La rebaja fiscal promovida por el gobierno de Pedro Sánchez es una clara respuesta de tinte electoralista a los primeros pasos dados en Madrid y Andalucía. Y lo es pues ni promueve la justicia fiscal ni la equidad contributiva. Entendamos el motivo.

La principal figura impositiva en España, al igual que en la Unión Europea (UE), son los impuestos indirectos que suponen casi el 40% de los ingresos tributarios. Si a esta carga le sumamos las cotizaciones sociales y sociedades, el porcentaje se eleva hasta el 70%.

La base de esa rebaja fiscal consiste en elevar el porcentaje de declarantes que quedan exentos de presentar IRPF y aumentar la reducción por rendimientos del trabajo. Ni se tocan tramos ni se tocan tipos.

Si a esto sumamos que se mantiene la no "deflactación" del impuesto sobre las rentas, contrariamente a lo que las comunidades han planteado, lo que se puede concluir es que efectivamente la presión fiscal se va a ver cuánto menos mantenida pero no disminuida.

La rebaja fiscal promovida por el gobierno de Pedro Sánchez es una clara respuesta de tinte electoralista a los primeros pasos dados en Madrid y Andalucía.

Pensemos en términos agregados. Lo que sostiene una economía es el consumo. Si todos los ciudadanos redujesen de forma coordinada su consumo, digamos un tercio, la economía se vería muy afectada. Si el porcentaje se elevase a la mitad quedaría totalmente paralizada. Y con ello la recaudación del estado.

Los ingresos se ven afectados ya que lo más sensible son los impuestos indirectos ligados al consumo (IVA). Posteriormente lo harían los indirectos ya que las rentas empezarían a verse afectadas como consecuencia del desempleo. Esto se une al impacto en el impuesto de sociedades y a una menor contribución de las empresas en forma de cotizaciones.

Por cada euro que se pierde por impuestos indirectos hay un diferimiento temporal de aproximadamente cincuenta céntimos en los impuestos directos. Por lo tanto, si la actividad cae como es ya constatable no se va a ver de forma inmediata en los ingresos del estado en, no olvidemos, un año electoral.

Pero ni los ciudadanos ni los empresarios son tontos. Saben perfectamente que el estado no promueve intereses altruistas en los ciudadanos sino en sus votantes. De ahí el carácter electoralista de la medida.

Si las cotizaciones sociales se dejan sin cambios, se mantiene una elevada carga fiscal en empresas y autónomos y, con una inflación del 10%, no se tocan los tipos impositivos, una exención en el número de declaraciones no alivia la presión fiscal en España ni incentiva el consumo.

Consumen menos los que menos rentas tienen, pero si se elevan los impuestos hacia arriba el efecto es peor. El maquillaje electoral plantea una "compensación" con un impuesto a las clases de más rentas con el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros. Ya sabemos la dirección que toman los ahorros de los más ricos cuando se les pide contribuir a una causa que no es suya.

Por cada euro que se pierde por impuestos indirectos hay un diferimiento temporal de aproximadamente cincuenta céntimos en los impuestos directos.

Si se empieza a sumar el dislate en materia fiscal este cuento ya sabemos cómo acaba. Primero se identifica un chivo expiatorio, que en esta ocasión han sido bancos y compañías energéticas. Y finalmente se recurre a los de siempre, a las rentas más altas.

Y por si hubiera dudas de que todo es una campaña orquestada para manipular la intención de voto han coronado la semana fantástica con una pueril propaganda financiada con los que pagan impuestos de forma que los que precisamente no tributan disfruten de nada menos que 400 euros para que se vayan de conciertos o compren videojuegos.

Vamos, que el gobierno les está dando la paga con el claro objetivo de que recuerden exactamente qué color tienen que elegir en las próximas elecciones. Lo dicho, ni rebaja ni alivio fiscal solo tomadura de pelo.