Esta nueva figura “pretende” agilizar los trámites de forma que las reclamaciones tengan un plazo máximo de resolución de 45 días hábiles. Además, contará con una contundente capacidad sancionadora pues las multas pueden suponer hasta un 2% de la cifra de negocio con un tope de 500.000 euros.

Solo se me ocurre una definición: extravagancia. Una ocurrencia en toda regla. ¿Tiene sentido asumir la titularidad pública de una función ya existente que solo requiere de más garantías y facilidades? ¿Pretende enmendar la plana a bancos o simplemente es una vía para dar empleo a nuevos funcionarios? Eso es precisamente lo que creo se pretende, ya saben la máxima de que un año electoral equivale a más gasto.

Para justificar las hasta 250 nuevas plazas que como mínimo se convocarán, el Gobierno obliga a que sean los bancos los que corran con el coste de toda esa pléyade funcionarial. Me pregunto qué harán con los cargos que ya están trabajando en esas funciones, pero eso es otra historia. La hipótesis con la que presupuesta su coste es que de media se harán 100.000 reclamaciones anuales por las cuales los bancos pagarán 250 euros. Eso resulta en un presupuesto de 25 millones de euros... ¡¡anuales!!

Banco de España admitió el año pasado 34.330 reclamaciones. CNMV por su parte 1.254. Y finalmente la DGS registró 11.818. El punto de partida por tanto es que el Gobierno “piensa” que las 47.402 reclamaciones interpuestas en 2021 se van a más que duplicar por no se sabe muy bien qué motivos. De no suceder eso, el coste de sostener 250 servidores públicos (unos 11.000.000 millones anuales) haría que la ADCF se asemeje más una ONG que una entidad auto sostenida. Vamos, como todas las entidades públicas desde Ministerios hasta corporaciones locales, gobierne quien gobierne.

El coste de sostener 250 servidores públicos haría que la ADCF se asemeje más una ONG que una entidad auto sostenida

Lo hilarante de todo no es que se sigan generando proyectos a pérdida, que insisto es una práctica habitual de las perversas mentes funcionariales, sino que busca además un nuevo escarnio público en los mandatarios y directivos bancarios. Esto es así porque las sanciones que se prevén a administradores y directivos pueden oscilar entre 5 y 10 veces las sanciones interpuestas como responsable subsidiario. Una declaración en toda regla.

No hay muchos argumentos mínimamente válidos para justificar el por qué la ADCF va a ser más resolutiva que los propios organismos de denuncia habilitados para cada sector. ¿Van a abandonar los bancos su habitual deficiente conducta o el abuso de comisiones y servicios por la existencia de una mayor amenaza pública?

El problema es que esta invención ni resuelve ni agiliza las quejas de los afectados. A título personal y profesional, no han sido pocas veces las que he hecho uso de estos canales de denuncia, especialmente el del Banco de España. Mi experiencia me permite afirmar que son desesperantemente lentos y muy poco efectivos. Puedo decirles que en el 100% de las veces he desistido de seguir adelante con las reclamaciones por esas circunstancias. No veo porqué con funcionarios públicos se va a enmendar y a mejorar el servicio sabiendo que la burocracia, lentitud y mala gestión hacen que se resuelvan muy pocas reclamaciones ante organismos públicos como la AEAT o el SEPE.

Pero esto es España. Un país con 30.000 euros de deuda pública per cápita y un déficit galopante que sigue sin entender que esa cifra no tiene premio por subir sino por bajar. Sin olvidar la guerra abierta e intervencionista que desde el ala extrema del Gobierno se ha emprendido contra la banca, a saber, impuestos, intervencionismo y regulación.