De hecho, se explicita en la incapacidad de nuestros políticos de resolver una anomalía institucional sin precedentes: el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) desde hace más de cuatro años, cuyas diversas tentativas para el cambio han dejado ya toda una batería de bochornosas anécdotas para la hemeroteca de la historia democrática de España.

Los ciudadanos españoles asistimos impávidos, con una suerte de escepticismo y hastío generalizado, a este tipo de debates que copan horas y horas del espectro mediático y que, como suele ser habitual en la arena política, siempre devienen infructuosos.

La amalgama de razones y condiciones es amplia: (I) Avanzar hacia la plena despolitización de la Justicia y que los jueces sean elegidos por los jueces; (II) Exigencia de renuncia a determinadas medidas/propuestas (véase la reforma del delito de sedición en el Código Penal), o el mayor clásico de todos; (III) La falta de acuerdo en la composición y el reparto de colores por afinidad e ideología. Esto es, el mercadeo político por excelencia.

Sin embargo, más allá del show político desde las tribunas de Congreso y Senado, y desde los cuartes generales de los partidos políticos, lo cierto es que en el backstage las consecuencias y el impacto económico y social de este anquilosamiento institucional tienen un impacto notable y cuantificable en ciudadanos y empresas.

Como bien recuerda el libro La calidad de las instituciones en España (2018), extraordinaria obra editada por el Círculo de Empresarios, en colaboración con Transparencia Internacional, "el progreso y el bienestar de un país se encuentra íntimamente ligado a la calidad de sus instituciones. Sin calidad institucional y sin seguridad jurídica es imposible un desarrollo equilibrado de la economía y de la sociedad".

"En el 'backstage' las consecuencias y el impacto económico y social de este anquilosamiento institucional tienen un impacto notable"

Y es que, por desgracia, tras la reforma propuesta por el Gobierno de coalición PSOE-UP, aprobada en marzo de 2021, como respuesta a la inacción del PP, un CGPJ en funciones implica una limitación de prerrogativas.

Y más concretamente, la prohibición expresa de nombrar nuevos magistrados para relevar a aquellos que se jubilan o fallecen en altos tribunales tales como el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencia Provinciales y la Audiencia Nacional, lo que inequívocamente incrementa la carga de trabajo de los magistrados en activo, alarga los plazos de las sentencias y ahonda en el deterioro de nuestro sistema judicial, socavando su credibilidad y despiezando el pilar central de un Estado social y democrático de Derecho: el correcto funcionamiento de la Justicia.

 "El CGPJ estimó ya en 2021 unas 1.000 sentencias menos anuales debido a una situación calificada de 'insostenible"

En términos cuantitativos, el CGPJ estimó ya en 2021 unas 1.000 sentencias menos anuales debido a una situación calificada de "insostenible", con cerca de un 25% de los asientos del Supremo vacíos, con el consiguiente impacto en los procedimientos de admisión, enjuiciamiento y resolución.

Un vacío, el de la cúpula judicial, especialmente grave también por su importancia para sentar jurisprudencia y el efecto dominó que eso tiene en la actividad de las distintas jurisdicciones, en un país cuyo nivel de litigiosidad es, además, ligeramente superior a la media comunitaria.

Asimismo, la mejor práctica judicial, potenciando la seguridad jurídica y la estabilidad en el marco regulatorio, podría lograr un incremento de la tasa de entrada de emprendedores de entre un 5 y un 7%, o el incremento del tamaño medio de las empresas en España entre el 0,6 y el 2,8%, como bien explica el economista del Banco de España Juan S. Mora-Sanguinetti en su reciente obra La factura de la injusticia (2022, Tecnos).

"Un buen sistema judicial es un estímulo para el emprendimiento, para la atracción de empresas, para un mercado de vivienda más saludable y es un ingrediente esencial de una mejor productividad. Es decir, la única formula que puede generar crecimiento a la economía española en el largo plazo", dinamizador para la creación de riqueza, el empleo, la competitividad, la internacionalización de las empresas y los ingresos fiscales.

Mora-Sanguinetti también hace alusión al impacto que esa congestión judicial y debilidad en la seguridad jurídica tienen sobre el mercado inmobiliario, tan inaccesible estos días. En este sentido, apunta que "los cambios regulatorios y la ausencia de seguridad jurídica socavan la confianza de los arrendadores e implica que el mercado del alquiler pierda más de 3.000 viviendas en jurisdicciones especialmente tensionadas como Madrid o Barcelona".

Por desgracia, como se puede apreciar y suele ser habitual en este tipo de debates, más allá del cariz político e institucional, hay un demoledor trasfondo económico y social.

La ignominia del bloqueo del CGPJ, que ha despertado la indignación incluso en las más altas esferas de la Comisión Europea, es la muestra palmaria de una clase dirigente inoperante, vestigio de un bipartidismo tóxico, para quienes el "interés general", el "respeto institucional" y el "cumplimiento de la Constitución" dejaron de ser hace largo tiempo lugares comunes para convertirse en meros eslóganes vacíos carentes de significado. Pintan bastos.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.