La ley que creará esta nueva figura verá la luz en los próximos meses.

La ley que creará esta nueva figura verá la luz en los próximos meses. Mathieu Stern, Unsplash.

Banca

Los clientes de banca que reclamen a la nueva Autoridad por falta de información y ganen recibirán hasta 2.000€

Tras pasar por audiencia pública, el proyecto de creación de la Autoridad del Cliente Financiero amplía las reclamaciones que se podrán presentar.

27 noviembre, 2022 02:29

Las reclamaciones que los clientes remitan a la nueva Autoridad del Cliente Financiero sin contenido económico (como quejas por falta de información, por que un banco rechace una petición de abrir una cuenta de pago básica...) sí tendrán compensación monetaria siempre que resulten favorables a los clientes. Y esta podrá llegar a los 2.000 euros, como fija el proyecto de ley de creación de esta nueva institución, que verá la luz en los próximos meses.

Más concretamente, el texto aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros contempla que la Autoridad podrá reconocer compensaciones económicas para aquellos clientes que realicen reclamaciones sin contenido económico, como pueden ser las referidas a falta de información por la entidad.

En estos casos, el proyecto habla de compensaciones de entre 100 y 2.000 euros para los clientes afectados en el caso de que se les dé la razón. El importe se fijará en función de la naturaleza, el alcance y las circunstancias particulares de la reclamación.

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Tras la fase de audiencia pública a la que fue sometido el proyecto de ley en la pasada primavera, el Gobierno ha introducido algunos cambios, entre los que se encuentra una ampliación del tipo de reclamaciones que se pueden presentar ante la Autoridad para incluir, precisamente, las quejas por falta de información o los incumplimientos de la autorregulación del sector -por ejemplo, al no cumplir los Códigos de Buenas Prácticas al que los bancos se adhieren voluntariamente-, como ya contó este periódico. Y no solo se podrán presentar estas quejas, sino que habrá compensaciones económicas en el caso de resoluciones favorables al cliente.

En cuanto a las reclamaciones que sí tengan un contenido económico, como una queja por el cobro indebido de una comisión, las compensaciones serán más sencillas de fijar. En las resoluciones vinculantes se establecerá la devolución del importe que no se debía haber cobrado más los intereses de demora.

El Gobierno elige al presidente

El proyecto para la puesta en marcha de esta nueva Autoridad ha vivido un camino tortuoso durante los últimos años. Y se va a aprobar con un considerable retraso, habida cuenta de que fue una directiva europea de 2013 traspuesta en 2017 la que obligaba a su creación.

La iniciativa ha pasado por los cajones de los tres últimos ministros de Economía (Luis de Guindos, Román Escolano y Nadia Calviño) y parece que esta vez, si nada lo impide, sí va a ponerse en marcha. El exministro Escolano llegó, incluso, a someter un texto a consulta pública, pero la tramitación (al igual que su cargo al frente la cartera económica) se frustró por la moción de censura de junio de 2018.

El exministro de Economía, Industria y Competitividad Román Escolano en una fotografía de archivo.

El exministro de Economía, Industria y Competitividad Román Escolano en una fotografía de archivo. E. E. E. E.

Ya en manos de Calviño, el texto ha tardado casi toda la legislatura en convertirse en realidad. Tras la fase de audiencia pública que pasó en mayo el texto, desde Economía han recopilado las inquietudes de los distintos implicados para dar luz verde a un proyecto en el que se han incluido varias modificaciones. Y, una vez que Economía recibió el informe del Consejo de Estado, el texto fue aprobado en Consejo de Ministros el martes pasado y ya está en trámite parlamentario.

El actual texto recoge que será, precisamente, el gabinete de ministros el que elegirá tanto al presidente como al vicepresidente de esta Autoridad. Sus cargos durarán seis años y no serán renovables.

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En cuanto a los niveles inferiores, se organizará en direcciones generales y secciones, que serán los órganos que resolverán las reclamaciones. Una "sección especial" se encargará de unificar criterios "para garantizar la homogeneidad" de los mismos.

Además, la Autoridad contará con un comité consultivo que dará asesoramiento y estará formado por el presidente, el vicepresidente y doce miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, las patronales bancarias y las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos académicos independientes con conocimientos en materia financiera. La Autoridad estará adscrita a Economía a pesar de que en el proyecto de ley se le dota de "autonomía e independencia funcional".

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Con todo, queda tiempo para que esta Autoridad se convierta en una realidad. Cuando llegue el momento, se financiará gracias a las tasas cobradas a la banca por las reclamaciones admitidas, que serán de 250 euros por queja.

Las resoluciones se resolverán en 90 días naturales, como mucho, y tendrán carácter vinculante cuando estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes, serán válidas como informes periciales en el caso de que el cliente decida iniciar un procedimiento judicial y necesite aportar esta prueba.

Los clientes podrán reclamar por actuaciones de entidades supervisadas por el Banco de España, pero también por fintech, plataformas de criptoactivos y entidades de préstamos al consumo que no lo estén. Las entidades que no cumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas.