El fin del ultimátum que Bruselas ha concedido a ocho estados miembros, incluida España, para que hagan públicos los cien mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation vence esta misma semana. Y sin querer poner coto a mi imaginación, lo reconozco, a mi mente ha acudido, como en la película antes citada, esa imagen de euforia y resaca de los ministros del Gobierno de España -en la entrada al palacio de La Moncloa- aplaudiendo, jaleando y lanzando vítores al presidente Pedro Sánchez tras el acuerdo que se alcanzó en el seno del Consejo Europeo en julio de 2020.

Fue un desenfreno casi obsceno, bueno, sin el casi. Ya todos sabemos las brillantes dotes en marketing y propaganda que tiene la maquinaria monclovita. Son los campeones de anuncios, fotos, gestos y autoelogios en todo lo que afecta a su gestión de gobierno, incluidos los Fondos Next Generation, por supuesto. 

Han pasado tres años de aquello y la pregunta es obligada: “Colega, ¿dónde está el dinero de los fondos europeos?” 

Algunos hemos ‘bombardeado’ con esto a la Vicepresidenta Económica del Gobierno durante la pasada legislatura en todas y cada una de sus comparecencias en la Comisión para la Unión Europea. Es la incógnita que, lamentablemente, todos los organismos y centros de estudios y de análisis económicos dibujan por la falta de transparencia. Una intriga ésta que, desde el Parlamento Europeo hasta la Comisión, se nos plantea. 

Ya todos sabemos las brillantes dotes en marketing y propaganda que tiene la maquinaria monclovita

Bruselas exige conocer a dónde ha ido el dinero que nos han dado. A quién se le ha dado, cómo se le ha dado y para qué se le ha dado. Es perentorio saberlo y una obligación adicional de transparencia que fue introducida -vía enmienda- en la elaboración del Reglamento de los fondos RePowerUE gracias al impulso de la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva.

España lleva meses de retraso, dando largas y poniendo excusas, para hacer público este listado de los beneficiarios del dinero europeo. “Estamos trabajando en esa lista”, fueron las últimas palabras de Nadia Calviño el pasado 20 de septiembre al ser preguntada de nuevo. “Estamos trabajando en ello” ¡todavía! cuando están esperándolo en Bruselas desde el mes de abril pasado.

Por supuesto que no somos los únicos rezagados, sólo faltaría, pero nuestro retraso es relevante teniendo en cuenta que somos el Estado miembro que tiene más dinero asignado a fondo perdido, es decir, que no tenemos que devolver. Más de 77.000 millones de euros. Y también lo es por una cuestión de ejemplaridad en la transparencia ya que España ostenta ahora mismo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Si ni con estas somos capaces de hacerlo, no sé cuándo. 

Si esta semana, como decía, no se cumple con Bruselas, se iniciará oficialmente la advertencia: la Comisión enviará una carta formal al Gobierno exigiendo hacerlo. Si aun así no se hace público ese listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos, se aplicará el Tratado de Funcionamiento de la UE – tal y como han anunciado los comisarios Gentiloni y Dombrovskis- iniciando un procedimiento de infracción (artículo 268 del TFUE) cuya multa fijará el Tribunal de Justicia Europeo. No deberíamos llegar a eso y confío en la responsabilidad del Gobierno de tener esta misma semana el requerido inventario. Porque como rezaba el eslogan de nuestro Plan de Recuperación: “España, puede”.

Si, como muchos sospechamos, ese rankinq acaban componiéndolo ministerios, empresas públicas y otros organismos de la Administración del Estado, el escándalo estaría servido. Aunque ese destino final de los fondos no está prohibido, y jurídicamente no tendría consecuencias, políticamente y a ojos de los países que pagan volvería la mala fama de incumplidores. Los fondos se crearon para tener un efecto multiplicador y un gran poder de transformación en el tejido productivo y las economías de los estados miembros y no para hacer una Administración más endogámica y metastásica.

Los fondos se crearon para tener un efecto multiplicador y un gran poder de transformación en el tejido productivo

Europa puso por primera vez desde su fundación toda la carne en el asador para la reconstrucción de las economías europeas diezmadas por la pandemia Covid-19: un paquete de 750.000 millones de euros -conocido como Next Generation UE- al que se sumaba, también por primera vez, el compromiso de endeudarse de forma conjunta para financiar las inversiones que transformarán la Unión durante la próxima década haciéndola más, sostenible, autosuficiente y digital. Más competitiva en un entorno global, finalmente. Una cosa histórica.

La preocupación es importante si, además, tenemos en cuenta que hace un par de semanas el Tribunal de Cuentas Europeo denunció que España está gastando el dinero de los fondos europeos del Plan de Recuperación para atender “gasto corriente” pese a que lo prohíbe expresamente el reglamento comunitario. El informe de los auditores europeos apunta no sólo a una mala práctica de España, sino que también alerta de que la Comisión Europea no ha puesto en marcha los sistemas efectivos de auditoria ex post una vez ha concedido los fondos.

Pero no se trata tanto de un problema de control – tengo fe en que algún día llegará a funcionar el CoFFEE, el sistema informático creado para volcar toda la información de los fondos que depende directamente del Ministerio de Maria Jesús Montero- sino de falta de transparencia que se traduce necesariamente en confianza. 

La cuestión no es baladí porque en juego está no sólo la credibilidad de los estados miembros sino también la del propio proyecto de integración europeo. Urge, pues, ser claros porque, aunque nos inflan a gráficos y tablas excel con variopintas columnas y líneas de distintos colores, la realidad es que, entre el dinero desembolsado, el dinero autorizado, el dinero comprometido, el dinero reconocido y el dinero pagado nadie sabe aún en qué se ha ejecutado. Y tenemos derecho a saberlo.