto, un estudio publicado en 2020 por la Union of Concerned Scientists estimó que los viajes compartidos reducen las emisiones de CO2 en un 40% comparado con un viaje no compartido.

Pero todo esto se ve que no interesa. En el fondo, nuestros políticos, eluden conflictos y se pliegan a los deseos de las tradicionales radio emisoras de taxistas, que no han evolucionado tecnológicamente y ni usan algoritmos y geoposicionamiento activo y on line para detectar oferta y demanda respecto a la situación de la movilidad, pero que pueden convocar ruidosas manifestaciones.

Estas persiguen un cierto retorno a los años 90, en los que detentaban un contexto monopolístico de facto en los servicios previamente contratados. Su discurso consiste en que “como yo no puedo hacerlo, que no lo haga nadie”. Penoso se mire por donde se mire, y más aún si se proclama lo contrario de lo que luego se ejecuta. Si estos usos se extendieran a otros sectores, pronto nos veríamos reservando hoteles por teléfono, buscando restaurantes en las páginas amarillas, sentencias en los tomos de Aranzadi, o trabajo en los anuncios por palabras, etc.

En definitiva, el paquete normativo que ahora saca a trámite la Comunidad de Madrid implica que no sólo no se flexibilizan las tarifas de los taxis, con descuentos y corredores de precios, que permitan una asignación más eficiente de oferta y demanda, favoreciendo mayor ocupación de los vehículos y menor circulación en vacío, incrementando aún más sus ingresos; si no que, además. se establecen nuevas limitaciones y topes a los precios de las VTC que acarrearán desabastecimiento, peor calidad de servicio y quejas de los usuarios, lo que, visto de un modo sutil, también podría ser una conveniente apuesta por el resto de las modalidades de transporte urbano -todas públicas- al lastrar a las que mejor están funcionando hasta la fecha -privadas en su gestión-. ¿Esperamos a otra legislatura?

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.